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El oficialismo no encontró apoyo en los docentes de Derecho para la anulación de la ley de caducidad. Los técnicos advirtieron que la sanción de la norma llevará a una catarata de juicios por inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia.

La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados recibió ayer a cinco constitucionalistas, catedráticos de universidades públicas y privadas, para conocer su opinión sobre la constitucionalidad de la anulación de la ley de Caducidad que la Cámara Baja votará el 20 de mayo.

Los profesores Felipe Luzardo, Carmen Asiaín, Martín Risso, Daniel Vignali y Miguel Langón cuestionaron, con matices, el proyecto oficialista y advirtieron que de aprobarse la norma la Suprema Corte de Justicia recibirá cientos de reclamos por inconstitucionalidad.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y abogado constitucionalista, Martín Risso, dijo que si bien es claro que el Estado debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "la duda es cuál es el mejor camino: la ley interpretativa o la búsqueda de otras salidas".

A su juicio, en función de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces "ya podrían reabrir los expedientes de oficio", dijo Risso a El País luego de brindar su opinión a los legisladores de la comisión.

Para el abogado, la ley interpretativa "va a ser un nuevo obstáculo" para la Justicia, ya que los militares plantearán su inconstitucionalidad. Señaló que la norma que será votada el 20 de mayo en Diputados viola la Carta Magna por cuanto plantea un efecto retroactivo de la legislación.

Por su parte, la abogada Carmen Asiaín, integrante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, dijo que la ley interpretativa es inconstitucional porque "crea nuevas situaciones jurídicas y declara la ilegitimidad de una ley, siendo que esa es una potestad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia".

Asiaín, quien también concurrió ayer a la comisión legislativa, dijo a El País que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "no ordena derogar" la ley de Caducidad sino que "se pronuncia en el sentido de que sea interpretada de forma de no afectar las investigaciones".

La abogada dijo que a juicio de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo, la ley interpretativa de la ley de Caducidad "es inconstitucional y así debería declararlo la Suprema Corte".

Para Miguel Langón, especialista en Derecho Penal y docente de la Universidad de Montevideo y de la República, los artículos 3 y 4 del proyecto son "inconstitucionales" y tienen "los supuestos vicios que tendría la ley de Caducidad".

Agregó que se produce "una rara uniformidad en la doctrina" ya que no conoce profesores de Derecho que defiendan la "regularidad constitucional de esta norma".

Langón, que también es el abogado del general Miguel Dalmao, el primer oficial en actividad procesado por delitos cometidos en dictadura, señaló que si se aprueba el proyecto "la Suprema Corte va a tener mucho trabajo ya que se presentarán muchos recursos".

La comisión tiene previsto volver a reunirse el miércoles 4 con el propósito de recibir la opinión del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y los juristas Juan Andrés Ramírez y José María Gamio.

Dudas. El diputado Aníbal Pereyra (MPP), integrante de la comisión de Constitución, admitió la existencia de dudas respecto al texto de la ley, pero insistió en que toda la bancada votará el proyecto.

"Nosotros aclaramos que había elementos que estaban plasmados en la ley que no nos gustaban, pero ahora estamos en un proceso que hay que terminar y no hay propuesta alguna para realizar modificaciones", dijo el diputado oficialista.

Por su parte el diputado colorado Fitzgerald Cantero recordó que uno de los profesores reconoció que el Parlamento puede resolver en contra del resultado de una consulta popular. No obstante, citando a la docente Carmen Asiaín, destacó que los representantes deben mantener "la prudencia legislativa". Cantero sostuvo que el Frente "utilizó" la sentencia sobre el caso Gelman para "dar por tierra una ley que fue ratificada por la ciudadanía".

El nacionalista Gustavo Borsari dijo que la aprobación de la ley implicará una "inseguridad jurídica muy grande" y que existe "tensión entre el derecho internacional y el nacional".

El Partido Colorado consultó a los constitucionalistas Ruben Correa Freitas, Gonzalo Aguirre y Jaime Sapolinsky sobre la legitimidad del voto del senador y abogado de organizaciones de derechos humanos Óscar López Goldaracena a favor de la anulación de la ley de caducidad en la Cámara Al-ta. Los tres juristas consideraron que cabe un reclamo ante la SCJ.

El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, reiteró que hay "preocupación" en la fuerza por la anulación de la ley de Caducidad y por el efecto jurídico que esa decisión tenga.

"La preocupación más profunda es por el tipo de consecuencias que este proyecto interpretativo puede tener sobre la fuerza", dijo el general Rosales a El País.

No es la primera vez que el jefe castrense se refiere a la anulación de la ley. En octubre de 2010, cuando la Cámara de Representantes aprobó la anterior versión de la ley interpretativa sobre la caducidad, Rosales afirmó su confianza como ciudadano en que el Parlamento respete la expresión popular de la ciudadanía en 1989 y 2009.

Señaló que como ciudadano considera que "se debe acatar y respetar el resultado de las urnas".

Por sus comentarios, Rosales fue apercibido por el Poder Ejecutivo, luego de que el Consejo de Ministros considerara sus dichos.