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La ciudadanía, desconocida en su voto popular, gasta ante la inseguridad pública más de 200 millones de dólares anuales para protegerse: reclamo unánime de leyes contra la delincuencia

DANIEL HERRERA LUSSICH

El martes pasado el Parlamento dio uno de los golpes más duros a la credibilidad institucional de la población cuando el Senado votó la anulación o declaración de inexistencia de la ley de Caducidad.

La ciudadanía mayoritariamente se sintió desautorizada y con el sentimiento de que el país deberá soportar horas muy severas de desbordes y divisiones y una ola de demandas por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Nadie olvida que la mayoría del pueblo uruguayo en doble pronunciamiento, los plebiscitos, en 1989 y 2009, rechazó las iniciativas para derogar la ley de Caducidad.

Ahora la crisis y las divisiones dominan el panorama político en los partidos. El gobierno, con el Presidente, que se había manifestado contrario a la derogación y la misma noche de la votación legislativa adelantó que no utilizaría el "veto" (en un clásico "como te digo una cosa, te digo la otra"), asomó la actitud de Fernández Huidobro, que acató la decisión del Frente Amplio, pero de inmediato anunció su renuncia a la banca de senador: "Es un terrible error político, un mamarracho", definió a la nueva ley interpretativa. El senador y ex presidente Rodolfo Nin Novoa, contrario a la derogación, dejó la banca por unas horas, no votó, lo hizo su suplente y se "lavó las manos" (ni con "Dios ni con el Diablo") y finalmente el senador Jorge Saravia que votó contra el proyecto, está en camino su expulsión del Frente Amplio, pero se queda sentado en la banca.

"Mis principios son mis principios", aclaró el ex blanco, sobre el cual muchos le "rascan el lomo" para que vuelva al Partido Nacional.

Sin duda este triste episodio institucional derivará en un alto costo para el Frente Amplio.

En el Partido Nacional las cosas "no pintan tan mal, pero no mejor": aunque todos votaron contra la anulación, se vislumbra un profundo divisionismo. Las primeras escaramuzas recientes surgieron con la rebaja de la imputabilidad a los menores infractores. El senador Jorge Larrañaga criticó ácidamente al autor de la iniciativa, el senador colorado Pedro Bordaberry. Anunció que no acompañaría, sumándose al rechazo del gobierno frentista, deslizando que la recolección de firmas obedece a "motivos políticos". En el interior, dirigentes de este fuerte sector blanco levantaron voces discordes con la posición del líder. El Herrerismo también se ha visto "tocado": el ex presidente Lacalle y su hijo, presidente de Diputados, y la mayoría, acompañan la recolección de firmas; a su vez Francisco Gallinal presentó un proyecto sustitutivo para bajar la edad y enfrió su relación con Unidad Nacional. A la vez se oyen pronunciamientos de legisladores, algún intendente y dirigentes del interior herreristas formando un nuevo grupo nacionalista. Los colorados tomaron la iniciativa, en la hora más oportuna, con el lanzamiento de la recolección de firmas a cargo del senador Pedro Bordaberry, alcanzando en pocos días más de 70 mil firmas y esperando llegar en Semana de Turismo a las 100 mil. Es el partido que "a la vista se mantiene sin divisiones", aunque hasta ahora sin gran peso político, salvo cuando el mencionado Bordaberry, Julio María Sanguinetti o Jorge Batlle, aglutinan gente para oír su palabra.

asombro popular. Con la aprobación de la ley interpretativa no se da solo un oscuro paso. Se otorga efecto retroactivo a la ley penal y elimina la "cosa juzgada", violando también la Carta Magna en cuanto destroza el "debido proceso", uno de los derechos reconocidos en forma expresa por los artículos 12, 72 y 332 de la Constitución.

La población sigue con asombro el desconocimiento de su voto en los plebiscitos y simultáneamente vive horas de permanente amenaza ante la inseguridad pública.

Nadie puede negar que la ola delictiva continúa creciendo. En los últimos días se han sumado hechos que ponen más que un toque de atención. Fueron, entre otros: el procesamiento con prisión del óptico, de 58 años, que reacciona y mata de un balazo a un ladrón que, acompañado por otros tres delincuentes, intentó robarle en plena calle amenazándolo con un cuchillo; el asesinato de una mujer de 33 años en su casa de un balazo en la cabeza, cuando con su marido les vendían aparatos musicales a unos muchachones, sin antecedentes; a los que se suma la violencia en el interior y a las puertas de los liceos públicos, todo lo que impulsa aún más hacia lo alto los decibeles del temor.

Una idea de la inquietud de la población surge de las cifras que cada familia (lógicamente la que está en condiciones de hacerlo) gasta en su protección contra la delincuencia. En sondeo realizado en el mercado se logra determinar que anualmente se pagan 105 millones de dólares en vigilancia física y alarmas y 34 millones en transporte de valores. Y alrededor de 150 millones de dólares en gasto estimado, con costos mínimos, que realiza por una sola vez las familias en sus viviendas para colocar rejas en portones y ventanas y patios abiertos. Una voz autorizada sitúa, en un cálculo pesimista, que la inversión privada en seguridad pública supera los 200 millones de dólares por año. Y hay que agregar la posesión de medios defensivos por particulares. Según estimaciones hay 600 mil personas que poseen con autorización armas en sus casas y llegarían a un millón si se suman las adquiridas clandestinamente.

La situación de crisis actual ha impulsado a replantear la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores infractores (de 18 actuales a 16 años), y un criterio más definido y claro de los magistrados en lo referente a la "legítima defensa".

Hoy no cabe duda que las tres cuartas partes de la gente (74% se manifiesta por bajar la edad de imputabilidad y un 64% a favor del porte de armas) desea medidas más severas, mano dura con el delito. Pero están los que objetan la violencia y la delincuencia que nos domina, pero levantan una barrera a la posibilidad de que se aprueben leyes permisivas que abran las puertas al denominado "gatillo fácil" con trágicos costos de vidas.

En lo referente al otro tema en el "candelero", la legítima defensa: se da cuando se trata de una causa de justificación de la conducta del que se defiende de acuerdo con el derecho, aunque comprenda un homicidio o lesiones, que en otro caso serían delitos sancionables.

Los requisitos para el reconocimiento de "legítima defensa" son tres: la agresión ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para defenderse y la falta de provocación suficiente

Existe también la llamada "legítima defensa presunta", figura que aplica a quien defiende la entrada de su casa o dependencia o emplea violencia contra quien encuentre dentro, sin que sea necesario la nocturnidad, la defensa puede hacerse durante el día.

Todos los bienes jurídicos son defendibles (vida, libertad, propiedad, honor, etc.) frente a la agresión.

Se nos puntualizó por juristas consultados que no merece el agresor que se le proteja con la misma intensidad que se debe hacia el agredido, quien no transgrede el derecho como hace quien lo ataca a él o a sus bienes.

Las soluciones para disminuir al mínimo la delincuencia y dar tranquilidad a una población insegura está en manos de los tres poderes: una legislación adecuada ante la difícil situación actual, un Ejecutivo que ofrezca los medios para erradicar los males que atenazan a la ciudadanía, y magistrados obligados a movilizarse coherentemente dentro del margen amplio de criterio que deja hoy la ley.