E. DELGADO / P. MELÉNDREZ
Los juzgados de crimen organizado tienen una "avalancha" de casos que se iniciaron por datos o documentos que llegaron a los jueces o fiscales de forma anónima. Las investigaciones buscan primero chequear que "no se trata de bolazos".
El expediente judicial en el que fueron procesados cuatro oficiales de la Armada (incluido el ex comandante Juan Fernández Maggio) por la existencia de "compras fantasmas" en esa fuerza, comenzó por dos denuncias anónimas que recibió la fiscal del crimen organizado Mónica Ferrero.
Primero fue un sobre entregado en la oficina de Ferrero por una persona que no se identificó. Poco después otro sobre anónimo fue dejado en la casa del Prado donde funcionarán los juzgados y fiscalías en crimen organizado.
La veracidad de la información contenida en ambas denuncias anónimas fue corroborada en la investigación judicial que se transformó en el caso de corrupción más trascendente que involucra a las Fuerzas Armadas y que derivó en otros presumarios en trámite.
El caso que indaga a la empresa Apliser S.A. por la exportación de libros a Venezuela por montos exorbitantes tuvo su inicio en un sobre sin remitente que llegó al despacho de la jueza Graciela Gatti.
Esas investigaciones -una que ya tiene procesados y la otra que todavía se encuentra en trámite- son dos ejemplos de una modalidad que ha ido en aumento en el último tiempo, y que implica poner en conocimiento de un juez o un fiscal un presunto hecho delictivo.
Cuando llega una denuncia de este tipo, "lo primero que se hace es chequear mínimamente que la información que plantea corresponde con la realidad, porque tampoco se puede seguir cualquier bolazo", explicó a El País el fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, quien tramita junto a la jueza Graciela Gatti el caso de Apliser S.A y también otro expediente sobre corrupción policial que se inició gracias a información anónima.
Gatti, por su parte, indicó que hay expedientes de diverso tipo que comenzaron gracias a información aportada por un denunciante desconocido.
La jueza dijo que años atrás, la existencia de denuncias de este tipo "no era tan normal", sino que se acentuó a partir de 2009, con la creación de las sedes especializadas en crimen organizado, una de las cuales es dirigida por ella, y la otra por su colega Jorge Díaz.
Gatti resaltó la importancia de verificar los datos primarios que fueron aportados anónimamente. "Tampoco podemos investigar cualquier cosa, porque puede ser una buena manera de saturarnos", acotó.
Díaz, en tanto, sostuvo que en los últimos meses se ha registrado "una avalancha" de casos donde por un mensaje anónimo se da cuenta de un presunto delito.
"Desde el caso de la Armada han empezado a llover anónimos, y en la medida que se obtienen resultados, la gente se anima más", aseguró.
El magistrado tiene "varios" expedientes en trámite, pero se excusó de brindar detalles por la reserva propia de las investigaciones.
Por su parte, para la fiscal Mónica Ferrero, las denuncias anónimas son "un medio valido, en la medida que se corrobore si existe el hecho y las personas. Si no se descarta".
RESPONSABILIDAD. La legislación vigente no establece ningún tipo de regulación sobre cómo deben actuar los jueces y fiscales que reciben información de aparentes hechos delictivos a través de un mensaje anónimo.
"Cuando un juez inicia una investigación en base a información anónima, los perjuicios que pueda causar esa investigación son de su expresa responsabilidad", dijo Gatti.
Una opción que siempre está latente es que una persona denuncie anónimamente sin fundamento alguno o con la intención de calumniar a alguien. Por eso, si se confirma que se aportaron elementos falsos, cabe la posibilidad de intentar ubicar al remitente para indagar si su conducta fue delictiva.
También puede ocurrir que se crea que un denunciante anónimo tiene más pruebas de las que aportó, y por ello se intenta establecer su identidad para que declare como testigo, bajo el compromiso de mantener en reserva su identidad. Actualmente, uno de los casos que tramita Gatti, se encuentra en esa etapa.
La percepción de los consultados es que este fenómeno del camino sigiloso y directo al juez vino para quedarse.
Casos de cierre de "bocas"
Si bien las denuncias anónimas son un fenómeno que se registra principalmente en los juzgados de crimen organizado, también hay casos que llegan a sedes penales ordinarias, aunque por lo general siempre existe el filtro de la Policía. Eso ocurre por ejemplo en casos donde una persona denuncia la existencia de una "boca" de venta de pasta base, pero sin identificarse por miedo a represalias. Un juez penal dijo que ante casos de ese tipo, antes de tomar cualquier medida, ordena a la Policía investigar el hecho. "No puedo ordenar un allanamiento o una detención solo por una denuncia anónima", explicó el juez a El País.