1/1:  20110427 800x539 ()

PABLO MELÉNDREZ

Los fiscales especializados en crimen organizado plantearon en el Parlamento la idea de establecer, a través de una ley, una norma que "obligue a los jerarcas del Estado a prestar su asesoramiento" en las investigaciones judiciales.

La propuesta fue realizada el martes 26 por el fiscal Ricardo Perciballe en la comisión vinculados al lavado de activos y crimen organizado. Su colega Mónica Ferrero, la otra fiscal especializada en crimen organizado, no asistió por que tuvo que actuar en el proceso contra la banda de narcotraficantes colombianos desbaratada ese día.

Perciballe explicó que en las investigaciones que se realizan en las sedes es habitual contar con asesoramiento de técnicos de dependencias estatales como la Dirección General Impositiva, la Aduanas y los bancos oficiales, que se suman a las unidades policiales y de Inteligencia que normalmente actúan en las indagatorias.

Eso ocurre en función de un protocolo de actuación que se aplica en los juzgados de crimen organizado, de forma que expertos estatales en distintas áreas puedan actuar como peritos e, incluso, participar en los interrogatorios.

El fiscal dijo que si bien "hasta ahora" ha existido "la mayor de las colaboraciones" de parte de los jerarcas públicos, en el futuro puede ocurrir que un director se niegue a prestar personal de su unidad para que actúe en una investigación judicial.

"Podrá tener (el jerarca estatal que se oponga a ceder personal) sus razones para hacerlo, pero nos veríamos impedidos de un aporte importante de gente que tiene su experiencia en la materia", indicó Perciballe ante los legisladores de la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Y por ese motivo, el representante del Ministerio Público destacó la importancia de que exista "una norma que obligue a los jerarcas del Estado a prestar su asesoramiento".

Incluso, Perciballe presentó dos proyectos concretos elaborados con su colega Ferrero. Uno de ellos establece que "todos los organismos del Estado se encuentran obligados a brindar el asesoramiento" que requieran los juzgados especializados en crimen organizado.

La segunda iniciativa prevé la misma obligación pero para "las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica". Perciballe dijo que este texto sería más conveniente por ser "más abarcativo".

"Queda claro que esto no es para aplicar todos los días, sino para temas importantes, a efectos de que en esos casos sí podamos contar con este insumo necesario", señaló el fiscal.

Perciballe resaltó el valor del trabajo en equipos de investigación multidisciplinarios en función de su experiencia en la causa del arsenal de Saúl Feldman, caso en el que él actuó como fiscal y que finalmente fue archivado.

En ese expediente actuó un equipo compuesto por personal especializado de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Policía Técnica, la Brigada Antidrogas, unidades militares, la DGI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

LAVADO. Además, Perciballe hizo varias consideraciones en relación a los cambios que, según su visión y la de su colega Ferrero, serían necesarios en cuanto a la legislación del delito de lavado de activos.

En ese sentido, el fiscal opinó que se debería establecer en la ley la posibilidad de investigar los delitos precedentes al blanqueo de capitales que se consuman en el exterior. Eso era posible pero la redacción de la última actualización de la ley antilavado de 2009 lo eliminó.

A su vez, se pronunció a favor de ampliar la lista de delitos precedentes al lavado de activos, y al respecto dijo que sería positivo incluir, por ejemplo, el homicidio y la rapiña.

"Es más: actualmente se procesa gente todos los días por apropiación indebida y por estafa. Sin embargo, no recuerdo -capaz que me olvido de algún caso- que se esté investigado a alguien por lavado de activos provenientes de estafa o de apropiación indebida", dijo.

Perciballe reclamó que se revea la competencia de los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado ya que actualmente es "muy amplia".

"Si estamos tapados de papeles y de investigaciones que podría llevar adelante el fuero penal común, empezamos a perder credibilidad, terreno y empezamos a perder en la lucha contra el crimen organizado, función que todos querían que cumpliéramos", dijo.

ESCUCHAS. Perciballe también habló de las técnicas de investigación como la figura del "colaborador" y la "entrega vigilada" (que implica dejar seguir un cargamento de droga para ubicar a sus destinatarios) se están aplicando sin problemas.

En cuanto a las escuchas telefónicas, el fiscal señaló que "han dado muy buenos resultados" pero aclaró que es una técnica que se utiliza "con extrema prudencia" y resaltó que se debería reglamentar en forma más precisa los requisitos que se requieren para intervenir una línea telefónica.

Finalmente, sobre la figura del "agente encubierto", el fiscal dijo que todavía no se ha utilizado, pero él tramita un caso donde se evalúa aplicarla.

Los juzgados especializados en crimen organizado tienen en trámite cerca de 30 investigaciones por explotación sexual de menores, según dijo en el Parlamento el fiscal Ricardo Perciballe. El magistrado indicó que "en muchos de estos casos son problemas sociales y no hay organización detrás", y por eso no deberían tramitarse en sedes especializadas.