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El Poder Judicial iniciará mañana su actividad de 2011, tras el receso de enero. Así se retomará la investigación por corrupción en la Armada y volverán a tramitarse causas por crímenes de la dictadura que implican a varios militares retirados.

Como todos los 1° de febrero, la Justicia reanuda mañana su actividad habitual tras la Feria Judicial Mayor. La ceremonia protocolar que pondrá fin al receso ocurrirá en la sede de la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Leslie Van Rompaey asumirá la presidencial anual de la Corporación.

Cuando los jueces regresen a sus despachos, varios magistrados volverán a tramitar casos muy polémicos y de alta exposición pública. Y en ese sentido sobresalen causas que harán que integrantes de las Fuerzas Armadas deban comparecer a partir de febrero como indagados ante los tribunales.

Por un lado, se retomarán las citaciones en varios casos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973 - 1985) por los cuales una importante cantidad de militares retirados (principalmente del Ejército y la Fuerza Aérea) tendrán que responder por homicidios y desapariciones de opositores al régimen de facto.

Y por otro, en uno de los casos de corrupción pública más importante de los últimos tiempos, oficiales de la Armada en actividad y en condición de retiro serán indagados en relación a las maniobras fraudulentas de compras descubiertas en la fuerza de mar.

DERECHOS HUMANOS. Ante la inminencia de nuevas citaciones y posibles procesamientos, un grupo de 29 promociones militares conformó el grupo Foro Libertad y Concordia, que envió una carta a los comandantes de las tres fuerzas reclamando acciones para evitar otros enjuiciamientos por hechos de la dictadura.

El grupo, integrado por militares retirados y en actividad, se conformó tras el procesamiento en 2010 del general Miguel Dalmao por el caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Desde mañana varios expedientes por homicidios y desapariciones y por torturas a presos políticos reiniciarán su instrucción. Se estima que decenas de militares serán citados.

Entre esos expedientes se encuentran 19 muertes y desapariciones que se investigan en forma conjunta al juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry, a cargo de la jueza penal Mariana Mota.

La misma magistrada también dará trámite a una denuncia presentada por 12 ex presos políticos que pidieron que se investiguen las torturas que sufrieron en la base aérea de Boiso Lanza, actual sede del comando de la Fuerza Aérea.

Además, el juez Eduardo Pereyra interrogará a varios militares que prestaban servicio en el Batallón Florida por el homicidio del ciudadano argentino Gerardo Alter, militante del MLN, quien estaba detenido en esa dependencia castrense en agosto de 1973.

A su vez, el juez Sergio Torres debe decidir si procesa al coronel (r) Tranquilino Machado, a quien el fiscal Juan Gómez responsabiliza por el homicidio de Ramón Peré, en julio de 1973.

Corrupción naval. A cargo de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, los expedientes que indagan maniobras en compras de la Armada también tendrán novedades en el corto plazo.

Las magistradas indagan una red de compras ficticias por las cuales fueron procesados en agosto de 2010 cuatro altos oficiales navales, entre ellos, el ex comandante Juan Fernández Maggio.

Los marinos enjuiciados fueron responsabilizados por la simulación en 2008 de la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por US$ 600.000.

Sin embargo, a partir de febrero, se indagará la existencia de otras maniobras similares a partir de 2003, lo que podría derivar en nuevos procesamientos. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero analizan, al menos, otras 16 compras que habrían sido fraguadas, por lo que además de marinos, también serán citados empresarios.

Pero además, las magistradas también investigan maniobras realizadas por oficiales navales con unos 4.500 vales de combustible. En tanto que otros oficiales navales serán indagados por aparentes manejos irregulares de fondos que la fuerza de mar tenía depositados en una cuenta en un banco de Alemania.

Por otro lado, Gatti y Ferrero también se pronunciarán en relación al presunto pago de sobreprecios por 16 lanchas patrulleras que la Armada adquirió en 2007 por US$ 6.200.000, siendo que existía una oferta que era más conveniente.

19 Es el total de homicidios y desapariciones que la Justicia investigará en forma conexa a la causa contra Juan María Bordaberry.

4 Son los oficiales de la Armada procesados por las "compras fantasmas". Entre ellos, el ex comandante Juan Fernández Maggio.

En los primeros acuerdos de febrero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidirán si inician un sumario administrativo al juez de la Ciudad de la Costa Juvenal Javier, quien el pasado 30 de diciembre dejó en libertad al menor de 17 años apodado "El Pelón", quien en 2010 cometió dos homicidios y que tres días después de ser liberado asesinó a un repartidor de cigarros en Colonia Nicolich.

El juez dejó en libertad al menor en virtud de lo que dispone el artículo 79 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que prevé que los jóvenes internados en forma provisoria no pueden continuar privados de su libertad si la sentencia de primera instancia no se dicta en un plazo máximo de 60 días.

A principios de enero, el magistrado Javier explicó los detalles del caso al ministro de Feria de la SCJ, Jorge Larrieux. De todos modos, la Corporación abrió un expediente administrativo sobre el cual los cinco ministros tendránque pronunciarse y resolver si hay mérito para disponer el inicio de un sumario administrativo contra el juez.

"Sin dudas que un caso de este tipo impacta negativamente en la imagen pública del Poder Judicial, porque es una situación muy difícil de explicar cómo se puede dejar libre a un adolescente después de haber cometido tres homicidios en tan poco tiempo", consideró días atrás en una entrevista con El País el ministro Leslie Van Rompaey, quien mañana asumirá la presidencia anual de la SCJ.

El caso de "El Pelón" reavivó el debate sobre si es conveniente que los menores infractores mantengan sus antecedentes una vez que llegan a la mayoría de edad. Desde la oposición se reclaman cambios al CNA de manera que ello sea posible, y en los últimos días distintos representantes del gobierno se han mostrado a favor de tal solución.

Además, el pasado jueves 27, Van Rompaey concurrió a una comisión parlamentaria que analiza posibles cambios al CNA y planteó que se debe ampliar el plazo de 60 días para el dictado de sentencia. El pedido tuvo eco entre los legisladores que están dispuestos a impulsar esa modificación.

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe retomarán a partir de febrero el caso que indaga la actuación del ex ministro Gonzalo Fernández en la derogación del delito por el cual habían sido procesados en agosto de 2002 los hermanos Peirano Basso. El estudio jurídico de Fernández representa al contador Juan Domingo Ratti, ex director del Banco de Montevideo que también fue procesado junto a los ex banqueros.

El juez penal Eduardo Pereyra junto con el fiscal Juan Gómez reanudarán las audiencias en el caso que indaga presuntas irregularidades cometidas por el médico forense Guido Berro, ex director de la Morgue Judicial. El médico fue denunciado por la Suprema Corte de Justicia por aparentes irregularidades en el manejo de órganos y cadáveres.

En los próximos meses se conocerá la condena de primera instancia del ex director de los casinos de la Intendencia de Montevideo Juan Carlos Bengoa, procesado en 2007. El fiscal Diego Pérez deberá decidir si pide a la jueza Fanny Canessa la condena o la absolución del ex jerarca municipal.

La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe continuarán con la investigación por las irregularidades registradas en la empresa Fripur S.A. y la exigua sanción impuesta por el gobierno a esa firma.