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JOSÉ L. AGUIAR

Las deudas de Ancap con Venezuela; los "vicios burocráticos" de Antel, y los costos de generación de energía que dispararon las tarifas de UTE en los últimos años, son las sombras que advierten los nuevos directores de oposición en los entes públicos.

"Al asumir en el Directorio hace un mes y medio, encontramos que la deuda que mantiene Ancap con Pdvsa, por la financiación de las compras de petróleo, anda por los 700 millones de dólares", afirmó Juan Justo Amaro, representante del Partido Colorado.

Amaro Cedrés y el nacionalista Carlos Camy son los dos integrantes de la oposición en esa empresa estatal, y ambos han acordado que no acompañarán eventuales compras de petróleo a Venezuela que no sean al contado.

"El peso de la deuda, que ronda el 50% del patrimonio de Ancap, no presenta hoy dificultades al organismo, pero no debe seguir creciendo", sostuvo Amaro, quien admite que el acuerdo con Venezuela ha sido beneficioso, pero que no debe "comprometer la independencia energética" del país.

Después de un paréntesis de cinco años, en el que la oposición no integró los directorios de las empresas públicas, Amaro afirma haber encontrado "una buena situación" en un ente que está embarcado "en un proceso importante de inversiones y proyectos".

Destacó tres emprendimientos para este período: la construcción de la planta de regasificación, que supone para el ente una inversión de 6 millones de dólares y se espera culminar en 2012; la planta desulfurizadora, que permitirá dar un salto en la calidad del combustible uruguayo al eliminar el elevado contenido de azufre, y el proyecto para instalar una empresa de cemento en Treinta y Tres, apuntando al mercado brasileño.

Entre los aspectos negativos, además de la mencionada deuda con Pdvsa, Amaro señala las pérdidas que ha generado la empresa de estaciones de servicio en Argentina.

"Ancap aún mantiene con el sello 110 de las 200 estaciones de servicio originales, y hay que encontrar una solución para desprenderse de ellas", afirma Amaro.

El director colorado atribuyó las pérdidas a "la mala política" del gobierno argentino al fijar los precios de venta de combustible, lo que ha convertido a ese tramo de la cadena de negocio en "absolutamente deficitario" para todas las empresas.

COMPETENCIA. De las empresas monopólicas uruguayas, Antel es la que enfrenta en los hechos el reto mayor al desenvolverse en un mercado de alta competencia.

El colorado Carlos Guariglia, único representante de la oposición en la empresa de telecomunicaciones, ha advertido desde su llegada al Directorio "una gran profesionalidad de los técnicos y de todo su personal", quienes a su juicio se encuentran "identificados con la misión y visión de la empresa".

Como aspectos negativos resaltó la "gran rigidez en el proceso de toma de decisiones, que conspira con la situación de competencia en que se encuentra el ente".

Guariglia entiende que para competir con los operadores internacionales "se requieren decisiones y acciones rápidas, y Antel no siempre puede hacerlo, lamentablemente, porque en el fondo acarrea los vicios burocráticos del Estado".

El área de los servicios de comunicación registra notables innovaciones en cortos períodos y el desafío de Antel es incorporarlos al mercado a precios competitivos. Las decisiones no siempre se toman en los tiempos adecuados.

Por ejemplo, el denominado Plan Cardales (para proveer telefonía, acceso a Internet y televisión interactiva a los hogares, todo en un mismo paquete) "es un tema que está a estudio", al igual que la apertura del mercado a nuevos operadores en el Plan Ceibal.

Uno de los obstáculos que han retrasado una definición sobre estos temas es la oposición del sindicato de funcionarios de Antel; pero Guariglia advierte que "nos encontramos ante una realidad y es que toda la transmisión de voz se encuentra en régimen de competencia, con empresas multinacionales que no tienen las rigideces de Antel".

El director colorado entiende que "no es malo estar en régimen de competencia, sino todo lo contrario, porque el gran beneficiario es el cliente".

En efecto, en los últimos cinco años, y debido en parte a esa competencia, las tarifas de Antel son las únicas que han bajado (-5,57% en el período) al tiempo que se ampliaron y mejoraron las ofertas.

DESAFÍOS. El nacionalista Enrique Antía y el colorado Juan Garchitorena integran por la oposición el Directorio de UTE, quizás el ente que encara los mayores desafíos y millonarias inversiones.

"El monto total para el período 2011-1025 es de 3.223 millones de dólares, y casi la mitad es exclusiva de UTE", señaló Garchitorena.

Las metas centrales del plan quinquenal, que el director de la oposición comparte, son "diversificar la matriz energética nacional, mejorar la calidad del servicio, en especial en la zona norte del país, y tener la posibilidad, a largo plazo, de operar como corredor energético entre Brasil y Argentina".

Garchitorena, sin embargo, advierte que "en los primeros años del quinquenio puede existir cierta vulnerabilidad debido a que UTE no realizará las inversiones en potencia firme en el corto plazo".

"Ello podría traer complicaciones en un escenario de escasez hídrica" como el que se prevé, al menos para este año.

Las tarifas de UTE son las que más se han disparado en los últimos cinco años. Juan Garchitorena, que integra el Directorio del ente, estima que podría reducirse el precio al consumo "abatiendo sustancialmente las pérdidas no técnicas, cuidando el costo de generación y transparentando las políticas de subsidios".

Entre los meses de enero de 2005 y de 2010, las tarifas de UTE se incrementaron en 83,55%, mientras que la inflación del período apenas superó el 40%.

OSE registró un aumento de 31,64% y el precio de la nafta super -que sufrió varias oscilaciones en el período- registró al final del quinquenio un incremento de 13,33%. Las tarifas de Antel fueron las únicas que descendieron: 5,57% en cinco años.

Garchitorena afirma que el consumo de energía que no se registra (clientes "colgados" a la red, en su mayoría de hogares carenciados) supone para el ente pérdidas anuales de 90 millones de dólares.

"Pero básicamente, las tarifas se han disparado por el aumento en los costos de generación, que es lo que más pesa", afirma.

"La solución pasa por obtener costos de generación razonables, sin perjuicio de que también deberían transparentarse las transferencias para que no sean soportadas sólo por la tarifas".