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V. RUGGIERO / A. LÓPEZ REILLY

Los empleados de CAP volvieron ayer al Ministerio de Trabajo y se fueron con las manos vacías. Hubo más amenazas al personal que quiere trabajar y la empresa hizo una denuncia policial. La Intendencia descarta la esencialidad del servicio.

El conflicto privado y el municipal, que mantienen en jaque la recolección de residuos en Montevideo, fueron objeto de discusión ayer en el Consejo de Ministros. Otra vez, el presidente José Mujica manifestó preocupación por la situación planteada, en especial por la medida de la empresa CAP, que afecta al Centro, Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur, Parque Rodó y parte de Tres Cruces.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El País que durante el Consejo de Ministros no se analizaron medidas específicas pero que el gobierno sigue "de cerca" la situación y actuará si los paros continúan afectando la limpieza de la ciudad.

El sindicato de CAP y la empresa estuvieron reunidos ayer por más de tres horas en el Ministerio de Trabajo. La firma propuso empezar a negociar por los Consejos de Salarios a cambio de que el sindicato levantara el paro. Pero los trabajadores pidieron empezar la negociación sin levantar la medida y -de acuerdo a los avances- resolver luego sobre su continuidad. En conclusión, no hubo acuerdo y el paro sigue por tiempo indeterminado.

Pero no todos los trabajadores del consorcio están de acuerdo con la medida (ver nota aparte), situación que ha generado episodios de violencia en las últimas horas.

Un dirigente del sindicato de CAP fue acusado de amenazar con un arma de fuego a un compañero que quería trabajar. También hubo "bloqueos" de camiones que estaban en funciones y el remanente de la Feria de Tristán Narvaja no pudo terminar de recogerse por "presiones" de los que impulsan la medida, según informaron a El País fuente municipales.

Sobre la medianoche del domingo, un grupo de trabajadores sindicalizados detuvo a un camión de la empresa que se encontraba en la esquina de Colón y Cerrito. Ayer continuaba detenido en el mismo lugar.

Quienes están trabajando denuncian además que fueron amenazados telefónicamente y que reciben "constantemente" agresiones verbales. "Te vamos a `picar`" y "cuidá a tu familia" son algunas de las intimidaciones que dicen haber recibido.

"Por suerte no registramos ninguna agresión física, pero está todo muy complicado. Hay gente que se arriesga y viene a trabajar; pero hay otros que, por miedo, están en su casa esperando que pase el paro", comentó a El País un trabajador que solicitó no ser identificado.

Desde el sindicato de CAP, en tanto, aseguran que no existieron las amenazas. Juan Díaz, vocero de los empleados movilizados, comentó a El País que se pidió "pacíficamente" a quienes estaban trabajando que no lo hicieran, porque si no el paro "no tiene sentido".

"Nosotros les hablamos, en una buena, a la gente que está laburando para que no lo haga, pero no hay violencia. Eso es un invento", aseguró el dirigente sindical.

Esencialidad. En cuanto a declarar esencial el servicio de recolección de residuos, un reclamo que viene efectuando el Partido Nacional, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Juan Canessa, reiteró que "no está previsto reclamarla por el momento, ya que no hay una urgencia ambiental que ponga en riesgo la salud de las personas".

Por otra parte, el jerarca aclaró que en caso que "caiga" el acuerdo con CAP (por incumplimiento, rescisión de parte de la empresa o finalización de contrato), los empleados del consorcio no serán contratados por la Intendencia ante una eventual remunicipalización del servicio. "Ellos tendrían que concursar igual que cualquier otra persona", sentenció el jerarca.

El contrato de CAP con la Intendencia vence en mayo de 2011 y la remunicipalización de la zona que limpia esta empresa es uno de los planteos que le está haciendo Adeom a la intendenta, Ana Olivera.

También los colorados hicieron sentir su preocupación por los conflictos que afectan la recolección. El edil Flavio Beltrán dijo a El País que el gobierno municipal "no tiene rumbo" y que la responsabilidad final de la limpieza en la ciudad "es de la Intendencia", la que "le pasa esa responsabilidad a los ciudadanos pidiéndoles que no saquen la basura de sus casas".

"Acá manda cualquiera, menos la intendenta", sentenció.

MEDIDAS. El fin de semana se realizaron procedimientos especiales en la zona que no atiende la CAP y que se encuentra en manos municipales. La intención era que el "arranque" de los paros de Adeom -que comenzaron ayer y continuarán hoy- encontrara a los contenedores lo más "aliviados" posible. "Se trabajó en 22 circuitos de contenedores para dejarlos prácticamente a cero. Con el ritmo de llenado que tienen, no deberíamos tener mayores problemas. Tendría que alcanzar para que no estén a tope. Aunque es difícil si se saca la basura para afuera por gusto", dijo Canessa.

El jerarca indicó que en anteriores medidas adoptadas por el sindicato de CAP, hubo dos casos en los que se constató que empleados de la firma sacaban la basura del contenedor.

"Lo que no se cumple, por lógica, no se paga. Además, sobre lo que no se cumple pueden haber multas, dependiendo del grado de incumplimiento y de que haya que hacer una contratación extra, o un gasto adicional para la Intendencia. Y si hay acciones constatadas de vandalismo, éstas son penalizadas, independientemente de que exista una medida gremial", puntualizó el director de Desarrollo Ambiental.

Los 100 trabajadores del Consorcio Ambiental del Plata (CAP) que solicitaron el pasado viernes un recurso de amparo ante la justicia para poder trabajar "tranquilos", están citados hoy a las 13 horas a declarar en el juzgado de la calle 25 de Mayo.

"Nosotros vamos a ir, esperemos que no tengamos problemas con los compañeros en la puerta del juzgado", comentó a El País un trabajador que solicitó no revelar su nombre.

Entre los empleados del consorcio que quieren trabajar reina "el miedo" ante las amenazas e incidentes con sus compañeros sindicalizados. Además, hay quienes no se sumaron al recurso de amparo y no trabajarán hasta que el sindicato termine con la medida. "A mí esto no me convence (el recurso) porque después que te partieron la cabeza ya está, no hay nada para hacer", comentó el pasado viernes en la puerta del juzgado un trabajador que decidió no firmar la solicitud.

En agosto de este año los trabajadores del Consorcio Ambiental del Plata (CAP) paralizaron sus tareas afectando considerablemente la recolección en toda el área que administra esta empresa, propiedad del grupo Teyma.

La concesión de CAP abarca el área delimitada por la Rambla Portuaria, Rambla Sur, Julio María Sosa, Bulevar Artigas, Miguelete y La Paz, donde hay unos 800 contenedores. Esto incluye los barrios Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó y parte de Tres Cruces.

La empresa CAP firmó un acuerdo por siete años con la Intendencia, de los cuales ya han transcurrido seis. Su contrato surgió a partir de la licitación pública 76107/1 para la "prestación de servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de la vía pública y transporte de material hasta disposición final". Muchos trabajadores provienen de la empresa SUR.

En agosto, el presidente José Mujica también se interesó en los pormenores del conflicto de los trabajadores de esta empresa privada y puso en alerta al Ministerio del Interior y a la Intendencia de Montevideo: pidió medidas si continuaba el paro. La Intendenta Ana Olivera recién asumía la conducción municipal.

La empresa también denunció, entonces, episodios de "violencia" que afectaban a parte de sus trabajadores.