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El general Miguel Dalmao volvió a declarar ayer ante la Justicia. Cambió en parte su versión original respecto a cómo encontró el cuerpo de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El juez Vomero resolverá en breve si envía a prisión al oficial.

De hacer lugar al pedido de procesamiento formulado por la fiscal Mirtha Guianze, el juez Rolando Vomero concretará la primera resolución judicial que responsabiliza a un militar en actividad por un homicidio registrado en la dictadura.

Dalmao declaró ayer ante el juez Vomero y la fiscal Guianze en la audiencia "ratificatoria", que implica el paso previo a que el magistrado adopte resolución. En esa instancia, el militar, que actualmente se desempeña como jefe de la División IV del Ejército con asiento en Minas, Lavalleja, aportó a la sede sus datos filiatorios.

El general, junto al coronel (r) José Chialanza, es acusado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado" en grado de "coautoría" por el caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en mayo de 1974 mientras estaba detenida en el Batallón de Transmisiones N° 1.

A juicio de Guianze, si bien no se pudo probar que Dalmao y Chialanza hayan sido los responsables de la muerte de la joven militante de 24 años, su actuación tuvo directa vinculación con ese desenlace.

Ayer, Dalmao varió su versión inicial respecto a cómo encontró el cadáver de Sabalsagaray en su celda. Dijo que halló a la joven ahorcada con un pañuelo colgando del techo, pero que sus pies no tocaban el suelo, a diferencia de lo que había declarado meses atrás en el juzgado y en la investigación militar de 1974.

Ayer también declaró el juez sumariante del Batallón de Transmisiones N°1, que en 1974 tuvo a su cargo la investigación inicial del caso.

El abogado de Dalmao, Miguel Langón, pidió el archivo del expediente ya que, a su juicio, no existen dudas de que Sabalsagaray se suicidó. Sin embargo, una pericia forense descartó la autoeliminación.

Si bien no tiene un plazo legal, el juez Vomero prevé emitir su pronunciamiento en torno a la situación de Dalmao y Chialanza a la brevedad, dijeron fuentes del caso a El País.

El abogado Juan Errandonea, representante de la familia Sabalsagaray, dijo que no hay más pruebas para diligenciar, y que el juez cuenta con todos los elementos para resolver.

Dalmao llegó al juzgado en un auto oficial del Ejército matrícula ENA 4506, en medio de un inusual operativo de seguridad a cargo de media docena de policías. No formuló declaraciones a la prensa, y al retirarse, desde el auto, hizo un gesto obsceno hacia los periodistas.

Tras una consulta formulada por el juez Rolando Vomero, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, ordenó que las próximas citaciones a militares por el caso Sabalsagaray se hagan llegar a su despacho y no al Comando del Ejército. El juez y la fiscal Guianze detectaron que en varios casos de militares que fueron citados como testigos, el Ejército les facilitaba el nombre de un abogado.