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PABLO MELÉNDREZ

La Fiscalía pidió ayer el procesamiento con prisión del ex comandante de la Armada Juan Fernández Maggio y otros tres oficiales por las "compras fantasmas". Otro prestó "cooperación" y se solicitó su enjuiciamiento pero sin prisión.

A primera hora de la tarde, la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero presentó en mano su extenso dictamen de 43 carillas ante la jueza Graciela Gatti, con quien investiga desde mayo la existencia de maniobras en la Armada a través de la realización de compras ficticias, tras la presentación de una denuncia anónima en la Fiscalía.

Concretamente, la indagatoria se centra en la simulación de dos compras en 2008 y que tuvieron que ver con la supuesta adquisición de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000. Ambos implementos figuraban como comprados, pero nunca ingresaron a la fuerza de mar.

La fiscal concluyó que la responsabilidad por lo ocurrido recayó en el ex comandante Juan Fernández Maggio y en los oficiales en actividad Gerardo Feble (ex director de Logística); Danilo Damonte (ex responsable de Planeamiento y Presupuesto Naval); Alberto Márquez (director del Servicio de Aprovisionamiento de la Armada), y Pablo Da Costa (quien presta servicios en la Dirección General de Material Naval).

Ferrero pidió que todos sean imputados por dos delitos de "fraude", salvo Feble a quien además de ese ilícito la fiscal solicitó que también sea enjuiciado por "falsificación ideológica por un funcionario público", según consta en el dictamen de la representante del Ministerio Público, al cual tuvo acceso El País.

En el caso de Damonte, Ferrero solicitó que sea procesado sin prisión y aplicándole medidas alternativas como el arresto domiciliario o trabajo comunitario "teniendo en cuenta su cooperación en los hechos investigados y las razones de salud personales y familiares planteadas".

El abogado de Damonte, Miguel Langón, se negó a informar si su cliente llegó a un acuerdo con la fiscal para tener una sanción menos severa a cambio de brindar información, como lo prevé la Ley Antilavado de junio de 2009.

Damonte, "si tuvo responsabilidad es muy poca, pero en cuanto a si llegó a un acuerdo con la Fiscalía no voy a decir ni que sí ni que no", expresó Langón anoche a El País.

Todos los oficiales investigados declararán el jueves ante la jueza Gatti, quien les notificará personalmente la solicitud de la fiscal. En esa audiencia las defensas tendrán la posibilidad de pedir más pruebas, pero la magistrada también podría resolver si hace o no lugar a los procesamientos ese mismo día, indicaron ayer los abogados de Fernández Maggio, Amadeo Otatti y Mario Spangenberg.

"Mancomunados". Para la fiscal, durante la investigación se probó "con holgura" que en la Armada "se desafectaron rubros o créditos presupuestales con la finalidad de ser gastados en el ejercicio 2008 en otros legalmente establecidos, y para utilizar dichos créditos se falsearon compras supuestamente verdaderas utilizando documentación falsa...".

"En la ilegalidad del accionar mancomunado de todos los partícipes, unos se han tratado de amparar en la obediencia debida, y otros, en que el dinero se gastó dentro de la misma dependencia de donde salió", dice Ferrero, quien pidió que los oficiales sean embargados por un total de US$ 600.000.

En cuanto a la responsabilidad de Fernández Maggio, Ferrero sostiene que el ex comandante "no puede alegar" que desconocía las supuestas compras, ya que él fue quien gestionó ante el Banco Hipotecario un acuerdo para postergar un pago de $ 9.000.000 por un año.

De esa forma, Fernández Maggio -quien al declarar en el juzgado dijo desconocer los hechos- "dio mérito al desarrollo del trámite falso posterior de las dos compras y la obtención del dinero ilícito que él mismo luego controló su gasto", sostiene la Fiscalía.

Respecto a la responsabilidad de Feble, Ferrero sostiene que generó las "adquisiciones desde su unidad sabiendo que las mismas no eran reales y firmó la documentación falsa de solicitud de una mercadería cuya necesidad era falsa". Agrega que Feble "admitió abiertamente que recibió dinero en forma irregular y que llevaba en su división una contabilidad paralela o en negro".

En relación a Damonte, la fiscal sostiene que "engañó a la administración" ya que fue él quien hizo las gestiones ante el BHU para cubrir "necesidades presupuestales inexistentes". Además, Damonte se llevó a su casa documentos de la Oficina de Presupuesto Naval.

Da Costa, en tanto, intervino directamente en el cobro de las supuestas compras intentando involucrar a otro oficial y a un proveedor de la Armada, explica el dictamen de la fiscal.

Finalmente, en cuanto a Márquez, Ferrero sostiene que en su condición de director de Aprovisionamiento, "era el responsable directo" de los pagos. Además, autorizó ambas supuestas compras y efectuó los pagos "sin que la mercadería ingresara realmente a la Armada", concluye la fiscal Ferrero.

Juan Fernández Maggio asumió como comandante de la Armada el 1° de febrero de 2006, tras haber sido designado a fines del año anterior por el entonces presidente Tabaré Vázquez para sustituir en el cargo a Tabaré Daners. Hasta ese momento, se desempeñaba como Prefecto Nacional Naval. Nacido en Montevideo el 15 de septiembre de 1947, Fernández Maggio ingresó a la Escuela Naval en febrero de 1964. Egresó en diciembre de 1968 con el grado de oficial. Así, inició su carrera en la que tuvo distintos destinos en la fuerza, como por ejemplo agregado naval en Estados Unidos y docente de la Escuela Naval. En febrero de 2010 pasó a retiro con el grado de almirante, dejando el cargo a Óscar Debali, quien renunció la semana pasada.

La fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero pidió a la jueza Graciela Gatti la citación del empresario Daniel Trocki, para interrogarlo sobre su presunta vinculación con la maniobra de simulación de compras en la Armada.

Daniel Trocki, junto a su hermano Gustavo, son dos de los principales proveedores de la fuerza de mar. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que una cuenta existente en la filial de Nueva York del banco Hapoalim que está a nombre del primero de ellos fue asociada a la empresa "fantasma" de supuesto origen alemán llamada SWWK Motoreng con la cual la Armada simuló en 2008 la compra de un banco de prueba para motores por un total de US$ 400.000.

Además, los hermanos Trocki, en 2007, oficiaron como intermediarios en la venta a la Armada de 16 lanchas patrulleras por US$ 6.200.000, que se encuentran actualmente en Haití al servicio de la misión de la ONU.

Esa compra, realizada a una empresa de Estados Unidos, fue cuestionada a nivel político al afirmarse que la Armada pagó sobreprecios por las unidades y descartó otras lanchas de mejor calidad y a menor precio ofrecidas por una empresa rusa.

Ayer, el diario La República, informó que los hermanos Trocki y sus familias "huyeron" a Israel a principios de agosto. En el caso de Gustavo, se trasladó primero a Estados Unidos para luego volar rumbo a Israel, según el matutino.

En tanto, la DGI inició "a toda celeridad" la investigación en torno a 14 empresas vinculadas con las maniobras en la Armada, dijo el director de Rentas, Pablo Ferreri.