Marta Santos Pais y Bernt Aasen (*)

En América Latina y el Caribe viven 108 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, el 19% de la población total de la región; muchos de ellos carecen de acceso a una educación de buena calidad; a la atención de la salud básica, al apoyo en materia de discapacidad y salud mental, y a espacios que les den oportunidades de participar plenamente en sus comunidades. A pesar de estos datos, las preocupaciones sociales parecen merecer una atención menos prioritaria frente a la seguridad ciudadana y los niveles de criminalidad y violencia que son frecuentemente identificados como preocupación primordial en las encuestas de opinión en la región.

(...) En este contexto, en la región existe una fuerte presión social sobre el sistema de justicia penal juvenil para encontrar respuestas que puedan hacer frente a esta preocupante percepción negativa de los adolescentes y su supuesta contribución en la expansión del crimen y la violencia.

(...) Al mismo tiempo se ve un incremento de los proyectos de reformas legislativas que postulan la supresión de garantías procesales para los adolescentes acusados de infracciones a la ley, de las medidas que proponen la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, el aumento de las penas privativas de libertad, y los procesos de "protección" a los que son sometidos los niños que viven en la calle, quienes en muchos casos son llevados al sistema de justicia juvenil sin haber cometido infracciones a la ley. Todo esto ocurre a pesar de que los datos de varios países en la región nos muestran que los porcentajes de crímenes cometidos por niños, niñas o adolescentes siguen siendo muy inferiores al 5%, en comparación con los adultos.

Para prevenir y responder en forma efectiva a la violencia se necesita una política integral de seguridad pública (...). Esa política integral debe basarse en el estricto cumplimiento de las normas internacionales ratificadas por los Estados y promover el respeto de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

(*) Santos Pais es representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia en contra de la Niñez, y Aasen director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.