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La comisión de Constitución del Senado reactiva esta tarde el tratamiento del proyecto interpretativo sobre la ley de Caducidad -recibirá a una delegación de juristas-, y en forma paralela el Frente Amplio (FA) intentará buscar un acuerdo interno que concluiría en una iniciativa distinta a la que hoy está sobre la mesa.

El proyecto interpretativo declara que tres artículos de la ley "presentan una ilegitimidad manifiesta" y "carecen de valor jurídico alguno". Y dice que el archivo de las actuaciones "no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada".

Pero la iniciativa no tiene futuro, dado que es rechazada por tres senadores del FA: Jorge Saravia (Espacio 609), Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L).

Este último dijo ayer a El País que la postura de su sector, fijada a fines del año pasado, se mantiene "incólume". Fernández Huidobro recordó que la CAP-L piensa que "el texto actual tal como está ofrece demasiados flancos en materia de inconstitucionalidad como para ser aprobado y que no se conseguirá el objetivo que se dice que se procura conseguir".

La CAP-L planteó que, sea cual sea el texto, "debe ser sometido a plebiscito popular", recordó el senador.

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio), presidente de la comisión de Constitución, dijo a El País que el Parlamento seguirá "escuchando voces jurídicas", mientras que el FA "retomará las negociaciones" durante las próximas semanas. La idea es que entre marzo y abril la coalición de izquierda logre una solución. En ese sentido, hay una fecha clave: el 19 de marzo sesionará el Plenario Nacional del FA, donde se decidiría qué hacer en el Senado.

El dirigente del PVP Carlos Coitiño dijo a El País que el FA tiene una definición "y deberá cumplirla". Dijo que "el problema es de aquellos que desacaten las decisiones de la fuerza política".

Además del PVP, la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio han sido los más reacios a dar marcha atrás respecto al proyecto interpretativo, pero en el FA hay consenso en que -al no tener los votos para sancionarlo- debe buscarse una propuesta alternativa.

En ese sentido, el vicepresidente Danilo Astori planteó un proyecto que derogue la ley de Caducidad. Eso, a diferencia de la anulación, no tiene retroactividad y no afecta los casos ya estudiados por la Justicia.

El diputado Víctor Semproni (Espacio 609) maneja un proyecto que anula la ley y faculta al Poder Judicial a abrir los casos cerrados. También está el planteo del exsenador socialista José Korzeniak de impulsar una iniciativa popular, para lo que se necesita el 25% de las firmas del padrón electoral.