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El gobierno propone "suspender" la aplicación de un artículo del Código de la Niñez que obliga a destruir los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años. Para expertos, esta medida es "inaplicable" si no se baja la edad de imputabilidad.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció ayer en el Consejo de Ministros que se enviará al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una "suspensión" (sin fecha de finalización) del artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que obliga a destruir los antecedentes de los menores infractores al cumplir la mayoría de edad.

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, anunció oficialmente la intención del gobierno y sostuvo que "la medida ha sido respaldada por organismos como Ielsur, Serpaj y el Comité Interamericano de los Derechos del Niño de ONU".

Sin embargo, Mauro Tomasino, coordinador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dijo a El País: "El gobierno nunca tuvo ningún diálogo con nosotros" y desmintió las afirmaciones del secretario. "Estamos desconcertados; no sabemos de dónde sacó eso Breccia", agregó.

Además puntualizó que el Serpaj está "absolutamente en desacuerdo" con la iniciativa del gobierno.

Lo mismo sucedió con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Su presidente, Luis Pedernera, expresó: "Nuestra posición es la misma que la del Comité de Derechos del Niño, y está muy lejos de ir en la línea de reforzar los sistemas penales. No recibimos ninguna consulta ni hablamos de esto con el gobierno".

malestar. La iniciativa del gobierno se conoció el mismo día que el Partido Colorado iba a divulgar el texto de la propuesta de enmienda constitucional para bajar la edad de imputabilidad de menores infractores, y para mantener los antecedentes penales a partir de los 16 años (ver nota aparte).

El anuncio también generó malestar en el Partido Nacional, dado que la semana pasada, a pedido del FA, se postergó una sesión de la Asamblea General convocada a pedido de Luis Lacalle Pou para analizar la situación de la minoridad infractora.

En tiendas nacionalistas se valoró el hecho como una "jugada política" inadecuada ya que el gobierno hizo el anuncio 48 horas antes de la sesión.

inaplicable. A nivel judicial se considera que la propuesta del gobierno es inaplicable.

El juez penal Ricardo Míguez afirmó a El País que "por ley, ningún menor tiene antecedentes penales. Se entiende que el menor es inimputable; es decir, que no tiene madurez para discriminar los perjuicios que causa su acción"; por ello, "no procede considerarlos para juzgar a un adulto".

Míguez explicó que los antecedentes se toman en cuenta en los adultos "para evaluar su peligrosidad y a solo efecto de determinar si el procesamiento será con o sin prisión".

"Sería distinto", añadió, "si se decidiera bajar la edad de imputabilidad; en ese caso, sí valdría tener los antecedentes".

Para Breccia, "cuando el menor infractor llega a la mayoría de edad, se destruyen los antecedentes", pasando a ser primario absoluto. "Aunque esta modificación no excluiría su calificación de primario absoluto, el juez podría acceder a los antecedentes y así saber de quién se trata. De este modo, cuando el juez lo vaya a juzgar como mayor contará con la historia de la persona, que no cambia abruptamente cuando pasa de los 17 a los 18 años", señaló el secretario de Presidencia, aunque no explicó qué utilidad práctica tendría esa medida.

reacciones. El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, expresó que "es muy bueno" que el gobierno haya reaccionado. "Esperemos que también lo haga con las otras propuestas que planteamos en la reforma y no tengamos que convocar a la gente para que le diga al gobierno lo que tiene que hacer".

El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) recordó que él tuvo esa misma idea en el año 2006. Se presentaron en el Parlamento 140.000 firmas de ciudadanos apoyando la iniciativa.

Un año más tarde, la bancada de legisladores del Frente Amplio votó en contra del proyecto y nunca fue a consideración del plenario.

En 2010, Lacalle Pou volvió a presentar el mismo proyecto debido al aumento de los delitos. En julio pasado, defendió la idea en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, Bonomi anunció también que se pretende contar con un instituto de contención de menores infractores o, eventualmente, lograr la ampliación de las instalaciones de la Colonia Berro. "Hay que dar contención física y psicológica, tratando de rehabilitar efectivamente a los menores. No se pueden rehabilitar si están escapándose continuamente", explicó Breccia.

Además dijo que el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) presentó a la Presidencia un proyecto de ley que tiene que ver con soluciones para separar los menores infractores del resto. "Este es un tema que preocupa mucho a la opinión publica, pero su tratamiento es muy delicado porque está regulado por organismos internacionales. Si algo no podemos hacer es un abordaje simplista", concluyó Breccia.

Larrañaga comentó que "el país precisa que se apruebe el proyecto de ley del Partido Nacional que agrava la responsabilidad penal de los adolescentes infractores" aludiendo a una iniciativa propia que busca modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia. "La propuesta no es bajar la edad de imputabilidad sin decir qué se va a hacer con los menores infractores", sostuvo Larrañaga.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, promulgado el 7 de septiembre de 2004, establece en su artículo 222: "Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida". La disposición está contenida en el Capítulo XVIII de la Ley N° 17.823 que se refiere al registro de información de niños y adolescentes, y establece también que "la información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad". El Código de la Niñez recoge el espíritu de las reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (conocidas con el nombre de "Reglas de Beijing") de 1985.

El Partido Colorado busca más apoyo político fuera de filas para impulsar su iniciativa de reformar la Constitución, para lo cual solicitó audiencia con los presidentes del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle; del Frente Amplio, Jorge Brovetto, y del Partido Independiente, Pablo Mieres.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) resolvió ayer por unanimidad aprobar el texto de la propuesta de enmienda constitucional para bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores.

El texto establece: "Art. 43. La ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. Serán penalmente responsables los mayores de 16 años de edad cumplidos. En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el Tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes".

"Los antecedentes de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años".

"La ley procurará que la delincuencia infantil y juvenil estén sometidas a un régimen especial. Cometer delitos, valiéndose de la participación de niños y adolescentes, será especialmente castigada".

Hay una disposición transitoria que establece que "el Estado asegurará la existencia de un instituto especializado de rehabilitación para la internación de los delincuentes menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento".

El instituto será objeto de un seguimiento especial en el que se dará participación al Comisionado Parlamentario".

Senador Pedro Bordaberry

Es muy bueno que el gobierno acepte una propuesta que le hicimos hace tres años al presidente Vázquez cuando le llevamos las 50 medidas para mejorar la seguridad. Les llevó tres años y lo aceptan ahora cuando anunciamos que vamos a juntar firmas para reformar la Constitución para que hagan lo que tienen que hacer.

DIPUTADO LUIS LACALLE POU

Más vale tarde que nunca. Lamentablemente la falta de humildad del Frente Amplio postergó esta solución a un problema acuciante por cinco años. Pero ahora, bienvenido el cambio. Desde 2006 vengo planteando la necesidad de que los menores infractores pasen a la mayoría de edad con todos sus antecedentes.

DIPUTADO IVÁN POSADA

Ha habido un cambio en los lineamientos con que se maneja el tema por parte de este Poder Ejecutivo con respecto al anterior. El ministro Eduardo Bonomi ha hecho declaraciones en el sentido de tener en cuenta los antecedentes de los menores. Pero la opinión de este gobierno no se corresponde con la del gobierno anterior.