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DANIEL ISGLEAS / PABLO MELÉNDREZ

Los centros sociales militares presentarán una denuncia a nivel internacional contra el Estado uruguayo porque, dicen, los procesos judiciales por casos de la dictadura no ofrecen garantías. Evalúan recurrir a la CIDH o ante un tribunal de la ONU.

Falta de pruebas, carencia de las debidas garantías de defensa y prescripción de los presuntos delitos. Esos son los principales argumentos por los cuales los militares entienden que sus camaradas procesados por hechos de la dictadura están sufriendo una prisión injusta.

Por eso, los centros sociales militares, que reúnen a personal en actividad y en retiro (Centro Militar, Círculo Militar, Club Naval, Club de la Fuerza Aérea, Centro de Suboficiales Retirados, y las cooperativas sociales y de consumo de las Fuerzas Armadas) analizan la opción de presentar una denuncia a nivel internacional contra el Estado uruguayo.

La acción será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, y eventualmente ante la Corte de La Haya, según adelantó a El País el presidente del Centro Militar, coronel retirado Guillermo Cedrez.

Si bien ya hay un equipo de abogados trabajando en el tema, la intención es contactar a un jurista con experiencia en materia de acciones ante organismos internacionales, según indicó el oficial retirado.

INDEPENDENCIA. Los centros sociales militares presentaron a mediados de marzo un pedido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que la Corporación dispusiera "con carácter grave y urgente una investigación administrativa sobre lo actuado en los procesos penales" iniciados contra militares por hechos de la dictadura.

En particular, en el escrito se cuestiona el procesamiento del general Miguel Dalmao por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, así como las apreciaciones de la jueza Mariana Mota, quien al confirmar el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno, cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse.

Sin embargo, la SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados", según la resolución de la Corporación fechada el pasado 25 de marzo, a la cual tuvo acceso El País.

"La intervención de la Corporación que pretenden los comparecientes no es jurídicamente viable en el sentido de que la misma revea los errores técnicos graves de los magistrados que fueron mencionados", dice la resolución.

Los ministros de la SCJ señalan que los casos que se cuestionan en el escrito están en etapa de ser recurridos por la vía de la apelación.

"En realidad, no éramos muy optimistas en cuanto a que la Suprema Corte tomara una decisión favorable" a este pedido de los centros sociales militares, dijo Cedrez a El País.

CADUCIDAD. El miércoles 30, los titulares de los centros sociales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, más el centro de suboficiales de las Fuerzas Armadas, que agrupa a personal subalterno en actividad y retiro, fueron recibidos por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, con quien analizaron diversos asuntos, entre ellos la posible anulación de la ley de Caducidad.

Según dijeron a El País participantes de la reunión, allí ambas partes dieron su punto de vista. Los militares consideraron que anularla supone una "ilegalidad flagrante" y temen que se incluyan algunas disposiciones como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y la invalidación de la cosa juzgada en muchos de los casos analizados.

A su vez, el ministro Rosadilla les manifestó la "honda preocupación" que tiene por la aprobación de la ley interpretativa que anula los efectos de la ley, y añadió que luego del "trabajo" que supuso pedirle la firma a los ciudadanos para someter a consulta popular la ley de Caducidad, tanto en 1989 como en 2009, "no se puede desconocer la decisión de la gente", lo cual admitió que lo "desmotiva" porque "cambia las reglas de juego", dijeron los informantes.

Los representantes de los centros expresaron al ministro que se sienten "desamparados" y "ostensiblemente perjudicados" y que la anulación de la ley 18.848 acentuará esa situación.

Rosadilla pertenece al sector del Frente Amplio "Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad" (CAP-L), que está en contra de anular la ley, aunque su representante en el Senado, Eleuterio Fernández Huidobro, ya anunció que votará la anulación por mandato partidario.

Al ser parte de su masa social, los centros militares dialogan regularmente sobre estos temas con los uniformados en actividad quienes coinciden en la preocupación.

La semana pasada, Rosadilla trasmitió su pensamiento sobre la anulación de la ley a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a quienes convocó a su despacho.

Ayer, en el programa Quien es Quien, de Diamante FM, el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, se manifestó abiertamente en contra de anular la ley de Caducidad. "El debate por la ley de Caducidad atropella el estado de Derecho, el sufragio y los pronunciamientos populares. El Frente Amplio está anclado en el pasado y en el revisionismo", dijo.

"Esta ley va a ser inconstitucional", añadió, en función de lo cual abrió una serie de posibles acciones futuras como presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte o, incluso, una recolección de firmas para someter a consulta popular la anulación de esa ley interpretativa.

La Justicia y la Policía han logrado algunos avances en la investigación del presunto video donde supuestos militares amenazan a jueces y fiscales que actúan en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijeron a El País fuentes de la investigación. Ayer, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero se reunieron con los investigadores de la Dirección de Información e Inteligencia para evaluar el avance de la indagatoria y analizar los próximos pasos a seguir. Hasta el momento, el juez Díaz y la fiscal Ferrero solamente tomaron declaración el presidente José Mujica, ya que fue la única persona que admitió públicamente haber tenido contacto con el material, aunque al parecer solamente habría visto imágenes sin audio en una computadora.

El Foro "Libertad y Concordia" considera que los militares salen "mal parados" y que el gobierno "se beneficia" con el episodio de las imágenes con amenazas a los jueces y fiscales, según dijo el coronel retirado Héctor Varela, integrante de esa agrupación.

Varela sostuvo que el episodio no solo "perjudica a los militares procesados" por delitos durante la dictadura, sino también a los oficiales que en los próximos días, luego de que se anulen los efectos de la ley de Caducidad, comiencen a ser citados a los juzgados.

"Si uno analiza a quién estas imágenes perjudican y a quién favorecen, queda claro que los militares son los que salen mal parados. Pone a las Fuerzas Armadas en tela de juicio, en medio de un mar de dudas y de interrogantes sobre el origen y las causas. Los retirados, sobre todo aquellos que fueron citados a declarar, también son perjudicados porque los jueces y fiscales quedaron predispuestos de alguna manera por el tema", dijo Varela.

Entre los militares retirados pertenecientes a esta agrupación existe la presunción que detrás de este tema existiría "un trasfondo de interceptaciones telefónicas" que le permitió al gobierno armar una "cortina de humo" para desviar la atención de otros problemas sociales, añadió Varela.

"Es muy difícil identificar y precisar el origen del video. Lo que sí es claro es que quien sale más beneficiado con todo esto es el propio gobierno. Se prevé que van a ir más de treinta oficiales a declarar y los jueces y fiscales están predispuestos", sostuvo.

El oficial retirado dijo que el video también perjudica al sistema de seguridad del Estado como lo demuestra la remoción del coordinador de inteligencia, Augusto Gregori, resuelta por el presidente José Mujica.