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EDUARDO BARRENECHE

El Ministerio del Interior comenzó a aplicar un programa de libertad asistida para medio centenar de procesados por delitos leves. Además, supervisa, desde hace 15 días, otros 30 arrestos domiciliarios de reclusos enfermos.

El Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) atienden a 53 personas que fueron procesadas por la Justicia Penal en los últimos 90 días. Estos individuos, que eran primarios, fueron remitidos por delitos leves como, por ejemplo, tenencia de drogas no para consumo y hurtos simples.

El sistema funciona en forma similar al de Estados Unidos. Un juez penal dispone para un procesado medidas alternativas o sustitutivas a la prisión. Estas pueden ser realizar tareas comunitarias o la prohibición de concurrir a ciertos lugares, dejar la ciudad o acercarse a otras personas.

Se estima que cuando el programa funcione a pleno, cada oficial de libertad asistida supervisará entre 20 a 40 procesados. Los oficiales deberán concurrir en forma periódica al hogar de los procesados y dialogar con sus entornos para analizar los procesos de rehabilitación de estos individuos.

A requerimiento del juez competente, los oficiales de libertad asistida también deberán recabar informes en las áreas psicológica, social, laboral y jurídica que le permitan elaborar un perfil del sujeto.

A partir del perfil del recluso, deberán efectuar una recomendación al magistrado incorporando sugerencias acerca de las posibles medidas a aplicar, sin perjuicio de elaborar un plan de conducta a desarrollar por la persona sometida al sistema de libertad asistida.

En las primeras etapas de aplicación de las medidas alternativas a la prisión, el control o supervisión es intenso (diario y semanal). Si la respuesta del recluso es positiva, éste pasa a etapas de control medio (quincenal y mensual). Luego el procesado ingresa a una etapa de control mínimo (bimestral y trimestral) hasta el cumplimiento total de la pena.

El OSLA fue creado por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente José Mujica y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 14 de junio.

Fue impulsado por la psicóloga Gabriela Fulco, quien se desempeña actualmente como asesora del ministro Bonomi en temas penitenciarios.

Se trata de una unidad especializada dependiente de la Dirección Nacional de Cárceles y técnicamente del Poder Judicial. Su objetivo es contribuir al descongestionamiento y mejor gestión del sistema penitenciario, profundizando la aplicación de las medidas alternativas a la excarcelación, dice un material del Ministerio del Interior.

Este programa, que se aplica por primera vez en Uruguay, cuenta en este momento con el asesoramiento de la abogada norteamericana Leslie Metzen, directora senior de Prevención de Violencia que abarca a 360 comunidades del Estado de Minnesota, Estados Unidos.

"En los últimos meses, el OSLA recibió mucho entrenamiento de los programas de Minnesota. Yo estoy aquí para ayudarles a la supervisión de los primeros 50 casos con tareas comunitarias y 30 en arresto domiciliario", dijo Metzen a El País.

La experta trabajó durante 23 años como jueza penal federal en Estados Unidos.

Llegó a Montevideo en el marco de un programa de intercambio Uruguay-Minnesota creado por la organización norteamericana "Compañeros de las Américas".

EN CASA. En este momento, 30 reclusos de entre 26 y 72 años se encuentran bajo arresto domiciliario asistidos por el OSLA.

Se trata de presos con graves problemas de salud (sida, diabéticos o enfermos renales) y por ello fueron derivados a sus casas por la Justicia.

Dentro de este programa hay individuos que cometieron todo tipo de delitos como, por ejemplo, homicidios.

En estos casos, los oficiales del OSLA concurren a sus domicilios para controlarlos si cumplen con la medida dispuesta por el juez penal de la causa: mantenerse dentro de sus casas.

En Minnesota, Estados Unidos, las personas procesadas y bajo el sistema de libertad asistida deben someterse en forma periódica a controles de espirometrías para detectar si han incurrido o no en consumo de drogas, dijo a El País la directora de Prevención de Violencia de ese estado norteamericano, Leslie Metzen.