El INAU se encuentra en el ojo de la tormenta. A las denuncias de prostitución en Paysandú que derivaron en procesamientos con y sin prisión de funcionarios, se suma una denuncia por violaciones a internas del Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) que presentó ante el gobierno —y la opinión pública— la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC).

El organismo internacional denuncia que "varias adolescentes privadas de libertad" en el CIAF "fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales en múltiples ocasiones, en horas de la noche" (ver nota relacionada).

Erico Sottas, secretario general de la OMTC, explicó que la decisión de enviar una carta abierta a figuras principales del gobierno, el Parlamento y el propio instituto radicó en la imposibilidad de iniciar una investigación judicial a medida que aparecían más casos.

La difusión de estos casos fue cuestionada por el director del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), Jorge Jouroff por considerar que "no es muy serio hablar de esto sin conocer exactamente qué es lo que pasó".

El presidente del INAU, Javier Salsamendi, dijo hoy ante la prensa que se vio sorprendido por las denuncias ya que no habían tenido un aviso de "este tipo de temas".

JUDICIAL. Sottas fue categórico en que es necesaria la participación de la Justicia apenas se toma conocimiento de una situación como ésta, más allá que la misma sea verídica o no.

"Cuando se presenta una denuncia de este tipo hay que suspender inmediatamente al funcionario e investigar a fondo, en forma transparente, con las instituciones judiciales" y no únicamente por la vía administrativa, explicó el jerarca a radio Carve.

Sottas agregó que a pesar de las denuncias y de estar identificado el presunto autor de las violaciones, no solo no ha sido sancionada sino que tampoco se realizó una investigación como corresponde. "Nos gustaría que la investigación siga el camino judicial", dijo.

Salsamendi afirmó que hay una investigación administrativa en curso y que en principio no surgieron responsabilidades, "al menos en las responsabilidades que se habían investigado inicialmente".

"Lo que dice inicialmente la investigación es que esto no se comprueba. Pero nosotros no hemos cerrado la investigación, que continúa por los caminos que debe continuar", agregó el jerarca estatal.

Sottas explicó que cuando hay una denuncia así siempre se necesita una investigación independiente y externa al instituto. En caso contrario, donde no se puedan presentar pruebas —de ambos lados— el organismo no queda bien parado. "Eso es lo que nos preocupa. La transparencia es necesaria desde un principio. Y consideramos que hubo falta de transparencia", finalizó.