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DANIEL ISGLEAS

La Cámara de Representantes aprobó anoche por unanimidad el proyecto de ley que permitirá la celebración de contratos de participación público privados para obras de infraestructura. El tema pasó al Senado.

La iniciativa es originada en el Poder Ejecutivo y tras una negociación en la interna de la bancada oficialista y con los partidos de oposición, fue apoyada por unanimidad.

Esta ley permitirá la realización de contratos de asociación de capitales privados con empresas públicas para la realización de obras viales, ferroviarias, aeroportuarias, disposición y tratamiento de residuos, construcción de cárceles, centros de salud, educativos, complejos deportivos y obras de mejoramiento y equipamiento urbano. La ley establecerá un límite del 7% del PIB (Producto Interno Bruto) para la inversión total.

Cuando el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa al Parlamento hubo reacciones negativas, no solamente de los partidos de la oposición sino también desde sectores del oficialismo. También de la central de trabajadores Pit-Cnt. Desde adentro del Frente y desde el ala sindical se advirtió por el carácter "privatizador" de este proyecto, lo cual fue desestimado por los representantes del gobierno.

Sin embargo, hubo algunas modificaciones planteadas desde el propio gobierno -algunas a instancias de la oposición- lo cual derivó en la ampliación del apoyo político desde afuera y también desde adentro del propio oficialismo.

mandato. La última discrepancia fue planteada el martes 10, cuando en la bancada del Frente Amplio el representante comunista Hugo Dávila reiteró su rechazo al proyecto y solicitó, en consecuencia, que se le permitiera a él y a su compañero del PCU Juan Carlos Hornes (suplente de Walter De León) la libertad de acción para no votarlo. Esto no fue autorizado y la bancada debió votar en bloque a favor del proyecto.

En su informe al plenario, el representante oficialista Gonzalo Mujica destacó la "actitud patriótica" de la oposición por haber sugerido modificaciones y mostrar su disposición para acompañar la iniciativa.

Gonzalo Mujica la consideró como "una de las leyes más importantes de esta administración", y aclaró que esta ley "va en sentido contrario a la enajenación de patrimonio público de otras épocas". "Es una ley para la creación de nueva infraestructura y servicios conexos", manifestó.

Luego, el diputado del Partido Independiente Iván Posada sostuvo que esta ley será fundamental para mejorar la infraestructura vial y la energética. "Es una ley necesaria, una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda superar las dificultades actuales en materia logística y social", destacó Posada.

Los diputados oficialistas Dávila y Hornes votaron a favor. Luego, Dávila argumentó en contra de esta ley. "Es una ley que no conforma al Partido Comunista en función de lo que se piensa que debe ser el rol del Estado en un país productivo", precisó. Además, Dávila advirtió que "en un próximo gobierno de un partido tradicional esta ley se puede emplear para privatizar", tras lo cual reiteró que votó "por disciplina partidaria".

AFAP. Germán Cardoso, diputado colorado, subrayó que la ley es impostergable y que será una herramienta hábil para lo que se pretende.

El legislador nacionalista Pablo Abdala promovió un agregado a la iniciativa en el sentido de incluir un artículo que asegurara la instancia de negociación colectiva en cualquier proyecto de inversión.

Un elemento de discusión se dio cuando el diputado blanco José Carlos Cardoso dijo que los recursos financieros que se emplearán en los proyectos público privados serán los de las AFAP. Eso motivó una reacción de varios diputados frenteamplistas como Alfredo Asti y Gustavo Bernini.