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Cuando todavía resta dar sanción definitiva al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, los retirados militares anuncian que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia. El presidente José Mujica sigue el asunto con preocupación.

"Recursos de inconstitucionalidad se van a presentar, porque algo tenemos que hacer", dijo a El País una fuente cercana al Centro Militar respecto a la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el proyecto de ley interpretativa que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad.

Así, es un hecho que cuando esa norma esté vigente y se produzcan citaciones a militares por casos que sean desarchivados, los indagados promoverán la inconstitucionalidad de la ley en virtud de que, según alegan, no respeta las consultas populares de 1989 y 2009.

Si bien las acciones se presentarán "con poca expectativa", también se busca "ganar tiempo" ante la prescripción de las denuncias, indicó la fuente. Según la legislación actual, los casos de derechos humanos prescribirán en noviembre.

En tanto, el presidente José Mujica está preocupado por la aprobación de una ley de la que mostró públicamente distancia, si bien uno de sus principales impulsores fue su canciller, Luis Almagro.

El mandatario reiteró ayer que no vetará esta ni ninguna otra ley aprobada por el Parlamento, pero maneja que fue una irregularidad en la votación del Senado el hecho que Oscar López Goldaracena no haya anunciado previamente que tiene relación personal en el tema, según dijeron fuentes del Poder Ejecutivo.

Mujica aguarda conocer el uso que la oposición hará de este tema y de los recursos de inconstitucionalidad que prevé de seguro plantearán los militares que sean citados por causas que se desarchiven.

Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera (Propuesta Batllista) sostuvo que la votación aprobando el proyecto interpretativo que anula los efectos de los artículos 1º, 3º y 4º de la ley de Caducidad "fue irregular" y "está invalidada".

Adujo para ello que el senador López Goldaracena "estaba inhibido por conjunción de intereses de votar y no lo había denunciado por más que la mayoría apoyó a la mesa del Senado tras su cuestionamiento".

Viera sostuvo que éste será uno de los argumentos que se usarán en los recursos de inconstitucionalidad que se presenten contra esta norma.

El senador colorado fue quien planteó en la Cámara Alta que la votación estaba invalidada debido a que el frenteamplista López Goldaracena (suplente de Eduardo Lorier y quien realizó la fundamentación a favor de aprobar la ley) estaba inhibido de votar.

Viera señaló que la normativa del Senado "es meridianamente clara" en que está "prohibido a todo senador intervenir en asuntos que se refieran a su interés individual" y que "no obstante si el senador denuncia previamente su vinculación con el tema podrá autorizarlo la Cámara si así lo estimara pertinente".

Viera planteó la situación de López Goldaracena en la sesión del martes, y por ello el Frente Amplio analizó el hecho en un cuarto intermedio.

El presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, consideró suficientes las explicaciones de López Goldaracena y la mayoría de la Cámara respaldó lo actuado por la mesa.