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Ante la voluntad del gobierno de evaluar la creación de un Ministerio de Justicia, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) salió al cruce de esa posibilidad advirtiendo que, si finalmente se decide instaurar esa nueva secretaría de Estado, "no podrá invadir o cercenar las atribuciones que la Constitución vigente asigna al Poder Judicial".

La posibilidad de crear un Ministerio de Justicia surgió en la bancada de senadores del Frente Amplio, cuando casi al finalizar la discusión de la ley de Presupuesto se decidió -solo con los votos del oficialismo- incluir un artículo que encomienda a los ministerios de Educación, Interior y Economía el análisis del tema.

Ese estudio "incluirá su conformación jurídica, objetivos, cometidos, competencias, programas y los recursos que demandará", explica el artículo 542 de la ley de Presupuesto aprobada en el Senado y que no estaba en el texto que se votó en octubre en Diputados.

Por eso, ahora, la SCJ reivindica su independencia y alerta que si se aprueba la creación del Ministerio de Justicia y éste asume competencias en asuntos internos de gestión del Poder Judicial, "deberá procederse a la reforma de la Constitución de la República", dice la Corporación (remitido en página A9).

Durante la discusión parlamentaria, el senador Carlos Gamou (suplente de Eleuterio Fernández Huidobro) justificó la creación del Ministerio de Justicia debido a que, según su visión, la SCJ "no sabe administrar los recursos" que tiene.

En el comunicado, la Corporación resaltó que el presupuesto anual del Poder Judicial es de $ 2.658.779.283, lo que equivale a menos del 1,30% del Presupuesto Nacional. Con ese dinero se administran todos los juzgados del país y se pagan los sueldos de más de 4.500 funcionarios técnicos (jueces y actuarios) y el personal administrativo, dice la Corporación.

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, así como los restantes cuatro ministros, prevén realizar en la mañana de hoy una conferencia de prensa para abundar sobre el tema.

La SCJ señala que en el último tiempo se "han afrontado" nuevos requerimientos legales como la creación de juzgados de violencia doméstica y sedes laborales de instancia única, que el Poder Judicial puso en funcionamiento "con sus propios medios" económicos. Y critica que por falta de apoyo político, no se pudo "contar con los medios materiales comprometidos oportunamente".