DIEGO CASTRO
Catorce personas fueron procesadas ayer por la jueza de Crimen Organizado Graciela Gatti, entre ellos cuatro efectivos del cuerpo de Policía Caminera, por delitos vinculados con coimas. Dos de los uniformados fueron enviados con prisión.
La investigación comenzó meses atrás, cuando la división de Hurtos y Rapiñas de la Jefatura de Canelones dispuso iniciar un proceso de vigilancia electrónica, en relación a eventuales delitos que se venían cometiendo cerca de La Paz.
A raíz de esta investigación, se llegó al procesamiento de un ciudadano por el delito de contrabando. Mientras eran vigiladas las comunicaciones telefónicas de este individuo, la Policía canaria escuchó una conversación que éste mantenía con un funcionario de Caminera. Le expresaba que había sido detenido en la ruta por otro funcionario, que lo dejó ir, a pesar de constatar que traía la mercadería de contrabando, a cambio del pago de $ 20.000, se lee en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso El País.
A partir de ese hecho, previa solicitud al fiscal, se dispuso continuar con la investigación de carácter reservado, relacionándola a eventuales ilícitos cometidos por el funcionario de iniciales J.A.S. Su celular fue intervenido para realizar una vigilancia electrónica.
De dicha vigilancia, surgieron elementos firmes para el procesamiento de J.A.S., funcionario de Caminera bajo la imputación de siete delitos de cohecho calificado, en reiteración real, cuatro de ellos en calidad de coautor y tres en calidad de autor.
Además fue procesado con prisión otro funcionario policial, A.A., bajo la imputación de un delito continuado de cohecho calificado.
Además hubo 12 procesamientos sin prisión, 10 bajo la imputación de un delito de cohecho calificado, y los restantes por dos delitos de cohecho en reiteración real.
Los siete casos de coimas que pudieron ser probados fueron en los departamentos de Montevideo, Canelones, San José y Soriano y las sumas solicitadas por los funcionarios iban desde $ 200 hasta $ 2.000.
llamadas. En una de las comunicaciones interceptadas, el 30 de septiembre, se escucha que el funcionario de iniciales E.B. detuvo a un vehículo, conducido por F.T., por circular sin cinturón, sin luces y sin permiso de vialidad. El conductor conocía a J.A.S.. Lo llamó por teléfono, planteándole la situación. En ese instante le pidió que pusiera a su colega al teléfono, para "arreglar" la situación. En este caso, el conductor le entregó $ 500 al funcionario.
Al día siguiente V.F., que conducía una camioneta con matrícula vieja, sin luces, cinturón, libreta de conducir ni seguro, fue detenido por el agente M.A.D., quien llamó a J.A.S. a su celular y le comunicó con el conductor. Según la llamada intervenida, J.A.S. le dijo a V.F. "tenés aunque sea 200 pesos ahí?, tá arreglá con él ahí", luego de lo cual informó a M.A.D. que "le dije que te tire algo". Además de estos casos, la jueza logró probar que J.A.S. tenía un arreglo con el dueño de un camión que no estaba habilitado para circular, pero con la ayuda de estos policías de Caminera, nunca era multado.
También, J.A.S. logró levantar multas ya existentes. El 17 de julio, W.P. lo llamó para decirle que lo habían multado por $ 6.000. "Si me lo arreglás, te hago llegar uno y medio o dos", dijo W.P al funcionario, quien finalmente eliminó dicha multa. El caso estuvo a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe. (Producción: Patricia Mango, Pablo Meléndrez)