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ANDRÉS OYHENARD

El BPS, DGI y Aduanas apostarán al uso de trámites electrónicos para aumentar los controles de forma de reducir el informalismo. En tanto, la Inspección General del Trabajo intensificará sus operativos a lo largo y ancho del país.

En el ciclo de conferencias "Combate a la Evasión e Informalidad" que organizaron CADE y El País los distintos organismo públicos que atienden esta materia anunciaron una serie de iniciativas para atender esta problemática. Tanto el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas coincidieron en la necesidad de aumentar el uso de la tecnología en los distintos trámites que operan dichos organismos.

En ese sentido, el presidente del BPS, Ernesto Murro, anunció ayer que a partir de mayo "será obligatoria la conexión por Internet para el ingreso de las planillas" de todas las empresas del país. En el caso de las explotaciones rurales, el ingreso obligatorio vía web será a partir de septiembre. "Estos instrumentos siempre ayudan al combate de la evasión con inclusión social", destacó. A marzo de 2011, el 88% de las empresas de Uruguay estaban ingresando la información al BPS a través de Internet.

En línea, el director de la DGI, Pablo Ferreri, informó que en junio se lanzará un plan piloto para la instrumentación de la factura electrónica que estará operativa en octubre o noviembre. En una primera fase, incluirán a grandes empresas como las distribuidoras de bebidas, Conaprole y Unilever. Con este sistema, la DGI tendrá información online sobre las ventas y compras que efectúen estas compañías. La meta del organismo es que el 60% de las empresas operan por esta vía en 2014.

En tanto, del director de Aduanas, Enrique Canon, dijo que la aspiración del ente es llegar al DUA (Documento Único Aduanero) en el menor tiempo posible. Aunque recordó que el 46% de los documentos de exportaciones requieren de certificado de otros organismos como los ministerios de Ganadería o Salud.

Por su lado, el director de la Inspección de Trabajo, Andrés Roballo, adelantó que este año se coordinará un operativo en la frontera con Argentina similar al que se aplicó el año pasado con Brasil. Además confirmó que continuará con las inspecciones en los hogares por la contratación de domésticas donde se detectó un alto porcentaje de informalismo. Dijo que se ampliará el operativo a otras zonas de Montevideo y también al Interior. Asimismo se reforzarán los controles sobre las áreas de género como el caso del abuso sexual. Es que mientras que en 2009 se recibieron 16 denuncias, en 2010 las mismas treparon a 45 y, para este año "ya se prevé que se supere" esa cifra, estimó Roballo.

Por otro lado, Murro señaló que ya está definido impulsar una serie de medidas como la notificación de la historia labora, crear la cuenta del contribuyente persona para el 2012, así como diseñar un registro único de firma electrónica que eliminará la obligatoriedad de presentar el documento de identidad ante cada trámite del BPS. El funcionario anunció que se "insistirá" con el proyecto de ley para el control de pequeñas obras en las casas. Dijo que hasta ahora este sistema "ha fracasado" porque las personas deben realizar un número muy elevado de trámites.

cifras. En 2010 la DGI realizó 10.250 actuaciones, 10% más que en 2009. De abril a diciembre del año pasado se efectuaron 2.000 inspecciones en el Interior que le reportaron $ 150 millones en reliquidaciones y se solicitó la clausura de 50 locales. La temporada de verano abarcó a 3.100 empresas que reliquidaron $ 100 millones. En tanto, la semana de Carnaval en Rivera y Colonia se efectuaron 500 inspecciones que determinaron el reintegro al fisco de US$ 1,5 millones.

La Inspección General del Trabajo tuvo 12.000 consultas en 2010, procesó 1.200 denuncias y clausuró 848 empresas por riesgo en la condiciones de trabajo y salud.