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P. MELÉNDREZ / D. ISGLEAS

La Justicia ya interrogó a más de una docena de oficiales de la Armada en el caso que indaga una presunta red de "compras fantasmas". La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que dos empresas proveedoras extranjeras no existen.

En un ambiente de estricta reserva, más de una docena de oficiales de la Armada -en su mayoría capitanes de navío- concurrieron entre el miércoles y ayer al juzgado especializado en crimen organizado ubicado en la calle Buenos Aires casi Brecha, donde fueron interrogados por la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero.

La magistradas indagan una presunta red de compras irregulares en la fuerza de mar. Por ahora, la investigación se centra en la adquisición de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600 mil. Ambos implementos figuran como adquiridos, pero no pudieron ser ubicados en ninguna dependencia de la Armada.

En virtud de la complejidad del caso y la gran cantidad de asuntos a estudio de la sede judicial, la jueza Gatti y la fiscal Ferrero han tomado declaraciones en horario matutino y vespertino. Incluso, por ese motivo, para la mañana de hoy sábado fue citado el ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, en cuya gestión se realizaron las compras más cuestionadas.

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, separó del cargo a cuatro capitanes de navío. Al menos dos de ellos -uno estuvo vinculado al área contable en la comandancia de Fernández Maggio y el otro, hasta la decisión de Rosadilla, ejercía funciones en el exterior- aparecen sumamente comprometidos en la maniobra.

Según supo El País, la jueza Gatti y la fiscal Ferrero cuentan con elementos que permiten deducir que las dos empresas extranjeras a las cuales se realizaron las compras de la grúa hidráulica por US$ 200 mil y el banco de prueba para motores por US$ 400 mil no existen.

En un caso, la compra fue registrada a nombre de una firma argentina que si bien es real, los datos aportados para el negocio "están cambiados". En tanto, la otra firma, de supuesto origen alemán, "no existe en ninguna parte del mundo", dijo una fuente del caso.

En los últimos días también declaró un civil vinculado a una empresa proveedora de la Armada que cobró un cheque a la fuerza de mar, pero luego entregó el dinero a dos oficiales.

"ARTIFICIAL". El lunes 26, el ministro Rosadilla adelantó en el Parlamento parte del informe oficial que la Armada elaboró sobre este incidente. Rosadilla dijo ante los legisladores de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras que en base a la investigación interna de la fuerza hay "muchísimos" oficiales navales, varios servicios y organismos de la Armada y "numerosos" civiles que estarían involucrados en las maniobras.

"Estamos ante una maniobra absolutamente artificial para apropiarse de fondos frescos inventando una operación de compra que nunca existió", declaró ese día el ministro, lo cual surge ahora respaldado por las actuaciones a cargo de la jueza Gatti.

Además de la separación del cargo de cuatro oficiales en actividad por su vinculación con estos hechos, Rosadilla adelantó que en los próximos días tomará nuevas medidas contra personal naval.

La organización tenía una "ingeniería bien planificada" para realizar la maniobra. "Desde el punto de vista formal (la operación) estuvo bien realizada: se generó la demanda, existía crédito, hubo llamado y participaron empresas", explicó en la comisión. Rosadilla confirmó que como todo estaba "absolutamente bien diseñado, pasó todas las pruebas que tuvo en el camino, incluso, el contralor del Tribunal de Cuentas".

La semana pasada, el actual jefe de la Armada, Óscar Debali, informó a decenas de oficiales de la fuerza que en caso de probarse el ilícito hará caer sobre responsables "todo el peso" de las normas internas porque su intención es "sanear" a la institución que, dijo, está más allá de estos hechos. Incluso, Debali adelantó que puso su cargo a disposición del presidente José Mujica, quien lo ratificó en el comando naval.

En relación con el manejo de las carpetas con investigación sobre los fondos de Naciones Unidas por parte de la Armada, Rosadilla dio otra noticia a los legisladores: envió parte de las actuaciones a la Dirección General Impositiva, dado que la investigación de la Armada constató que "varias empresas" que se presentaron a licitaciones en las Fuerzas Armadas emitieron boletas sin pagar tributos legales.

Una de las irregularidades que investiga la Justicia radica en la utilización de fondos presupuestales administrados por el Comando General de la Armada en la compra directa de distintos insumos relativos a la actividad de la fuerza naval, sobre los cuales no se ha podido constatar su existencia en los inventarios oficiales. Dos capitanes de los cuatro separados del cargo retiraron en su momento un total de US$ 600.000 del Banco República para la supuesta compra de un banco de prueba de motores y una grúa para el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) de la Armada. Por disposición judicial, la Policía inspeccionó el lugar y no halló el material supuestamente comprado.

Otra línea de acción seguida por la jueza Graciela Gatti establece que desde los años 2006 a 2009 varios oficiales de la Armada utilizaban de distinta forma dinero procedente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la participación de Uruguay en las misiones de paz fuera del país en supuestas compras que se hacían a proveedores privados. La ONU giraba el dinero directamente al Banco República a una cuenta que estaba a la orden de cada fuerza. El comandante en jefe de la época era el ordenador de gastos y para el manejo de ese dinero hacía confianza en los oficiales de las respectivas unidades encargadas de administrar los asuntos presupuestales.

Un tercer elemento en torno al cual el ministro Luis Rosadilla aún no decidió si se enviará a la Justicia, dada la complejidad del mismo, es el manejo de una cuenta bancaria del Ministerio de Defensa, a la orden del ministro respectivo. Lo detectado en la investigación establece que desde Montevideo se enviaba dinero de fondos de Naciones Unidas para pagar los alquileres de las viviendas de los agregados militares en el exterior. Esta cuenta era controlada por la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Sin embargo, no se sabe por qué parte de aquel dinero volvía desde el exterior y era depositado en otra cuenta bancaria sin control, que era administrada por el ministro de turno.