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GASTÓN PÉRGOLA

Las personas que utilizan en sus hogares decodificadores con software ilegal para ver señales satelitales codificadas sin pagar serán sometidas a acciones judiciales y allanamiento policial. La acción es impulsada por varias empresas agrupadas.

Un relevamiento exhaustivo realizado por la Cámara de lucha contra la piratería y el contrabando, donde se agrupan 12 empresas -entre ellos operadores de televisión para abonados y firmas titulares de software- detectó a más de 1.000 personas que utilizan hoy en sus hogares receptores para ver ilegalmente televisión para abonados en forma gratuita.

Una vez recabados los datos necesarios, la cámara se apresta ahora, amparada en la ley 17.520 (ver recuadro), a comenzar "una fuerte ofensiva judicial", que implica denuncias y solicitud de allanamientos en los hogares detectados. La ley prevé multas (de entre $40.000 y $ 400.000), incautaciones, y hasta habilita a pedir el procesamiento de los involucrados.

La recolección de datos, que duró dos meses y se hizo a nivel nacional, registró una fuerte presencia de dichas irregularidades en los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja y Montevideo, además de algunas zonas de la Costa de Oro, informó Virginia Cervieri, abogada representante.

Precisamente en la capital se detectaron situaciones irregulares en varios apartamentos de Pocitos y casas de Punta Gorda y Carrasco, según la información recabada por la agrupación de empresas. Para Cervieri tiene lógica, ya que contar con un equipo que permita realizar la operación (antena, decodificador e instalación del software) cuesta en el entorno de los US$ 500.

"No cualquiera puede acceder a este tipo de aparatos. Se ven en todos lados, pero hemos detectado muchas irregularidades en barrios donde vive gente de clase media alta. Y sobre todo en segundas casas, como puede ser la de veraneo. Eso es muy común", enfatizó.

Hasta el momento se han hecho 10 allanamientos policiales en Montevideo y Lavalleja, según confirmó Cervieri a El País, que terminaron con la incautación de la antena y decodificador. "Estos primeros casos están ahora en manos de la Justicia, que determinará multas o procesamientos", dijo.

En cuanto al procedimiento que se aplica, primero se procede a realizar la denuncia, luego se pide una orden de allanamiento para ingresar al hogar de quien se sospecha comete el delito y se constata o no.

¿EL AIRE ES LIBRE? Si bien la compra y utilización de la antena y el decodificador no constituye una ilegalidad, el delito se configura cuando la persona instala (por conocimiento propio o a través de técnicos) un software que permite que las señales satelitales "encriptadas" por las que se tiene acceso sólo a través de suscripción terminen siendo vistas de forma gratuita.

"La compra del aparato en sí no es ilegal. Por eso se comercializa en el mercado y con boleta. Con esa antena y decodificador uno puede ver señales libres, como canales abiertos, y eso no es un delito. Pero cuando le cargan un software al decodificador para burlar las licencias del original y permite que se vean señales pagas, eso sí es un delito", ejemplificó la abogada.

Consultada sobre cómo se obtuvo la información para determinar posibles casos de delito en hogares, Cervieri dijo que realizaron registro gráfico (fotografías) del lugar, con la ubicación de la antena y la sospecha de un uso ilegal.

El uso de Google Earth para relevamientos también constituyó otra herramienta de recolección de datos, aunque en casos puntuales, según afirmó Cervieri.

"Algunos fueron relevados personalmente, otros con tecnología. Presentamos los casos donde sabemos que en un 90% la persona está cometiendo un delito. Hay todo un trabajo previo de investigación. No es que vamos a todos los juzgados del país y presentamos denuncia por todas las casas que tienen una antena redonda en el frente", afirmó la representante de la cámara.

Como ejemplo puso a clubes barriales o bares que cometen el delito sin el mínimo reparo. "Hemos visto que un bar anuncia la emisión de un partido que se ve con suscripción y al chequear, no tienen contratado a ningún operador", afirmó.

En julio de 2002, bajo el número 17.520 se creó la ley sobre el "Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción".

Entre sus artículos menciona que toda persona que, para provecho propio o de un tercero, captare señales trasmitidas por cualquier medio destinadas exclusivamente a ser recibidas en régimen de abonados, sin serlo, será castigado con 80 Unidades Reajustables a 800 UR de multa (que equivale de $ 40.320 a $ 403.200). También menciona el castigo "de prisión".

El articulo 2 de la ley también repara en la persona que realiza la instalación. En su texto dice: "El que, con o sin ánimo de lucro, efectuare a favor de un tercero, las instalaciones, manipulaciones, o cualquier otra actividad necesaria para la obtención de los hechos que determinan la conducta típica descrita en el artículo anterior, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría".

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, la ley indica que "el juez actuante dispondrá el decomiso de los objetos empleados para la comisión del delito, incluido el receptor en que se recoja la señal obtenida ilegítimamente, los que serán entregados al Ministerio de Educación y Cultura, para que éste les dé el destino que estime conveniente", expresa.

Desde que Google puso a disposición en 2005 su herramienta satelital, se le han encontrado diversos usos. Google Earth ha sido empleado en investigaciones de distinto tipo: en Uruguay, para actualizar mapas catastrales y detectar construcciones o modificaciones en inmuebles que pudieran haber sido hechas sin las autorizaciones correspondientes.

En el mismo sentido es empleado por la DGI: el director de rentas Pablo Ferreri dijo que el organismo cuenta con una herramienta satelital que es como "un Google Earth más sofisticado y actualizado". ¿Para qué sirve? Por ejemplo, dijo, en "las declaraciones de empresas agropecuarias" el sistema permitirá "sacar una foto (del establecimiento) el día del balance y ver (si) las cabezas de ganado" coinciden con las declaradas.

En Argentina también se emplea para control fiscal y en Nueva York y Grecia, específicamente para detectar piscinas construidas sin haber realizado los aportes: en los suburbios de la ciudad de Atenas había miles.

"Instale la antena, con decodificador y software incluido y vea 600 canales gratis. En módicas cuotas". Así reza un folleto que publicita el servicio, que refleja la otra parte del delito. "La persona por sí sola no es capaz de instalarse la antena como tiene que ir, el decodificador y el software. Si bien comete un delito, hay alguien que lucra con eso. Hay técnicos o empresas que lo hacen", afirmó Virginia Cervieri, abogada de la Cámara de lucha contra la piratería y el contrabando. Tales casos también están en la mira. "Vamos a tomar medidas en lo que es el negocio, pero estamos trabajando un poquito más fino acá", comentó.

La ley prevé que quien haga negocio con dicha situación sea castigado "con pena de tres a veinticuatro meses de prisión".