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La gran mayoría de los uruguayos (74%) está "totalmente" o "algo" de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, mientras un 21% se pronuncia en contra, según una encuesta del Grupo Radar.

La encuesta fue encargada por el Partido Colorado en diciembre de 2010, tres meses antes de que se lanzara la campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito constitucional a fin de bajar la edad de imputabilidad, y divulgada anoche en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo TV, en el marco de una entrevista con el senador Pedro Bordaberry.

Radar hizo dos preguntas a los encuestados: "Algunas personas opinan que debería bajarse la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para los delitos de homicidio, violación, rapiña, copamiento y violencia doméstica. ¿Usted está totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo?"; y "Hoy los menores que cometen algunos de estos delitos son juzgados por jueces de menores y no se les aplica la misma pena que a los mayores de 18 años. Algunas personas opinan que a partir de los 16 años deberían recibir las mismas penas que los mayores de edad. ¿Usted está totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo?".

En ambas preguntas las respuestas fueron mayoritariamente a favor de bajar la edad de imputabilidad, aunque en la segunda opción el porcentaje es algo menor.

Los números globales indican que el 60% se manifestó "totalmente de acuerdo", el 14% "algo de acuerdo", el 6% "algo en desacuerdo" y el 15% "totalmente en desacuerdo".

Según simpatías políticas, el 69% de los votantes del Frente Amplio está a favor de bajar la edad de imputabilidad; en tanto que entre los votantes del Partido Nacional el 82% apoya esta medida y entre los del Partido Colorado el 83%.

Según el nivel socio económico, el sector "bajo" es el que más apoya (62% está totalmente de acuerdo).

Discriminados por edades, la medida es respaldada "totalmente" por el 61% en la franja de 18 a 29 años; 60% entre 30 y 64 años, y 59% entre los mayores de 65. También hay mayor apoyo en el interior que en Montevideo, y entre los hombres que entre las mujeres.

Unidad Nacional. En tanto, los cuatro sectores que integran Unidad Nacional (UNA) se pronunciarán en estas horas.

El Herrerismo, el sector mayoritario de UNA liderado por el senador Luis Alberto Lacalle, y Soplan Vientos Nuevos del diputado Carmelo Vidalín, están a favor de apoyar el plebiscito. En una posición intermedia se encuentra Aire Fresco, del diputado Luis Lacalle Pou; y en contra está el sector Correntada Wilsonista, del senador Francisco Gallinal.

Mañana miércoles, Gallinal presentará a su bancada un proyecto por el cual, en los casos de delitos gravísimos cometidos por menores de 18 años (homicidio, copamiento, rapiña, violación y secuestro), se le otorgará al juez la facultad de decidir, de acuerdo con los antecedentes y al desarrollo físico e intelectual del menor, si actuó con discernimiento y por ende debe ser juzgado como mayor.

Gallinal dijo a El País que no acompañará una campaña de recolección de firmas.

En tanto, los cuatro integrantes de la bancada de Aire Fresco -Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Amin Niffouri y Nelson Rodríguez- analizarán este mediodía qué posición llevarán a un encuentro de todo el bloque de UNA que se realizará horas más tarde.

Delgado reconoció a El País que "hay mucha gente que quiere firmar", lo que marca un rumbo a los dirigentes. "Muchos creen que hay oportunismo político (de los colorados) y que no se puede poner una norma tan anacrónica en la Constitución, pero a la vez la gente piensa que firmando colabora", analizó Delgado.

El sector es partidario de una solución más integral para el problema y no tan dilatada en el tiempo como supone un plebiscito en 2014.

Por su parte, el sector Corriente de Acción Renovadora del diputado Pablo Abdala, decidió dejar en libertad de acción a sus dirigentes, muchos de los cuales han optado por adherir a la campaña de recolección de firmas.

Para el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, no es válida la campaña de los colorados y llamó a sus adherentes a no firmar las papeletas.

"Dentro de 60 o 70 días seguramente ya esté la ley creando el instituto de rehabilitación y manteniendo los antecedentes" de los menores, señaló Larrañaga; "entonces dos de los tres postulados de la famosa reforma del Partido Colorado ya quedarían sancionados".

En una muestra más de la polémica que levanta este tema en la oposición, el diputado colorado José Amy criticó a Larrañaga. "Lo de Larrañaga es parte de su `modus operandi`: estar lo más cerca posible del presidente José Mujica, actitud rechazada por no pocas personas de Alianza Nacional", dijo Amy a El País. "A pesar de que ha dicho que no ha pactado con nadie y que formalmente lo niega, Larrañaga anda en lo mismo que el Frente Amplio, sumándose destempladamente a esta campaña en contra de la recolección de firmas, algo casi inédito en el Partido Nacional, coartando la libre expresión de la gente", añadió.

Frente Amplio. La Mesa Política del Frente Amplio analizó ayer el tema y acordó apurar la aprobación de leyes, entre ellas las que contemplan el acuerdo avalado la semana pasada por la Asamblea General.

La Cámara de Representantes recibirá hoy el informe aprobado por la Asamblea General por los cuatro partidos para impulsar medidas contra menores infractores.

Ese informe, que el jueves 7 fue votado por unanimidad en la Asamblea General, está acompañado por un anteproyecto del INAU para crear el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente fuera de su órbita, que aplicará a los menores infractores cuatro programas según el delito cometido: medidas educativas no privativas de libertad, otras con un régimen de semi libertad y sin libertad, un tercer programa con medidas curativas, y el último de reinserción social y comunitaria.

El Frente Amplio debe presentar otro proyecto por el que se mantienen los antecedentes de menores delincuentes por determinado lapso.

Una tercera iniciativa modificará el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) tipificando la tentativa de rapiña y ampliando de 60 a 90 días el plazo de los jueces para dictar sentencia. Hay un compromiso político de los partidos para aprobar estas medidas legales antes del 31 de mayo.