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EDUARDO BARRENECHE

En el 2010, el INAU destinó casi US$ 4 millones en retiros incentivados de sus funcionarios y debió recibir dos refuerzos de rubros de Economía porque tuvo déficit. En tanto, la Fiscalía evalúa citar al Directorio por el rescate del "Talibán".

Según la Memoria 2010 del INAU, el organismo destinó $ 72 millones -2% del presupuesto de la institución de $ 3.600 millones- para retiros incentivados de sus funcionarios y ejecutó casi la totalidad de esa cifra. Ello muestra la gran rotación de personal que enfrenta el INAU: buena parte de los funcionarios de la Colonia Berro fueron contratados a partir del 2009.

A diciembre del año pasado, el INAU contaba con 4.454 empleados, quienes recibieron $ 1.500 millones en salarios. Esa cifra representa el 42% del presupuesto anual del organismo.

Además, el instituto prevé $ 1.600 millones (45%) para convenios con instituciones públicas y privadas dedicadas a atender la minoridad.

El porcentaje restante se compone por un 5% ($ 183 millones) para gasto de funcionamiento; un 4.5% ($ 108 millones) para suministros, un 1.5% ($ 52 millones) para inversiones.

El instituto debió recibir refuerzos presupuestales del Ministerio de Economía de $ 158 millones en gastos de funcionamiento y de $ 20 millones en el rubro inversiones para no cerrar en déficit, señala un informe de la institución.

En el 2010, el INAU atendió 68.880 niños y adolescentes. De esa cifra, recibieron atención de tiempo completo 4.043 niños y jóvenes dentro de un entorno institucional y 1.178 obtuvieron apoyo en su entorno familiar. En tanto, 63.859 menores fueron auxiliados en programas del organismo a tiempo parcial.

ESCAPE. La Fiscalía pedirá al juez penal Alejandro Guido que cite autoridades del Hogar Desafío y analizará convocar al Directorio del INAU por el rescate del menor "El Talibán" ocurrido el martes 19, dijo la fiscal Dora Domenech a El País. El rescate del "Talibán", junto con las fugas de cuatro menores peligrosos del Centro de Medidas Cautelares el miércoles 13, fue determinante para la destitución del exgerente de los hogares con privación de libertad del instituto, Jorge Jouroff. El domingo 1° se fugaron otros tres adolescentes de la Colonia Berro.

Domenech dijo que esta semana dará vista al expediente para solicitar al juez Alejandro Guido nuevas pruebas. "Pediré declaraciones de otras personas vinculadas al organismo y autoridades", agregó.

El viernes 29 se constituyó la Comisión Nacional por la Seguridad -Para Vivir en Paz- Yo Firmo, que organiza la recolección de firmas en todo el país para consagrar la baja de la edad de la imputabilidad penal.

Además, la Comisión promueve la creación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor y el mantenimiento de los antecedentes de adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley. El Partido Colorado y el Herrerismo apoyan la recolección de firmas.

Sergio Migliorata

1995-2005

Presentó su renuncia por la falta de apoyo que sintió de parte de las autoridades de INAU cuando fue responsabilizado de varias irregularidades luego de un motín que permitió una fuga de la Colonia Berro de trece menores infractores. En el escape tomaron de rehén al senador del PCU Eduardo Lorier. Otro problema que enfrentó fue la falta de cupos en los hogares, lo cual llevó a que el INAU trasladara adolescentes al Penal de Libertad.

Carlos Uriarte

julio 2005-agosto 2009

La posición de Carlos Uriarte en el ámbito del Directorio del INAU se debilitó luego de que este presentara una denuncia penal contra funcionarios de la Colonia Berro, quienes mantenían medidas gremiales en las instalaciones. La ex directora del INAU, Cristina Álvarez, se presentó ante la Justicia durante el mes de abril, con la intención de levantar la demanda, situación que fue denegada porque la misma ya estaba en curso.

Padre Mateo Méndez

agosto 2009-febrero 2009

Debió enfrentar tres motines sucesivos, una fuga masiva y la decisión de los funcionarios que trabajaban en centros con privación de libertad de establecer cupos. Siete adolescentes se encontraron en un "limbo administrativo", ya que la Justicia ordenó su internación y los funcionarios no los recibían. Al irse, Méndez dijo: "Yo creo que el Interj tiene mucho de enfermo, tiene mucho de perverso y tiene mucho de corrupción".

Jorge Jouroff

octubre 2009-26 de abril de 2011

La fuga de tres menores peligrosos el miércoles 13 al cortar con una sierra un barrote de una celda de un centro inaugurado dos semanas atrás y el rescate del "Talibán" generaron la caída de Jouroff. Desde el Directorio se le reconoció que bajaron las fugas de la Berro pero que había "una falta de sintonía" en cuanto a la celeridad de los cambios que debían procesarse en el INAU de cara al futuro Instituto de Rehabilitación del Adolescente.

La familia de Nelson Juani, un repartidor de cigarrillos asesinado el pasado 3 de enero por el adolescente apodado "El Pelón", pedirá que se interrogue al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, en el marco de un juicio civil por la responsabilidad del Estado en el hecho.

El abogado de la familia, Gustavo Salle, dijo que la citación a Van Rompaey es motivada por declaraciones del magistrado en una entrevista con El País el pasado 24 de abril, donde cuestionó la capacidad del INAU para rehabilitar a los menores infractores.

"El Pelón", de 17 años, asesinó a Juani en un intento de rapiña en Colonia Nicolich. En 2010 había cometido otros dos homicidios, pero fue dejado en libertad por el juez de la Ciudad de la Costa, Juvenal Javier, al vencerse el plazo de 60 días para dictar su sentencia.

En febrero, el juez Allen Denby condenó al menor a cumplir cinco años de internación por el asesinato de Juani. Ese es el máximo de reclusión para los menores.

La familia Juani ya presentó las medidas preparatorias previas para iniciar un juicio por la responsabilidad del Estado en el hecho por una suma que asciende a US$ 1.500.000.

En el proceso judicial se analizará la responsabilidad del Poder Judicial, el Poder Legislativo, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Ministerio del Interior. El caso fue presentado ante el juez de lo Contencioso Administrativo Adolfo Fernández de la Vega.