Hernán Sorhuet Gelós

En cierto sentido la internacionalización del conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia/UPM, contribuyó a aumentar la conciencia ambiental en el sector político y ciudadano de ambos países.

Hasta ahora las buenas intenciones -infaltables en toda retórica proveniente de los diferentes sectores tomadores de decisiones- se diluían a la hora de realizar o exigir acciones concretas.

Por eso llama mucho la atención lo ocurrido hace unos días en la vecina orilla. El juez federal Luis Armella dictó una sorprendente sentencia, tan ajustada a derecho como impactante.

Le aplicó una sanción de índole pecuniaria a las máximas autoridades ambientales, encargadas de la planificación y el planeamiento urbano, del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad de Buenos Aires, así como a 14 intendentes de los municipios involucrados en la cuenca Matanza-Riachuelo y al titular de la empresa CEAMSE responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La mencionada cuenca es la más contaminada y degradada del país hermano, y afecta directamente la salud de miles de personas.

En julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de Argentina le ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que cumpla con el programa establecido para concretar la recuperación ambiental de ese ecosistema, y dispuso que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también son igualmente responsables en modo concurrente con la ejecución del programa.

Fijó competencia a un juzgado federal para el seguimiento del asunto, y lo facultó para decidir el valor de las multas diarias derivadas de los incumplimientos, "con la suficiente entidad como para que tenga valor disuasivo de las conductas reticentes."

ACUMAR no cumplió, y el magistrado Armella le aplicó una multa de 4 mil pesos argentinos (unos mil dólares) al Secretario del Ambiente, Homero Bibiloni (titular de la ACUMAR), por cada día de incumplimiento de la orden impartida que se constate; y 3 mil a cada uno de los demás miembros.

Aclara que esos dineros deberán ser abonados de sus propios peculios.

Esta ejemplarizante decisión no busca sancionar a las autoridades responsables del sector oficial, sino a vencer la resistencia a cumplir con estos mandatos de la Justicia.

Qué jerarca gubernamental no se tomará en serio sus responsabilidades si pueden llegar a afectarle su patrimonio personal.

Podría ser el punto de partida para sanear el área más degradada de Argentina. Con esta contundente sanción por incumplimiento de órdenes judiciales, se fortaleció la defensa de los derechos ambientales de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial está enviando a las autoridades de gobierno y empresarios privados que operan en la zona, un mensaje claro y firme: hay que respetar el marco legal de protección ambiental vigente, o atenerse a las consecuencias.