RAÚL MERNIES
El Tribunal de Cuentas se dispone a observar una resolución de la Junta Departamental de Canelones en la que los ediles se votaron 505 litros de combustible ($ 14.544 por mes), además de 17.500 Unidades Indexadas ($ 37.250) de viáticos.
La Junta Departamental de Canelones aprobó por unanimidad el "Proyecto de Reglamentación de gastos de representación de los Sres. Ediles y/o Compensación para secretarías (de) bancadas", en que quedó establecido que cada uno recibirá una partida mensual de 17.500 Unidades Indexadas (UI), que en valores de ayer miércoles representa $ 37.250, además de 505 litros de nafta súper por mes.
La suma de estas partidas significaría que la Junta de Canelones tendría un presupuesto mensual de viáticos y combustibles de $ 1.605.614.
El proyecto fue enviado al departamento jurídico del Tribunal de Cuentas, que planteó una serie de observaciones que deberán ser tenidas en cuenta por los ministros a la hora de aprobar o rechazar el proyecto.
León Lev, uno de los cinco ministros del Tribunal, dijo a El País que "se seguirá la línea constitucional que establece que estos cargos son honorarios", por lo que se estudiará con detalle si al final estas partidas significan una remuneración o no.
Lev explicó que la resolución de la Junta de Canelones hace referencia a un monto genérico que el Tribunal no puede aprobar, ya que primero hay que establecer cuáles son los verdaderos costos de ejercer la función de edil departamental.
En anteriores administraciones el Tribunal de Cuentas ha rechazado algunas de estas resoluciones departamentales asegurando que con el reintegro de los gastos de combustibles o viáticos, la mayoría de los ediles departamentales percibían un salario encubierto.
Lev también explicó que una de las diferencias sustanciales que tiene el proyecto de los canarios con el de la pasada administración, es que fija partidas solamente para los ediles titulares, mientras que el enviado cinco años atrás también se contemplaban viáticos para los ediles suplentes.
Entre las fundamentaciones, el documento establece claramente que "los ediles departamentales no percibirán por su tarea honorario ni salario alguno (...), sin perjuicio de lo cual, la Junta Departamental financiará o reintegrará los gastos originados en el ejercicio del cargo".
La partida en UI tendría como destino "cubrir los gastos de su secretaría particular y los servicios de asesoría técnica que requiera para el mejor cumplimiento de las funciones constitucionalmente encomendadas", reza el proyecto al que accedió El País.
En referencia a la nafta, lo que establece la resolución es "una partida mensual de hasta un monto equivalente a 505 litros de nafta supercarburante, la que deberá ser íntegramente aplicada a gastos de traslado y rendida mediante la presentación de documentación".
Además, la presidencia de la Junta Departamental tendrá una partida mensual adicional del 500 litros.
Fuentes de la Junta explicaron que aunque haya ediles que no tengan vehículo propio cobrarían la partida de combustibles, ya que se trata del "equivalente a 505 litros". Por lo que si un edil realiza sus traslados en taxi, se le devolvería el dinero de lo gastado en el mes, con un tope de $14.544, según el precio de $ 28.80 de la nafta súper a la fecha.
Estas partidas son computables para el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), salvo en el caso de que sean atribuidas al partido político al que pertenece el edil. Una vez cedida, la condición se extenderá a lo largo de toda la legislación y los representantes departamentales no podrán ejercer "acto de disposición alguno sobre las mismas".
Responde por cada contrato
El proyecto de resolución también deja en claro que si la partida fuera utilizada para contratar directamente por parte del edil, éste deberá ser responsable de presentar mensualmente ante la Junta los comprobantes de pago de la contratación de los servicios, así como la documentación que acredite la inscripción en los organismos correspondientes y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del proveedor.