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S. CABRERA / E. DELGADO

El giro del gobierno, que tomó medidas duras para frenar acciones corporativas, es visto en el oficialismo como natural ante situaciones donde había que poner límites. Pero se advierte que las medidas radicales no deben ser la tónica de la gestión.

Y los líderes de la oposición observan que al presidente José Mujica no le quedaba otra opción que ejercer la autoridad, pero también dicen que el Poder Ejecutivo tomó medias extremas porque antes dejó pasar un tiempo valioso sin definir acciones concretas.

En un lapso de pocas semanas y después de un año en el que se ha acusado al presidente de hablar mucho y hacer poco, el gobierno parece haberse puesto firme ante desbordes sindicales o corporativos. La lista se inicia con el decreto que obligó a los funcionarios públicos a trabajar seis horas, el decreto de esencialidad para Adeom y los guardavidas, la decisión de apelar a los militares para recoger la basura y la reciente ley de emergencia sanitaria, que obliga a los anestesistas a trabajar en hospitales públicos un 20% de las horas que hacen en el sector privado.

Y esa lista puede ser aún más larga porque el gobierno del Frente Amplio (FA) ha amenazado con declarar la esencialidad en el conflicto bancario.

El senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) dijo a El País que "había llegado un momento donde el gobierno debía dar señales de que pone límites" y que por eso Mujica "ha tomado medidas extraordinarias para temas extraordinarios". Pero alertó: "No creo que esto deba ser lo normal. Lo deseable es que no se repita".

El senador del MPP Ernesto Agazzi, muy cercano a Mujica, puso un ejemplo para dejar clara la situación: "Es igual que con un hijo. Se conversa, se dialoga, se escucha, se tironea, pero después debe resolver el padre. El gobierno debe gobernar, si no renuncia".

Agazzi cree que, en los casos mencionados, hubo "una contradicción de intereses" entre toda la sociedad y un grupo de personas. "Si unos pocos, que bastante privilegiados están, no juntan la basura y toda la sociedad está molesta porque tiene derecho a vivir en una sociedad limpia, alguien debe laudar. ¿Puede un pequeño grupo de personas decir que no hace más casamientos?", preguntó.

El hecho de que las medidas hayan sido adoptadas por un gobierno de izquierda y por un presidente que fue guerrillero y afín a los sindicatos llama más la atención. "La izquierda en Uruguay siempre había demandado, había pedido. En los programas del FA las palabras `exigencia de gestión` son bastante nuevas", dijo Agazzi.

Y el vicepresidente Danilo Astori (Asamblea Uruguay) afirmó a El País que el gobierno "ha encontrado un buen equilibrio entre la paciencia, la disposición al diálogo, la tolerancia y la búsqueda de consensos, y el ejercicio de la autoridad" (ver entrevista en la página A8).

El peligro puede radicar en perder ese equilibrio y, por eso, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi indicó que el gobierno "no puede abusar" de las medidas duras (ver aparte).

El Partido Comunista (PCU), en tanto, observa la situación desde un lugar delicado: integra el gobierno y la intendenta es de su sector, pero tiene fuerte peso en los sindicatos. "Nosotros somos gobierno, fuerza política, trabajadores y vecinos", dijo el dirigente comunista Daniel Marsiglia.

El PCU "dio todo el apoyo y solidaridad" en la esencialidad de la basura y le parece "correcta" la medida adoptada con los anestesistas, indicó Marsiglia, aunque coincidió que son "medidas extraordinarias" que no deberían repetirse.

AUTORIDAD. La oposición sigue atentamente los pasos de Mujica. El presidente del Directorio nacionalista Luis Alberto Laca-lle admitió que el gobierno "ha tomado un camino de reafirmar la autoridad y defender el bien común en el caso de la esencialidad de la basura". Pero también cree que "la actitud antigua e histórica del FA es responsable por estas actitudes extremas del sindicalismo".

El secretario general colorado Pedro Bordaberry tiene una visión más crítica. "El presidente y el gobierno no ejerció la autoridad a tiempo, no se dio cuenta que gobernar es tomar decisiones. No lo hizo durante mucho tiempo y la situación se le salió de cauce", aseguró.

A Mujica le faltó previsión, según Bordaberry: "Si uno ve que en un cruce un auto se va a tirar, ya entra a frenar 50 metros antes. Pero si sigue a la misma velocidad tiene que clavar los frenos de golpe. Y eso pasó". El senador colorado cree que Mujica actuó con ingenuidad. "El presidente se creyó que chamuyando y conversando iba a arreglar las cosas y un día se dio cuenta que no era así", explicó.

Y, a su juicio, también influye el cortocircuito entre el PCU y el MPP: "Debe haber tenido algo que ver".

Otro error, según el secretario general colorado, es haber prorrogado los consejos de salarios del sector privado, que coincidieron con la discusión de la ley de Presupuesto. "Y el Ministerio de Trabajo no da abasto, no tiene estrategia para encarar tanta cosa", concluyó.

Lacalle y Bordaberry tienen diferentes visiones sobre la ley de emergencia sanitaria. El ex presidente blanco cree que esa norma "es correcta en la intención, pero inconstitucional e ilegal porque va contra la Constitución y la libertad".

Bordaberry, en cambio, no considera inconstitucional la medida, pero sí excepcional: "El decreto de esencialidad de (Jorge) Pacheco, lo que llamaban pachecato y hoy podemos llamar mujicato, obligaba a trabajar a los que tenían trabajo. Pero esto obliga a trabajar a los que no tienen trabajo. Les dicen `vos trabajás acá`".

Ex sindicalista de la bebida, el diputado frenteamplista Jorge Pozzi cree que el Frente Amplio (FA) es responsable del actual panorama sindical, ya que se "nutrió" de cuadros sindicales durante los dos gobiernos y "prácticamente vació al movimiento sindical de gente valiosa". Por eso, Pozzi plantea que "el gobierno y el FA" aporten recursos económicos y humanos para la formación sindical.

Hoy el Pit-Cnt cuenta con una escuela en el Instituto Cuesta Duarte, pero Pozzi dijo a El País que esa formación debe ser "mucho más profunda". A su juicio, el FA tiene una "deuda pendiente" con la central.

Otra polémica propuesta del diputado nuevoespacista es que el Pit-Cnt organice charlas en todos los liceos, en una línea similar a como lo hacen los empresarios. "No pretendo que haya una materia sobre sindicalismo. Pero sí charlas donde se explique qué es ser sindicalista, cuál es la historia del movimiento sindical, los objetivos, las causas y sus reivindicaciones. De esos liceales, unos cuantos pueden terminar siendo dirigentes sindicales", admitió.

La bancada oficialista cuenta con varios legisladores con un pasado sindical y que hoy no tienen inconveniente en criticar el accionar de sus ex compañeros.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Ivonne Passada (MPP), fue sindicalista de la educación e integró la dirección del Pit-Cnt, donde ocupó el cargo de coordinadora del Secretariado. Passada justificó las medidas del gobierno, ya que "para gobernar hay que dar respuestas y el gobierno tiene una responsabilidad política" que cumplir. La diputada está convencida que el movimiento sindical tiene mucho para discutir: "Si el gobierno toma una medida de esencialidad, significa que hay un fracaso en la estrategia del sindicato. Me pregunto si la estrategia del movimiento sindical fue correcta cuando las medidas afectan la salud o la higiene".

El diputado socialista Gustavo Bernini, ex dirigente bancario, dijo a El País que el FA "luchó toda la vida por la libertad sindical y en el gobierno anterior aprobó cerca de 40 leyes laborales", pero "cuando llegan situaciones donde se plantea una posible emergencia sanitaria por medidas sindicales, el gobierno debe asumir el rol de preservar la vida, salud y seguridad de la gente".

Bernini discrepa con la estrategia llevada adelante por AEBU. "Dos veces se estuvo más de quince días sin ir a cámara compensadora (de cheques). Eso tuvo un impacto brutal en la población, sobre todo en los sectores más débiles. Hubo trabajadores que no pudieron cobrar salarios. Hubo dificultades para el cobro de jubilaciones y es objetivo que el pequeño y mediano comerciante vio afectado su propio giro comercial", relató Bernini.

El diputado Jorge Pozzi, que integró el sindicato de funcionarios de la bebida, puso una luz amarilla sobre los próximos pasos del gobierno. "A mí no me gustan las medidas de este tipo, no me gustaban antes ni ahora. Es verdad que había que dar señales, pero tampoco se puede abusar e intentar aplicar medidas de fuerza en todos los conflictos", explicó.