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El Ministerio del Interior relevó el miércoles 13 al Comando del Penal de Libertad. En el gobierno existe preocupación por eventuales estallidos de violencia en los principales centros penitenciarios, dijeron a El País fuentes de oficiales.

Esta inquietud del Ministerio del Interior por el hacinamiento y la falta de seguridad en las cárceles, va en línea con el análisis realizado por el comisionado parlamentario Alvaro Garcé el jueves 14. Ese día, en la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, Garcé alertó que "el problema mayor de las cárceles uruguayas es el alto consumo de drogas" y la "elevada cantidad de armas en poder de los internos. Ambas cosas afectan la seguridad" de los establecimientos, advirtió.

A principios de este año, un revólver con balas costaba $ 1.500 dentro del Penal de Libertad. El 8 de marzo, Néstor "El Rambo" Peña Otero fue ultimado en esa cárcel de varios disparos de una pistola 9 milímetros por el también recluso Alexandro de Armas. Se sospecha que esa arma pertenecía a un policía.

El homicidio de "El Rambo" determinó que el Ministerio del Interior acelerara el relevo de la dirección del Penal de Libertad, lo que ocurrió el miércoles 13. Desde hace tiempo las autoridades de la cartera pensaban cambiar a dicho Comando por supuestas fallas en la gestión de contralor, indicaron a El País fuentes carcelarias.

Señalaron, además, que el nuevo ingreso de personal en el Penal de Libertad ha generado disconformidad en los guardiacárceles con mayor antigüedad, y temen que estos inciten a los presos a movilizarse.

El nuevo personal son guardias "de particular" que ingresan en el Escalafón S del Ministerio del Interior con mejores sueldos que los viejos guardiacárceles que se encuentran en el Escalafón L, explicaron las fuentes. En este momento, están concluyendo los tribunales de evaluaciones de los ingresos y en las próximas semanas comenzarán a trabajar 400 nuevos guardias.

Además, genera malestar en los viejos policías carcelarios ser revisados por militares, algo que sucederá en breve cuando el gobierno reglamente la ley aprobada en diciembre. (Ver nota aparte).

Otro tema que genera preocupación en el Ministerio del Interior y al comisionado parlamentario es el hacinamiento que padecen los presos y presas de Comcar, Cabildo y Canelones, lo cual genera problemas de convivencia que, en algunos casos, se solucionan con enfrentamientos con "cortes" (cuchillos artesanales).

Las fuentes carcelarias reiteraron que la inseguridad que existe en este momento en los principales establecimientos carcelarios se debe a un deterioro del sistema -hacinamiento y problemas edilicios- y a la falta de contralor de las direcciones de los penales.

En nueve días, la Policía debió sofocar protestas en la cárcel de Mujeres -domingo 10- y en el pabellón Canelones -martes 12- en reclamo de mejor asistencia médica.

A la hora 19 de ayer, una reclusa de la cárcel de Cabildo prendió fuego a su colchón porque las autoridades le negaron un traslado a Cerro Largo. La interna fue internada en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) para atenderla por intoxicación y quemaduras.

En la cárcel de Punta de Rieles, inaugurada el 13 de diciembre de 2010 y donde se trasladó a unos 200 presos penados y con buena conducta, la Policía halló "cortes" carcelarios en una reciente requisa.

"Acá no necesitás `cortes`. ¿Por qué tenés uno? ¿Por qué te expones a una sanción?", le preguntó un policía a un recluso de Punta de Rieles.

"Siempre tuve `cortes`. No me importa la sanción", replicó el interno.

La sorpresa de encontrar "cortes" construidos con trozos de espejos y de bancos desarmados obligará a las autoridades de Punta de Rieles a reclasificar los reclusos allí alojados.

HACINAMIENTO. En el Parlamento, Garcé reconoció que el Ministerio del Interior tendrá prontas 2.000 plazas más a fin de año al finalizar ampliaciones y nuevos módulos en Comcar, Libertad y Las Rosas (Maldonado). "Pero faltarán unas mil plazas y otras 500 por el crecimiento de la población reclusa en los próximos meses. Las nuevas ampliaciones en curso traerán cierto alivio al sistema pero no serán una solución definitiva", dijo Garcé.

En este momento el sistema penitenciario aloja a unos 9.100 presos y tiene capacidad para unas 6.000 plazas.

En tanto, fuentes penitenciarias se quejaron de que los jueces remiten a la cárcel a autores de delitos menores.

La semana pasada, recordaron, un magistrado procesó con prisión a un adicto primario, integrante de una familia de clase media, por tentativa de hurto de un celular.

Decisión: El asesinato del "Rambo" determinó la remoción de los directores de Libertad.

Cabildo: Una interna prendió fuego ayer su colchón y debió ser internada en Cenaque.

El actual jefe de Policía de Lavalleja, Luis Martinelli Picart, asumirá el martes 26 como el coordinador del Interior del novel Instituto de Rehabilitación.

Martinelli señaló que pretendía habilitar la nueva cárcel lo antes posible pero que era necesario resolver una serie de factores, entre ellos, el transporte de los familiares de los reclusos. Agregó que la nueva cárcel fue construida en función de los criterios imperantes en la administración pasada. "Es decir, seguridad pura. En consecuencia, no está en consonancia con los objetivos trazados por el Ministerio del Interior donde el objetivo central es la recuperación del individuo", dijo.

La cárcel cuenta con 422 cupos.

Martinelli se reunió con el secretario general de la comuna riverense, Abilio Briz, quien se comprometió a que después de Semana Santa comenzarán a construirse las alcantarillas del camino que lleva al nuevo establecimiento carcelario.

Hace cuatro meses el presidente José Mujica promulgó la ley que habilita a los militares a controlar el ingreso de personas a las cárceles. Sin embargo, la nueva norma aún no está reglamentada por los ministerios de Interior y Defensa.

La ley faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2012 a encomendar al personal militar el control del acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación, siempre que cumplan la función de guardia perimetral externa. También expresa que el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación para establecer la forma y modo en que deberán realizarse los controles, revisaciones e inspecciones de personas, vehículos y objetos y adoptará todas las medidas necesarias para instruir al personal asignado.

Según fuentes gubernamentales, el equipamiento y el entrenamiento de los militares para controlar los ingresos a los penales demorará todavía algunos meses.

En ese sentido, la norma asigna al Ministerio de Defensa, en carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre de este año, un crédito para pagar una partida salarial adicional equivalente al 50% del sueldo nominal que percibe el militar que cumplirá servicios en la guardia perimetral y en las ingresos a las cárceles y centros de recuperación.

La ley también deja abierta la posibilidad de que el gobierno pueda prorrogar, por una única vez y hasta el 1° de julio de 2013, la utilización de efectivos militares para la custodia perimetral de los establecimientos penitenciarios y el contralor de personas y mercaderías que ingreses a los mismos.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que unos 600 militares participarán en los controles de los ingresos a las cárceles, y expresaron que serán apoyados por dos scanners que la cartera adquirirá a un costo de US$ 180.000 cada uno.

La compra de los scanner se hará en forma progresiva. Las autoridades del Ministerio del Interior aspiran que esta tecnología se instale en las cinco cárceles principales del país.

El personal militar asignado a los ingresos de las cárceles serán rotativos para evitar casos de corrupción, dijeron las fuentes.