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PABLO MELÉNDREZ

La DGI probó la participación de al menos diez empresas en las irregularidades detectadas en compras de la Armada. El organismo recaudador presentará en los próximos días varias denuncias ante la jueza Gatti, que ya procesó a tres marinos.

"Hemos detectado varios casos en los cuales algunos proveedores de la Armada asentaban operaciones inexistentes con documentación apócrifa", informó a El País el director de Rentas, Pablo Ferreri.

Incluso, según lo que determinó la Dirección General Impositiva (DGI), "se dio la situación de que algunos proveedores brindaban las facturas apócrifas a otros", dijo Ferreri, quien ayer analizó el tema con la cúpula del organismo recaudador, y se decidió llevar esta situación a la Justicia.

El titular de la DGI indicó que son una decena los empresarios implicados en las maniobras, pero se excusó de dar a conocer el monto total de las ventas simuladas, en virtud de que esos datos están amparados en el secreto tributario.

El organismo recaudador comenzó a investigar a los proveedores de la Armada a pedido del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien le entregó a Ferreri diversa documentación relativa a una nómina de varias empresas aparentemente implicadas en las maniobras.

En los próximos días, la DGI pondrá en conocimiento de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti todos los informes respecto a la participación de los proveedores de la Armada en las maniobras de simulación de compra de insumos para esa fuerza.

La magistrada, junto con la fiscal Mónica Ferrero, tiene a su cargo la investigación respecto a las "compras fantasmas" en la fuerza de mar, caso por el que ya hubo cuatro procesamientos, entre ellos, el del ex comandante Juan Fernández Maggio, quien se encuentra recluido en Cárcel Central desde el pasado 20 de agosto.

Junto con el ex jefe naval, fueron procesados con prisión los oficiales Gerardo Feble (ex director de Logística) y Pablo Da Costa (integrante de la Dirección de Material Naval).

Además, fue enjuiciado pero sin prisión el marino Danilo Damonte, ex titular de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento de la Armada. Damonte no fue enviado a prisión debido a que llegó a un acuerdo con la fiscal Ferrero a quien le entregó documentación sobre otras irregularidades a cambio de no ir a la cárcel.

Todos los oficiales navales fueron procesados por su responsabilidad en la simulación de la compra de un banco de pruebas para motores y una grúa hidráulica por un total de US$ 600.000 a fines de 2008. Ese dinero que figuraba como erogación, fue reingresado irregularmente a la contabilidad de la Armada, aunque no se pudo determinar a ciencia cierta a qué fue destinado.

PERJUICIO. Ferreri dijo que la DGI, en función de sus investigaciones administrativas, determinó que las maniobras mediante compras fraguadas en la Armada causaron "claros perjuicios al Estado".

"Si no existió la operación de venta no se configura defraudación, pero al haberse detectado la utilización de facturas falsas, hay un claro perjuicio para el Estado, que pagó por elementos que en realidad no compró", explicó el jerarca.

La jueza Gatti y la fiscal Ferrero investigan la vinculación de los hermanos Gustavo y Daniel Trocki, dos de los principales proveedores de la Armada, en las maniobras de compras ficticias por las que fueron procesados los cuatro marinos.

Para fraguar una de las compras, se utilizó una cuenta bancaria de la sucursal de Estados Unidos del Banco Hapoalim, a nombre de Daniel Trocki.

Cuando tomó estado público la situación en la Armada, los empresarios, junto a sus respectivas familias, viajaron a Israel, donde actualmente están residiendo.

El mes pasado, el abogado Miguel Langón asumió la defensa de los hermanos Trocki, y presentó un escrito ante la jueza Gatti en el que señaló que sus clientes no tuvieron "ninguna vinculación" con las facturas que la Armada realizó para simular la compra de la grúa hidráulica y el banco de pruebas para motores.

Por otro lado, Langón también deslindó de responsabilidad a sus clientes en cuanto al aparente pago de sobreprecios en la compra de 16 lanchas patrulleras que la Armada adquirió en 2008 por un total de US$ 6.200.000. Las embarcaciones fueron adquiridas a una empresa estadounidense, y los hermanos Trocki oficiaron de intermediarios en el negocio.

En los últimos días, la indagatoria en torno a las irregularidades en compras de la Armada se ha centrado en Interpol, dependencia policial a la que la jueza Graciela Gatti encomendó la investigación del caso. Efectivos de esa unidad han interrogado a varios marinos y empresarios. Ayer fue conducido desde Cárcel Central el oficial Gerardo Feble.

Las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la Armada abarcan varias situaciones en las que se presume que hubo manejos fraudulentos de fondos. Así se indagan otras dos "compras fantasmas" por US$ 300.000. Además, la jueza Gatti analiza otras 16 carpetas con situaciones similares.

Gatti y la fiscal Mónica Ferrero también analizan la compra de 16 lanchas patrulleras que la Armada adquirió en 2008 a una empresa estadounidense por un total de

US$ 6.200.000, siendo que había otra oferta más favorable presentada por una firma rusa. En esa transacción participaron como intermediarios los hermanos Gustavo y Daniel Trocki, los mayores proveedores de la Armada.

También se indaga lo ocurrido con una cuenta que la Armada administraba en un banco alemán donde se depositaban fondos provenientes de la ONU. De esa cuenta, se desconoce el destino dado a US$ 2.000.000, según señaló el año pasado la Auditoría Interna de la Nación.

Por otro lado, la jueza Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe indagan compras de insumos para misiones de paz que la Armada registró, pero de los que no hay facturas que avalen las erogaciones. En ese caso, que fue denunciado por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, la maniobra implicaría cerca de US$ 1.500.000.