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DANIEL ISGLEAS

Los ministros de Defensa e Interior no revelaron en el Parlamento qué está investigando en sus carteras el coordinador nacional de Inteligencia del Estado. No antes de un año una ley regulará sus potestades.

"No sabemos ni debemos saber" qué investiga, admitió el titular de Defensa, Luis Rosadilla. Su colega de Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que el coordinador le preguntó por la seguridad en la Torre Ejecutiva y por otro tema que mantuvo en reserva.

Ambos ministros comparecieron ayer ante la comisión de Constitución de la Cámara de Representantes, a pedido del nacionalista Javier García, pa- ra informar sobre el alcance de las potestades del coordinador Augusto Gregori, un ex integrante del MLN-T de extrema confianza del presidente José Mujica.

Desde que asumió el cargo, hace ya algunos meses, Gregori coordina doce servicios de inteligencia estatales, pero sin contralor parlamentario. Responde exclusivamente a Mujica.

El cargo había sido creado en 2005 por el gobierno del entonces presidente Tabaré Váz-quez, pero recién fue provisto en esta administración.

En junio, Mujica impulsó un decreto que establece que los organismos de inteligencia del Estado quedan "especialmente obligados" a suministrar información al coordinador del servicio. Esos organismos son la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa, la Dirección de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Aduanas, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, los departamentos de inteligencia de los Estados Mayores y órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y, en general, las direcciones, departamentos y unidades o cualquier dependencia estatal que realice tareas de inteligencia.

Además, el decreto establece que en ningún caso las facultades del coordinador podrán ser utilizadas para tareas "represivas, compulsivas, ni funciones de investigación criminal". Tampoco podrá influir en la situación "institucional, política, militar, policial, social o económica" del país, ni en su política exterior, "ni en la vida interna de los partidos políticos, o en los medios de difusión". La tarea de esta figura será, según determinó el Poder Ejecutivo, "útil para la toma de decisiones a nivel gubernamental".

UN ZAR. Pero los legisladores de la oposición reclaman más precisión en los cometidos y potestades, según le plantearon nuevamente ayer a los ministros Rosadilla y Bonomi en la comisión.

Los ministros explicaron que pese a estos reclamos, su actividad seguirá bajo los actuales parámetros porque las funciones del coordinador estarán delimitadas con precisión en la nueva ley de Inteligencia que, seguramente, no llegará al Parlamento antes de un año.

"En los hechos, (Gregori) trabaja con toda la información de los servicios de inteligencia que actúan hoy. Eso no es ser coordinador, sino ser titular de un nuevo servicio", sostuvo en la reunión el diputado García.

La definición que el diputado dio en la comisión es que Gregori es "un zar" de los servicios de inteligencia, dijeron a El País participantes del encuentro en el Parlamento.

Según advirtió García en la comisión, el manejo que hace el gobierno "es preocupante" porque puede afectar "los derechos y garantías individuales" de los ciudadanos.

PODER PARALELO. Incluso, el legislador advirtió que junto con la idea de un delegado presidencial en los departamentos y la iniciativa para crear un ministerio de la Presidencia -por ahora suspendida-, la creación de esta función de coordinador de Inteligencia del Estado completa "una figura que podría derivar en una estructura de poder paralelo no republicano".

Uno de los momentos de mayor tensión durante la reunión se produjo cuando García preguntó a ambos ministros qué les pidió Gregori desde que está al frente del cargo.

Bonomi respondió que le solicitó información sobre la seguridad de la Torre Ejecutiva, el edificio de la Presidencia, y otra más que no reveló. "Si hubiera una ley vigente, tampoco diría qué me pidió", aclaró Bonomi. Rosadilla afirmó a su turno que "no sabemos qué está haciendo esta persona, ni lo debemos saber", indicaron los informantes.

García respondió que "es gravísimo" que un ministro reconozca que le negaría información al Parlamento aun cuando una ley lo obligara.

"Lo grave no es que estemos frente a un coordinador, sino que se demuestra que el decreto creó un nuevo servicio de inteligencia que funciona con la información de todos los que existen hoy", subrayó el diputado nacionalista.

A iniciativa del diputado colorado José Amy, que preside la comisión de Defensa de Diputados, se estudia un proyecto de ley para crear un ámbito bicameral que reciba informes del coordinador de Inteligencia.

Según esta iniciativa, la comisión se integrará con los miembros de las co- misiones de Defensa y "supervisará mensualmente" al coordinador.

El proyecto establece que el coordinador de Inteligencia "deberá estar abierto" a una eventual investigación judicial. Amy dijo ayer en la comisión que no comparte el contenido del decreto que lo designó porque no es preciso.

Los ministros de Defensa e Interior comparten que debe haber un control sobre la actividad del coordinador.

El diputado frenteamplista Jorge Orrico defendió la función de Augusto Gregori al afirmar en la comisión que si no hubiera coordinador "cada departamento (de inteligencia) haría lo que le parece".

También en la reunión de ayer, el diputado nacionalista Gustavo Borsari dijo que "es imprescindible" la aprobación de una ley sobre esta actividad. "Los desbordes de estos servicios, que son moneda corriente en dictaduras, son también muy corrientes en democracia", advirtió.