Es difícil, pero no imposible, coincidir con alguna de las afirmaciones con que habitualmente se descarga el Presidente de la República. Lo lamentable es comprobar como él mismo, y a veces su entorno, se encargan de matar las solidaridades que provoca, comprometiendo con esa actitud la imagen del país y llegando incluso a deteriorar la seriedad de su propio partido político.

Lo que acaba de ocurrir con un proyecto de "ley de medios" configura uno de esos ejemplos y debería incorporarse a los manuales de ciencia política como ejemplo de lo que un gobierno no debería hacer nunca, pero que en el Uruguay sin embargo, se sigue haciendo.

Toda la historia comenzó en el mes de septiembre pasado, cuando el Presidente José Mujica, en una entrevista que le realizara la revista brasileña Veja, se manifestara en contra de medidas que apuntaran a "controlar o regular" los medios de comunicación de cualquier manera, cerrando sus comentarios con una sentencia en la cual expresó: "la mejor ley de prensa es la que no existe".

Esa declaración, tan liberal como oportuna, en un continente donde tanto se manosea la libertad de prensa, provocó una serie de lógicas solidaridades que se volcaron en diferentes medios, dando lugar en Internet a algunos desbordes como el de quienes saludaron al responsable como "Profesor de Política democrática", agradeciéndole por mostrar un camino de la razonabilidad, y agregando que sólo quien está muy seguro de sí mismo y no tiene nada que ocultar puede plantarse de esa manera con respecto a la prensa. El sentimiento se potenció cuando poco después de visita en Argentina afirmó que: "Si me traen una ley de medios, va a la papelera".

Lo lamentable es que paralelamente con esa euforia se estaba dejando crecer una iniciativa oficial promoviendo una nueva ley de medios, que el secretario general del Ministerio de Educación y Cultura dijo que era para "transparentar, democratizar y LIMITAR contenidos" (subrayado nuestro), lo que si bien es cierto que emanaba del texto, nadie se había animado a reconocer de manera tan terminante.

El polémico proyecto había nacido el 22 de julio a las 11 de la mañana en la Sala Auditorio de la Torre de las Comunicaciones, en un acto oficial convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, donde se presentó un documento base de veinticuatro páginas prolijamente impresas y se instaló un Comité Técnico Consultivo para la redacción de la nueva ley, en la cual estarían representadas, se dijo, la academia, el sector empresarial y la sociedad civil.

Desde entonces, hasta la semana pasada, un benemérito grupo de dieciséis ciudadanos del más diverso origen y en algunos casos de discutible representatividad, estuvieron trabajando con tenacidad digna de mejor causa dando a luz, luego de quince trabajosas reuniones, un "Informe Síntesis" de trece páginas que fuera aprobado el 6 de diciembre y se esperaba presentar en sociedad oficialmente el pasado viernes 3 de diciembre.

A la luz de lo que había trascendido, ya le habían salido al cruce más de un editorial en la prensa; una fundada declaración de Andebu emitida en Tacuarembó el 9 de octubre, otras de la Cámara de T.V. para abonados y una última, muy contundente, del Círculo de la Prensa. El tema llegó incluso a la S.I.P. que en la última Asamblea General que tuvo lugar en Mérida hizo una mención a sus riesgos.

Toda esa polvareda fue abruptamente cortada por el Presidente, y su vice, el 5 de diciembre pasado, cuando en uso de su particular estilo, dijo que lo tenían "podrido" de que le preguntaran acerca de una ley de medios; que nada le había llegado al respecto y que el día que le llegara iba a tirarla a la papelera.

Lo inconcebible es que se hiciera perder el tiempo inútilmente a tanta gente, fomentando otra tesis desde el propio gobierno y de lo cual aquéllos no tenían la más pálida idea.