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DANIEL ISGLEAS

Más allá de las actuaciones de la Justicia ordinaria, el Ministerio de Defensa envió a la Justicia Militar el manejo de fondos de ONU y el mal uso de los vales de combustible en la Armada.

Una denuncia contra varios oficiales superiores de la Armada por "omisión del servicio", delito que está estipulado en el Código Penal Militar, fue presentada ayer por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, ante el Supremo Tribunal Militar (STM). La situación se configura a partir de la presunción de que en el manejo de los fondos procedentes de Naciones Unidas y en el uso ilegal de vales de combustible -caso por el que ya fue procesado el capitán de navío Álvaro Bacqué- ha habido delitos militares.

Anoche, luego de reunirse con la mesa ejecutiva del Partido Independiente, el ministro dio a conocer el resultado de una reunión mantenida ayer con el presidente del Tribunal Militar, el general retirado Julio Halty. Rosadilla trasladó al STM el resultado de las investigaciones administrativas de ambos casos, ya finalizadas por el Ministerio, pero aún no lo hizo con las compras ficticias de una grúa y un banco de prueba para motores porque recién anoche recibió el resultado de la investigación administrativa llevada a cabo dentro de la Armada por parte del contralmirante Leonardo Alonso.

Aunque anoche no había podido leer aún el expediente de la investigación, de unas 400 páginas, el ministro estimó que ese caso "va camino" a la Justicia Militar.

El Código Penal Militar, que data de 1943, y sus normas modificativas posteriores, definen al delito militar como el acto ilícito cometido por un uniformado tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

HONOR. El ministro Rosadilla indicó que en la tarde de ayer dio curso a un pedido de formación de Tribunal de Honor para el capitán Bacqué, procesado por la Justicia a raíz de un delito de "peculado" por una maniobra con vales de combustibles dentro del Ministerio.

Este pedido de Tribunal de Honor lo resolvió Rosadilla porque el oficial dependía de él al estar a cargo del departamento Financiero Contable del Ministerio de Defensa cuando cometió la maniobra.

PROVEEDORES. Hoy podrían continuar las investigaciones judiciales del caso de las compras ficticias en la Armada que se sigue en el juzgado penal a cargo de la magistrada Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero.

De acuerdo con lo informado por Montevideo.com, la jueza Gatti se dispone a cerrar el círculo en este caso interrogando a los empresarios proveedores de la Armada, a fin de conocer su presunto nivel de involucramiento en la operación irregular.

Hoy viernes, el encargado de Despacho del Comando de la Armada tras la renuncia de Óscar Debali, contralmirante Hu-go Viglietti, encabezará por primera vez en esa función un acto público de reconocimiento a personal subalterno por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI).

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, ordenó ayer instruir una investigación administrativa sobre las compras, contrataciones, remuneraciones a profesionales y manejo de dinero en general dentro del Hospital Militar. Esta decisión se basa en denuncias que se han ido presentando en distintos ámbitos de la cartera luego de destaparse la situación en la Armada. El martes 10, en una conferencia de prensa, el ministro adelantó que había sometido al análisis de la fiscalía del Ministerio de Defensa unas catorce carpetas conformadas a partir de denuncias que llegaron, una de las cuales es la que tiene que ver con el Hospital Militar. El centro asistencial, donde se atienden unas 300.000 personas entre militares activos y en retiro de las tres fuerzas armadas y sus respectivos familiares, es una unidad ejecutora que depende directamente del Ministerio de Defensa.