Balean un comerciante cada dos días", tituló El País recientemente. La nota periodística consignaba una impresionante sucesión de asaltos a almaceneros cometidos en la primera quincena de septiembre.

Asaltos sangrientos, que eso es lo peor de la situación actual, con almaceneros -a veces, marido y mujer, como en un caso conmovedor ocurrido la semana pasada- baleados a mansalva. Una secuela de crímenes en donde sus autores, la casi totalidad menores de edad, tiraron a matar, con total desprecio por la vida de sus semejantes. En muchas ocasiones se trata de menores fugados de centros de detención y con frondosos antecedentes judiciales.

Con toda razón, se generaliza la inquietud entre los pequeños propietarios de comercios que en los últimos años han sido las víctimas más comunes de la violencia juvenil. Una escalada que los obligó a tomar preventivas, a enrejarse, instalar sistemas de alarma y cámaras de video, a contratar seguridad privada y, finalmente, a armarse hasta los dientes. Se explica entonces que, cada vez con más frecuencia, se conozcan episodios en donde las víctimas del delito buscan repeler por la fuerza a los asaltantes. Se trata de pura violencia privada, es decir, aquello que el Estado -por definición- debería impedir, que está en su propia razón de ser y que justifica la existencia de las fuerzas para garantizar la seguridad pública. Las fallas estatales en esta materia tienen graves consecuencias.

Así lo señala un Fiscal de Menores, Gustavo Zubía, quien se declara alarmado por el aumento de casos en donde existe justicia por mano propia. "Hubieron últimamente muchos adolescentes baleados o muertos, sobre todo por parte de comerciantes que han sido robados en decenas de casos y que sienten que el Estado no cumple con sus fines primarios de seguridad", explicó Zubía. Añadió que lo inquieta observar que la gente pide cada vez más que se reprima con la mayor dureza posible a los adolescentes infractores.

Sus palabras, recogidas en el semanario Búsqueda, reflejan la gravedad de la situación y constituyen a la vez una prueba irrefutable del fracaso de este gobierno en el rubro seguridad.