La crisis en Ecuador hizo que la Argentina vigorizara su papel en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), -otro organismo internacional creado en el 2008-, así como el protagonismo de su Secretario General desde mayo del 2010, el actual diputado y ex Presidente Néstor Kirch-ner, quien hasta ahora no daba la impresión de haberle dedicado mucho de su tiempo al nuevo cargo.

De inmediato se hizo una convocatoria con carácter de urgente a los demás presidentes del sur del continente, para una reunión en Buenos Aires. Prestos acudieron al llamado la mayoría de ellos, salvo Lugo por enfermedad y Lula (el padre de la criatura Unasur), que envió a su vicecanciller, dada la alarmante situación ecuatoriana. Provocada en primer lugar por el aparente intento de golpe, (otro más en ese convulsionado país que lleva 8 presidentes en 13 años), y luego, por la reacción del Presidente Correa, que más que promover desde su investidura a la calma, parecía instigar a una explosión en la sociedad.

Entre los mandatarios que se hicieron presentes, no faltó el de Chile, Sebastián Piñera, en este momento doblemente delicado, puesto que sus anfitriones los Kirchner, le acaban de otorgar status de refugiado político, al terrorista chileno Galvarino Apablaza. Este hombre, ex líder del grupo guerrillero MPMR, que hoy habita una quinta en la localidad de Moreno con su mujer e hijos, fue informado de que podrá seguir tranquilamente con su vida, gracias a la protección que decidió darle el Conare, (Comisión Nacional para los Refugiados), la institución adonde fue girado el caso para resolver sobre su situación. Siendo una de sus más firmes defensoras Hebe de Bonafini, la misma que esta semana propuso el asalto a la Suprema Corte de Justicia argentina, en una asonada frente al Palacio de Tribunales.

Apablaza está acusado por el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del Mercurio, y el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI). Ambos delitos ocurridos en plena democracia, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, en 1991. El pedido de extradición de la Justicia chilena lleva varios años y ante las demoras, el gobierno argentino le achacó éstas a la Corte de Justicia. Sin embargo, el supremo tribunal autorizó el 14 del mes pasado, que el sospechoso fuera enviado a Chile para ser juzgado por la justicia de su país, lugar donde se cometieron los crímenes. El reclamo fue a su vez hecho por el propio Presidente Piñera, así como por todos los partidos, excepto el comunista. El Senado trasandino se manifestó en forma unánime, y su presidente viajó el jueves para hablar en forma personal con su par argentino, Julio Cobos. El senador Jorge Pizarro, del Partido Demócrata Cristiano, (que no es el de Piñera ni el del legislador asesinado) quería advertirle que se trata de un asunto de Estado y que una negativa al respecto va a dañar severamente las relaciones bilaterales.

La concesión de asilo político a esta persona es una bofetada al estado de derecho que rige en Chile, pues solamente si se considera que el requerido no gozará de las debidas garantías constitucionales, es que se opta por rechazar un requerimiento de esta naturaleza. En este sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia chilena expresó que sería lamentable que por razones de índole política, se impidiera que una persona se presente para ser juzgada en su territorio, donde tendrá la posibilidad de defenderse y de demostrar si fue partícipe o no, en los hechos que se le imputan. El agravio a la democracia chilena no ha sido poca cosa.

Mientras que la decisión oficial de declarar a este sujeto refugiado político pone de relieve la incongruencia, o la falsedad más bien, del discurso de los Kirchner, envueltos en la bandera de los derechos humanos, al tiempo que privilegian intereses ideológicos y políticos particulares por encima de los principios jurídicos. Poco tiene esto que ver con sus discursos en referencia a la voladura de la AMIA, resaltando las garantías que da un gobierno democrático, al reclamar la extradición de los sospechosos iraníes.