Unicef advirtió que cualquier cambio en la legislación para permitir el juzgamiento de menores viola a los compromisos firmados por Uruguay.

Al debate público sobre la posibilidad de realizar un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de los menores, se suman críticas de UNICEF a la iniciativa impulsada por el senador Pedro Bordaberry.

"Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos surgidos por el estado uruguayo ante la comunidad internacional´´, señaló Unicef en un comunicado.

Según el comunicado, el 28 de setiembre de 1990, Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas por la Convención se apliquen en el país.

Unicef recordó que en materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto y que debe implementarse un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad que garantice la presunción de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas diferenciadas. La privación de libertad, agregó, es una medida de último recurso.

Unicef reconoció, sin embargo, que hay consenso "entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública´´.