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En su informe sobre derechos humanos 2010, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de "inhumana" la situación en las cárceles en Uruguay, aunque destacó avances del gobierno en el tema.

El gobierno estadounidense su informe sobre los derechos humanos en el mundo, que contiene un capítulo sobre Uruguay. Allí señala que "los principales abusos de derechos humanos incluyeron grave hacinamiento, condiciones inhumanas y mal estado en el sistema carcelario, violencia contra la mujer y trata de personas".

El informe hace hincapié en las condiciones penitenciarias, que "continuaron siendo malas, ya que el gobierno no mantuvo adecuadamente las envejecidas instalaciones y proporcionó recursos insuficientes para el sistema carcelario".

Sostiene que "la superpoblación continuó siendo un problema a pesar de los esfuerzos del gobierno para construir más locales carcelarios" y que de acuerdo con cifras del gobierno, la población total de reclusos al 31 de agosto de 2010 "excedía la capacidad prevista en 1.976 prisioneros o 29%".

La población carcelaria es hoy de unos 9.000 presos.

A esto suma "carencia de muchas necesidades" y que muchos prisioneros" dependieron de los visitantes para tener suficiente alimentos para llegar al consumo diario mínimo de calorías".

También menciona que "la violencia entre los prisioneros continuó siendo un problema cotidiano, especialmente debido a la falta de una cárcel separada de alta seguridad para los delincuentes violentos" y que "un alto porcentaje de reclusos consumió drogas".

El informe del Departamento de Estado es muy similar al que emitió sobre Uruguay el año pasado, pero actualiza algunos temas, entre ellos las muertes ocurridas por incendios en prisiones (12 en Rocha y 5 en el Comcar).

El documento señala que en general "el hacinamiento y la falta de personal en algunas cárceles ocasionaron problemas relacionados con el saneamiento, ventilación, temperatura, iluminación, acceso al agua potable y la salud". Menciona que un informe de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa confirmó 81 casos de tuberculosis en la población carcelaria en el 2009.

El informe de Estados Unidos marca que el gobierno de José Mujica "aceleró e intensificó su programa para aliviar el hacinamiento crónico". Rememora que el 15 de julio de 2010, se promulgó una ley de emergencia "para una partida presupuestaria por una única vez por 15 millones de pesos (US$ 750.000)" para construir nuevas instalaciones y renovar las ya existentes, ampliando la capacidad del sistema carcelario total en 2.550 lugares.

En realidad la ley de emergencia carcelario autorizó un gasto de US$ 15 millones.

El informe señala que los detenidos tuvieron acceso razonable a los visitantes y se les permitió la "observancia religiosa", y además de la inspección de ONG y delegaciones diplomáticas extranjeras.

El documento afirma que no hubo quejas de abuso policial en las cárceles en 2009, lo que algunos observadores "atribuyeron al temor a represalias del personal carcelario". Añade que las autoridades investigaron "denuncias creíbles de condiciones inhumanas" cuyos resultados fueron documentados por el Ministerio del Interior, "pero no se hicieron públicos".

Menores. Capítulo aparte es la situación de los menores infractores internados en hogares del INAU, que el informe considera similar a la de cárceles de adultos. "Los jóvenes que cometieron delitos graves fueron encarcelados en centros de detención juvenil, que se asemejan a las cárceles tradicionales y tienen celdas", indica.

Según cifras del INAU, eran 310 los jóvenes encarcelados en septiembre de 2010, asevera el informe. Acota que las condiciones en algunos de los locales "fueron similares a las cárceles para adultos", en otros "empeoraron y se tomaron medidas de seguridad más estrictas debido a los frecuentes intentos de fuga" e incluso habla que algunos casos son de "hacinamiento crónico".

El comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, consideró que el informe del Departamento de Estado estadounidense "es pormenorizado", que "ha sido hecho con mucho cuidado y "viendo todos los aspectos, como por ejemplo la referencia al trabajo interreligioso". Señaló que "lo más importante" es que desde el momento que el informe fue producido "han habido algunos cambios, por ejemplo menciona el proceso de construcción de 2.550 plazas, de las cuales 2.000 ya están construidas". Acotó que "esto no le quita exactitud ni precisión al informe", ya que se siguió trabajando cuando en nuevas plazas.

Garcé destacó que el informe plantea el consumo de drogas, los problemas de alimentación y violencia, que afectan las cárceles.

En su informe, el Depar-tamento de Estado de Estados Unidos señala que las elecciones nacionales de 2009 en que José Mujica obtuvo la Presidencia, fueron "libres y transparentes" y que los partidos políticos "actuaron sin restricciones o interferencias externas".

Agrega que las mujeres "participaron activamente en el proceso político y en el gobierno, aunque fundamentalmente en los niveles medio y bajo", y que "no ha habido miembros de minorías en el Parlamento", aunque sí "hubo un miembro de una minoría en el gabinete".

Recuerda que los representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual "denunciaron formalmente al gobierno en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA por no proteger a las mujeres que mueren en el país víctimas de la violencia doméstica a pesar de que presentaron quejas formales y, a menudo, recibieron órdenes de restricción u otras medidas preventivas ordenadas por el Poder Judicial".

El documento sostiene que el gobierno, en general, hizo cumplir "con eficacia" la prohibición a la discriminación basada en raza, género, incapacidad, lengua, o estatus social, "aunque persistió la discriminación social contra algunos grupos".

El informe dice que la ley "prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades, pero el gobierno no hizo cumplir estas disposiciones eficazmente". Acota que "ninguna ley penaliza la orientación sexual, y las autoridades protegieron extensamente los derechos de la comunidad LBGT".

Expresa que la ley protege a los menores contra la explotación laboral pero su cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo "fue difícil debido a la falta de recursos y al hecho de que la mayoría del trabajo infantil fue en el sector informal". Se estima que trabaja el 8% de los niños y adolescentes.