E.DELGADO / F. CASTILLO

El presidente José Mujica decidió ponerle freno a las ocupaciones de oficinas estatales por parte de los sindicatos. Ayer firmó un decreto autorizando el uso de la fuerza policial para desalojar a los ocupantes.

Las ocupaciones en poco más de una semana de la Suprema Corte, la sede de las fiscalías civiles y de la Intendencia de Tacuarembó, colmaron la paciencia del gobierno, en medio de un clima conflictivo que el presidente Mujica espera se termine con la llegada del verano.

Ayer jueves, Mujica dejó de lado sus llamados a los sindicatos de bajar la pelota al piso y no afectar el clima de inversiones, y emitió un decreto que habilita la desocupación "bajo apercibimiento del uso de la fuerza publica" de las oficinas estatales, tras un veloz intento de conciliación previo.

En el seno del Pit-Cnt se tomó con "sorpresa" la decisión del Poder Ejecutivo, que será analizada hoy viernes por el Secretariado Ejecutivo de la central en una reunión con sus abogados.

En tanto, el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Pablo Cabrera, adelantó que el decreto le parecía "inoportuno".

Entre los empresarios, la medida adoptada por Mujica fue bien recibida, pero reclamaron que se extienda a la actividad privada.

Presidencia de la República no comunicó del decreto a los diputados del Frente Amplio que integran la comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento y que, hoy viernes, recibirán a delegaciones sindicales de la banca oficial y del ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto en ese sector.

Debut. El decreto debutó con impacto a las pocas horas de ser publicado, con el desalojo de la ocupación de la Intendencia de Tacuarembó. Los funcionarios habían ocupado el miércoles de noche en rechazo a la propuesta de recuperación salarial ofrecida por la comuna.

El presidente de Adeom-Tacuarembó, Óscar Pedrozo, dijo que el decreto que ordena la desocupación es "aberrante".

"Para mí el decreto es una aberración, es coartarle la libertad sindical a los trabajadores, un verdadero disparate", afirmó. "Sin lugar a dudas se trata de un acuerdo político entre Mujica y (el senador Jorge) Larrañaga, nosotros teníamos contactos que nos informaban del tema, hay una negociación política que data de varios días y por algo se movieron tan rápido", dijo el sindicalista.

"Yo te puedo decir que toda la masa de compañeros que nos apoyan en todas las medidas que tomamos se tiene que sentir reconfortada porque tuvieron que hacer un decreto para desalojarnos. Creo que demostramos que hacemos las cosas en serio y que no andamos pisando en palo podrido", remató Pedrozo .

Empresarios. El presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela, destacó al decreto como "un punto de inflexión necesario" y señaló que "si se sigue en esta línea, habrá que culminar el proceso con un mecanismo de desalojo de las empresas privadas, porque los fundamentos de este decreto son extensibles al sector privado". Tanto Varela como el flamante presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, sostuvieron que las empresas privadas deberían estar amparadas bajo esta normativa. "Este decreto tendría que decir que la ocupación es una cosa sin sentido y debería establecer la prohibición de ocupar los lugares de trabajo tanto para los públicos como para los privados", afirmó Varela.

El jerarca de la Cámara de Comercio indicó que, si bien aún no han analizado el tema en profundidad, seguramente le pidan al Poder Ejecutivo "que saque algún decreto para los privados en la misma línea".

Burghi, por su parte, dijo no estar de acuerdo con la diferencia marcada por el gobierno y señaló que la Constitución protege a la propiedad privada, por lo que ésta "debe estar garantida por el gobierno".

El asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, dijo tras una primera lectura del decreto que lo que salta a la vista es que hay "una clara diferenciación" entre los sectores públicos y privados. "No se entiende por qué esta discriminación a favor de lo público. Es tan distorsiva una ocupación en el sector privado como en el público", destacó. (Producción: José Esteves, Tacuarembó)

Suprema Corte de Justicia

MArtes 23 de noviembre

Los funcionarios judiciales ocuparon la sede de la Suprema Corte de Justicia durante unas seis horas. La medida les sirvió para generar un ámbito de negociación con senadores oficialistas. Los judiciales reclamaban aumentos salariales para los escalafones más bajos.

Banco República

Viernes 26 de noviembre

En una jornada que estuvo salpicada por manifestaciones sindicales de todo tipo, los funcionarios bancarios agremiados en AEBU llegaron hasta las puertas del Banco República y se pasearon por sus pasillos durante un buen rato. Tras la manifestación se retiraron.

Fiscalía civil

Lunes 29 de noviembre

El edificio de la Fiscalía Civil en Ciudad Vieja fue ocupado por sus funcionarios durante unas tres horas. Exigían la convocatoria a una mesa de diálogo en busca de que el Presupuesto otorgue la posibilidad de contratar más personal. Autoridades de los ministerio de Trabajo y Cultura intercedieron.

Intendencia de Tacuarembó

Miércoles 1° de diciembre

Al caer la noche del miércoles, la Intendencia fue ocupada por los trabajadores agremiados en Adeomt y mantuvieron la ocupación hasta la tarde de ayer bajo la presión del flamante decreto gubernamental. Los funcionarios rechazan la propuesta de recuperación salarial.

El decreto expresa que luego de la ocupación de una dependencia pública, el jerarca de la misma solicitará el desalojo al Ministerio de Trabajo, que buscará una conciliación sujeta a que se deponga la medida "en forma inmediata". Si la conciliación falla, se intimará la desocupación "bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública". Si la ocupación sigue, "se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores".