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DANIEL HERRERA LUSSICH

En WASHINGTON

CORRESPONSAL PERMANENTE

Varios informes en EE.UU. alertan sobre el aumento de la violencia, corrupción y asesinatos del crimen organizado. La lucha desatada en Colombia y México empuja a los cárteles a buscar sitios para ocultarse, en Centroamérica y Sudamérica.

Hay alarma bastante generalizada en congresistas, expertos y gobernantes de países que están cercanos a Estados Unidos, México y Colombia. "El narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una "narcoinsurrección", porque los carteles y pandillas intentan limitar el control de los gobiernos", definió hace pocas horas el senador republicano, Richard Lugar, que se considera un amigo de Uruguay y visitante asiduo de Montevideo.

La lucha abierta, desatada primero en Colombia y luego en México, y el constante enfrentamiento de los americanos, defendiendo sus fronteras, han impulsado a los traficantes y delincuentes a buscar santuarios para ocultarse o utilizar como puente para transportar la droga hacia Estados Unidos, principal centro de consumo. Siete países centroamericanos y los cuatro del Mercosur son mencionados en especializados estudios que han tomado estado público en Washington.

En los últimos tiempos se suman los informes oficiales, entre ellos uno de la Casa Blanca hacia el Departamento de Estado, y otro acaba de culminar en una institución de investigación, titulado "Guerras Criminales: Pandillas. Carteles y la Seguridad Nacional Estadounidense". Sus autores son Bob Killebrew y Jennifer Bernal, que pertenecen al Centro para una nueva Seguridad en EE.UU. (CNAS, por sus siglas en inglés). Los estudiosos definen en su informe de 84 páginas a la "insurgencia como un intento de debilitar o impedir las funciones de un gobierno, describiendo las actividades de las FARC en Colombia, los carteles mexicanos y algunas redes transnacionales".

Los terribles sucesos de los últimos meses en México, matanzas de jóvenes en fiestas, decapitaciones de enemigos y entrega de las cabezas en los domicilios de los cabecillas del bando contrario, secuestros y asesinatos de alcaldes o candidatos presidenciales, han convertido grandes sectores del país en campos de guerra. El gobierno de Colombia, ahora el presidente Santos, sucesor luego de las elecciones, de Álvaro Uribe, tampoco le da "cuartel" a los guerrilleros y narcos de las FARC, ocultos en plena selva, en las cercanías de las fronteras con Venezuela y Ecuador. Este oscuro y sangriento cuadro ha llevado a los extremistas a buscar nuevos refugios y pasajes de la droga hacia el norte. El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Enrique Pascual, acaba de afirmar que "el crimen organizado se ha vuelto una amenaza contra todo el hemisferio y que ha llegado a unas 100 ciudades del continente".

El propio presidente Barack Obama en su discurso al Congreso dio cuenta que la presión que "están ejerciendo México y Colombia sobre los narcotraficantes, lleva a que los países de América Central se conviertan en un blanco creciente del tráfico de cocaína y otras drogas destinadas a Estados Unidos. Este problema reciente llevó a que países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua se sumen a un total de cinco en la región junto a Panamá y Guatemala".

A su vez el mandatario americano destacó un fortalecimiento del tráfico de drogas entre América Latina y África Occidental, en especial a través de Brasil y Venezuela.

Los distintos informes mencionan reiteradamente a Latinoamérica, Sudamérica, MERCOSUR, pero salvo Paraguay (acusado directamente en el informe al Congreso de EE.UU.), no se nombra a ningún otro, pero se advierte la necesidad de estar alertas. Se señala que se debe evitar, tarea nada fácil por el dinero que "mueven", el pasaje, tráfico fugaz o el uso permanente por los delincuentes de lugares puente sin grandes controles. Señalan que Argentina, Uruguay, Brasil y Chile han demostrado competencia para contrarrestar, dificultar o impedir el ingreso de armas de contrabando. En cambio, dice el trabajo que no hay evidencias similares en el Caribe y en parte de la región Andina.

El informe no deja en claro la facilidad de la cual gozan los guerrilleros o narcos para adquirir desde armamento de ágil manipulación hasta misiles tierra aire, que se sabe se encuentran en el arsenal de las FARC. Da cuenta el estudio que las pandillas y otros grupos armados ilegales gastan al año cientos de millones de dólares. Y puntualiza que se sabe de cifras muy altas que van a las manos o bolsillos de altos jerarcas para comprar silencios, permisos y permitir abiertas violaciones de la ley, en una corrupción que se ha generalizado en amplios territorios fronterizos con EE.UU.