GERARDO SOTELO

Pongámoslo así: el senador Pedro Bordaberry y Vamos Uruguay creen que bajando la edad de imputabilidad penal se va a lograr abatir la delincuencia. Por eso recorren el país procurando juntar las firmas suficientes como para someter el tema a la consideración ciudadana en el año 2014. Como se ve, la iniciativa no resulta sostenible ni siquiera en su mejor versión. Para el derecho positivo uruguayo, la edad de imputabilidad penal no está en los 18 sino en los 13 años. El problema con los menores que delinquen no es que sean inimputables sino que la privación de libertad la cumplen en lugares de donde se fugan con facilidad, para volver a las calles a delinquir. De prosperar la iniciativa de Vamos Uruguay, esos trescientos jóvenes irán a la cárcel, donde ya malviven unos nueve mil mayores que no parecen estar reeducándose sino profundizando su marginación y su resentimiento. Cuando salgan en libertad, en cuatro o cinco años, habrán acumulado suficiente humillación y pasta base como para reaparecer en las calles para delinquir con más violencia. Ni reeducación, ni disminución de la delincuencia, ni nada de nada.

Un tema tan delicado como este ameritaría otro tipo de iniciativas políticas, acaso unas que se correspondan con la sensación de urgencia y gravedad con que lo vive la ciudadanía, expresada en el éxito que está teniendo la recolección de firmas. La falta de votos en el Parlamento no es excusa para tomar por atajos inconducentes. En caso de triunfar en las urnas, la "solución" de los colorados no llegará hasta dentro de cuatro años. Si para entonces los defensores de la rebaja de la edad de imputación penal van a ser mayoría, podrán presentar en el Parlamento un proyecto de ley que rebaje lo que ya está rebajado en la legislación actual.

La realidad indica que ya están en curso medidas institucionales y legislativas consensuadas por los actores políticos, que vacían de contenido la iniciativa de Vamos Uruguay en la media que apuntan a los temas de fondo: mejorar la seguridad de los centros de reclusión que alojan a los menores, modificar algunos aspectos del Código de la Niñez e intentar ofrecerles algo parecido a una oportunidad de vivir una vida provechosa.

¿De verdad creía Bordaberry que iba a movilizar a los militantes colorados en todo el país ante el silencio o la complicidad de sus competidores? ¿Alguien puede suponer que el líder colorado y sus compañeros de Vamos Uruguay son así de ingenuos? ¿No? Entonces, debemos revisar la hipótesis del primer párrafo y preguntarnos qué fue lo que motivó al sector encabezado por Bordaberry a juntar firmas durante los tres años y medio que nos separan de las próximas elecciones. Si fue el estatus jurídico del 5 por ciento de los delincuentes (el 95 por ciento restante son mayores) o la intención, legítima pero soterrada, de movilizar a los colorados y captar voluntades ciudadanas atrás de una iniciativa que no conduce a ninguna parte y que no resulta fácilmente sostenible ni siquiera en su mejor versión.