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S. CABRERA / P. MELENDREZ

Casi en silencio, los senadores del FA incluyeron en el Presupuesto un artículo que le pide al gobierno que estudie la creación del Ministerio de Justicia. La Suprema Corte advirtió que sería inconstitucional que se administren sus recursos.

La decisión sorprendió a la oposición y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ya que ese artículo no estaba en el proyecto de Presupuesto aprobado en octubre por Diputados.

El tema fue planteado en la bancada del oficialismo por la senadora Lucía Topolansky (MPP), que tomó una vieja idea del diputado del Nuevo Espacio y ex subsecretario de Educación, Felipe Michelini. Topolansky planteó a la bancada que se recomendara al gobierno el estudio de la creación del Ministerio sobre Asuntos de Justicia y Derechos Humanos, lo que fue acordado por unanimidad por los senadores, dijeron a El País fuentes del oficialismo.

Se trata del artículo 542, que encomienda el tema a los ministerios de Educación, Interior y Economía. Y explica que el estudio "incluirá su conformación jurídica, objetivos, cometidos, competencias, programas y los recursos que demandará".

El artículo, votado sólo por los senadores del Frente Amplio (FA), dice que el gobierno deberá informar los avances a la Asamblea General en la próxima Rendición de Cuentas. Blancos y colorados rechazan la forma en que se introdujo un tema "delicado", aunque desde Alianza Nacional se entiende que es lógico que exista un Ministerio de Justicia.

DINERO. Los cometidos del ministerio generan diferencias en la bancada oficialista: hay dos posiciones respecto a si la cartera tendrá un rol de administrador del Poder Judicial.

El senador frenteamplista Carlos Gamou (CAP-L) justificó en el Senado la creación del Ministerio de Justicia debido a que la SCJ "no sabe administrar los recursos" que tiene. Pero Gamou admitió a El País que el Ministerio de Justicia que existió en la dictadura generó "una especie de mala palabra, un estigma" (ver aparte).

Según Gamou, el nuevo ministerio debería "administrar los recursos económicos que van a la Justicia" para que "los jueces se dediquen a dictar sentencias". Además, debería incluir las fiscalías, que hoy dependen del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y los defensores de oficio (que dependen del Poder Judicial), indicó Gamou.

El legislador afirmó que "la separación de poderes no está dada por el aspecto económico, sino por las competencias" de los jueces. En tanto, Felipe Michelini dijo a El País que esta norma "es un avance, que demuestra la necesidad de pensar seriamente" el tema y que "el sistema de Justicia de un país no es solo el Poder Judicial".

Pero Michelini discrepa con Gamou en que el Ministerio deba administrar los recursos. Por el contrario, cree que el ministerio debe convertirse "en el interlocutor" que tendrá la SCJ en el gobierno: abarcaría las fiscalías, fijaría políticas públicas y se encargaría de los litigios internacionales, explicó.

La oposición no está conforme con la decisión del oficialismo. El senador colorado Ope Pasquet dijo a El País que el FA "no explicó qué se propone hacer con el Ministerio de Justicia". A su juicio, sería viable un Ministerio de Justicia que se encargue de los aspectos legales que hoy están a cargo del MEC.

"Pero si la línea es la que insinuó Gamou -crear un Ministerio de Justicia para que gestione el Poder Judicial- se pondrá en peligro la independencia de este poder. Y en ese caso estaremos en una oposición abierta", afirmó Pasquet.

En tanto, el senador herrerista Gustavo Penadés dijo en el Senado que este artículo "es un error", sobre todo por la forma en que se introdujo. "Es algo muy delicado que implica primero iniciar una ronda de contactos políticos de primer nivel para ver si hay acuerdo de todos los partidos", dijo Penadés.

Y agregó que esto coincide con el hecho de que "el FA la embiste contra la Fiscalía de Corte y la Procuradoría General de la Nación". Penadés dijo que debe revisarse "todo el sistema judicial y no a pedazos".

Carlos Moreira (Alianza Nacional) está menos preocupado y dijo que, más allá del "triste recuerdo por la dictadura", hay ministerios de Justicia "en todos los países democráticos" y no violan la independencia del Poder Judicial si se limitan a aspectos administrativos.

DESCONCIERTO. El ministro de la SCJ Leslie Van Rompaey, admitió que a nivel de la corporación "no se tiene idea" respecto a cuáles serían las potestades que eventualmente podría tener el Ministerio de Justicia que planea el Poder Ejecutivo.

Consultado por El País, Van Rompaey indicó que la competencia que podría tener la nueva secretaría de Estado sería en relación a los asuntos legales que hoy están bajo la órbita del MEC, como es el caso de las Fiscalías, Dirección Nacional de Estado Civil y la Dirección Nacional de Registros.

Pero el magistrado advirtió que, de crearse, el Ministerio de Justicia "no podrá asumir ninguna competencia que involucre al Poder Judicial".

Van Rompaey dijo que, si asume el rol de administrador de la SCJ (como lo planteó el senador Gamou), "sería absolutamente inconstitucional", ya que se debería reformar la Carta Magna". El Poder Judicial "no tiene problemas de administración ni gestión", remarcó el ministro. (Producción: E. Delgado).

Con evidente ironía, el senador colorado Ope Pasquet escribió ayer una nota sobre el Presupuesto donde afirma que "otra joyita" es el artículo 570, también incluido durante la discusión en el Senado.

Allí se establece que las inversiones en equipamiento médico de mediano y alto porte "estarán sujetas a la aprobación previa" del Ministerio de Salud Pública (MSP). El texto fue planteado en la bancada del Frente Amplio por la senadora socialista Mónica Xavier, quien afirmó en el plenario del Senado que el objetivo de esta norma es lograr la "equidad" en la importación de equipos.

La senadora Susana Dalmás (Asamblea Uruguay) dijo a El País que con esa norma "no se busca restringir las importaciones, sino controlar la calidad" de los equipos.

El artículo dice que, antes de importar un equipo, la empresa gestionante deberá presentar ante la Dirección de Aduanas la autorización otorgada por el MSP. El Ejecutivo reglamentará la norma.

Pasquet entiende que con esta disposición se busca regular la competencia en esta área. Ayer escribió: "La inconstitucionalidad es clara, porque se restringe la libertad sin invocar una razón de interés general. El ministro Daniel Olesker, como un antiguo césar romano, inclinará su pulgar hacia arriba o hacia abajo para autorizar o no las inversiones en equipamiento médico".

Y siguió: "Es el viejo `para todos o para nadie`, que en materia de salud se traduce en preferir que se enfermen y que eventualmente se mueran todos, ricos y pobres,". El artículo también fue criticado por el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle.

Hace cuatro años el consultorio de Medicina Nuclear Ferrari, Ferrando & Páez y el Sanatorio Americano solicitaron la autorización para ingresar al Uruguay un aparato de alta tecnología médica. Pero el MSP negó ambos pedidos bajo el argumento de que la tecnología debía ingresar primero por el Estado.

Los abogados Fernando Bayardo Bengoa, Julio Espínola y Enrique Frigerio fueron ministros de Justicia en dictadura entre 1977 y 1985. La sede del Ministerio de Justicia estaba en 18 de Julio casi Eduardo Acevedo, donde hoy funciona República AFAP. El senador colorado Ope Pasquet escribió ayer que "las negras sombras de Aparicio Méndez y Bayardo Bengoa pasaron sobre el Senado". También hubo Ministerio de Justicia entre los años 1884 y 1890 y entre 1913 y 1935 .

Argentina

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos asiste al Presidente con su opinión en las materias relacionadas con temas legales o de derechos humanos. Lo asiste en sus relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Congreso de la Nación, Organizaciones No Gubernamentales y en el nombramiento de los jueces nacionales. Interviene además en lo relacionado con el cumplimiento de las penas y la administración y funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal.

Brasil

El Ministerio de Justicia es el órgano superior de la administración federal brasileña que trata de las materias relacionadas con el orden jurídico, ciudadanía y garantías personales. Entre sus atribuciones se encuentran la política judicial; seguridad pública; Policías Federal, caminera y ferroviaria; defensa de los derechos del consumidor y planificación, coordinación y administración de la política penitenciaria nacional.

Paraguay

El Ministerio de Justicia y Trabajo coordina las relaciones del Poder Ejecutivo con el sistema de administración de Justicia, promueve la vigencia de los derechos humanos y vela por el cumplimiento del régimen laboral y de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Es el ente rector y generador de las políticas de empleo y seguridad social.

Chile

El Ministerio de Justicia se encarga de relacionar al Ejecutivo con el Poder Judicial y de ejecutar las acciones que la ley y el presidente encomienden. Estudia las normas constitucionales y de la legislación civil, penal, comercial y de procedimiento, a fin de proponer al presidente reformas que estime necesarias. Lo asesora en los nombramientos de jueces.