1/1:  20100828 800x600 ()

SEBATIÁN CABRERA

La bancada del Partido Nacional prepara un proyecto de ley para agravar las penas a menores, mantener los antecedentes una vez que cumplan 18 años y crear un instituto de rehabilitación. Su contenido ya fue acordado entre Lacalle y Larrañaga.

Tras el recordado abrazo del 28 de junio de 2009 en la sede del Directorio del Partido Nacional, uno de los primeros temas que debieron resolver Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga fue la postura a presentar al electorado nacional respecto a la minoridad infractora.

El entonces candidato a presidente de la República era partidario de una rebaja lisa y llana en la edad de imputabilidad, pero debió negociar con su compañero de fórmula una postura intermedia.

Esa fórmula incluía elevar de cinco a diez años la pena máxima de privación de libertad para los menores de 16 a 18 años que cometen delitos tipificados como gravísimos en el Código de la Niñez y la Adolescencia (homicidio, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes, además de la tentativa de homicidio, privación de libertad y secuestro), pero siempre bajo la Justicia de Menores.

Esa medida, que agrava la responsabilidad penal para los menores, también se incluye en el proyecto de ley sobre seguridad pública que prepara desde hace un par de semanas el Partido Nacional a sugerencia de Larrañaga y con medidas propuestas por los diputados de Unidad Nacional (UNA) Luis Lacalle Pou y Gustavo Borsari y por el senador de Alianza Nacional Carlos Moreira.

"Ya lo hablé con Lacalle y me dijo que está conteste en promover en el Poder Legislativo lo que acordamos para el programa de gobierno", dijo Larrañaga, presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional.

Una segunda medida que planteará el proyecto nacionalista es "generalizar" la penalización de la tentativa, coautoría y complicidad en los delitos "gravísimos" cometidos por menores, lo cual hoy no se aplica en todos los casos.

REUNIÓN. La tercera medida es una propuesta que el diputado Lacalle Pou promueve desde el año 2006: que los antecedentes judiciales de los menores infractores no se eliminen una vez que la persona cumpla la mayoría de edad.

Aunque Lacalle Pou ya presentó el proyecto en forma aislada, esta idea será incluida en la iniciativa sobre seguridad pública que planteará el Partido Nacional, explicó Larrañaga. De hecho, Lacalle Pou y los otros dos diputados del sector Aire Fresco, Álvaro Delgado y Amin Niffouri, se reunirán mañana lunes con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, José Chediak, que dijo a El País que es partidario de mantener los legajos de los menores.

Lacalle Pou quiere eliminar el segundo párrafo del artículo 222 del Código de la Niñez, donde se indica que "los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir 18 años o al cese de la medida".

El diputado blanco plantea que esos antecedentes no se destruyan, sino que "queden en custodia y solo puedan ser utilizados si la persona comete un delito luego de los 18 años". Larrañaga llamó a Lacalle Pou hace dos semanas para hablar del tema. El diputado se mostró dispuesto a trabajar en conjunto "si no se desdibuja ni se desmerece el tema específico de los antecedentes de menores".

Lacalle Pou quiere que Chediak le cuente "cuál es la situación de los jueces cuando se encuentran con mayores de edad con un pasado delictivo, el cual no se conoce a ciencia cierta porque los antecedentes se destruyeron". Y adelantó: "Creemos que se les complica emitir una sentencia cuando no tienen todos los elementos a mano. Hay que seguir creando conciencia y hablando con aquellas personas importantes a nivel de seguridad y Justicia, respecto a que es urgente la modificación del artículo 222 del Código del Niño".

El ministro Eduardo Bonomi se mostró a favor de la idea de Lacalle Pou y así lo dijo en una reunión con los diputados de Aire Fresco semanas atrás.

Sin embargo, el Frente Amplio desechó la idea y entonces no se tomarán en cuenta los antecedentes de los menores una vez que cumplan 18 años. "Lamentablemente el Frente Amplio desautorizó al ministro", dijo Lacalle Pou.

El proyecto de ley sobre seguridad pública que discute el Partido Nacional, y que será presentado al Parlamento en los próximos días, también incluye una propuesta del diputado herrerista Gustavo Borsari: la reclusión de los menores infractores en el futuro Instituto Nacional de Rehabilitación Adolescente, que tendría dos áreas diferenciadas.

La primera de ellas sería de menor rigor, para la rehabilitación de los menores. La segunda área tendría mayores medidas de seguridad, además de las tareas de rehabilitación. "La idea es limitar las fugas. Por eso, quienes se fuguen de la primera área no podrán volver a ella. Además estarán separados los menores de los mayores de edad y planteamos incorporar el trabajo personal especializado para impedir el desarrollo de carreras delictivas", indicó Larrañaga.

Los blancos quieren que se mantenga el actual Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) como especializado en niños y adolescentes no infractores, que "son la enorme mayoría".

estánDARES. La ONU promueve un régimen penal especial para los menores desde una edad no menor a los 12 años hasta los 18 años, pero siempre con el norte de que la privación sea excepcional.

En Uruguay, el sistema para los adolescentes de 13 a 18 años tiene una pena máxima de cinco años de reclusión, que los blancos plantean elevar a diez años. Esa pena es muy cercana a los estándares del Comité de Derecho del Niño.

En Argentina no existe un criterio de mínimo y máximo para la reclusión de menores y es el único país en América Latina con menores condenados a cadena perpetua.

En Chile, en tanto, el sistema penal juvenil establece una pena máxima de quince años, lo cual fue observado por el Comité de Derechos del Niño.

En Brasil existe el Estatuto de la Crianca, que no fija plazos determinados de privación de libertad pero sí establece un máximo de tres años. Según algunos especialistas, el sistema brasileño tiene los componentes de los estándares de la Convención sobre Derechos del Niño, puesto que la privación de libertad es excepcional y por el menor tiempo.

Jorge Larrañaga

Senador alianza nacional

"Aspiramos a que todo el Partido Nacional presente un proyecto de ley que implicará el agravamiento de la responsabilidad penal para los adolescentes infractores, aunque no una rebaja en la edad de imputabilidad".

Luis Lacalle Pou

Diputado aire fresco

"No me cierro a estas exploraciones, menos con un correligionario como Larrañaga. Pero siempre que no se desdibuje ni se desmerezca el tema de los antecedentes. Si no cambiamos el artículo 222, no hay ley que valga".