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A pedido de jueces y fiscales, el Parlamento impulsará un mecanismo mediante el cual los narcotraficantes procesados puedan reclamar sus bienes incautados pero sin que ello implique un retraso al juicio principal, como ocurre actualmente.

"Muchas veces los narcotraficantes se preocupan más de todos esos bienes que de su propia libertad; pelean mucho más por los bienes que por su libertad. No interponen ningún recurso para la libertad, porque ya saben que la tienen perdida, pero sí pelean, y mucho, por los bienes", dijo el fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe.

En el último tiempo, la Comisión con Fines Legislativos vinculados al Lavado de Activos ha recibido a los operadores judiciales para recolectar opiniones sobre los cambios que se requieren a la normativa.

Y uno de los aspectos planteados por jueces y fiscales ha sido la complicación que genera para el trámite de los juicios los reclamos que los narcotraficantes presentan para intentar recuperar los bienes que les fueron incautados.

Cada vez que una persona procesada reclama sus bienes "hay que formar un proceso incidental y este comienza a tener complicaciones con el proceso principal", dijo Perciballe al comparecer días atrás ante la comisión legislativa.

Por eso, el fiscal planteó la necesidad de establecer un nuevo mecanismo procesal mediante el cual los narcotraficantes puedan reclamar sus bienes sin que eso retrase el trámite del juicio principal.

"La realidad es que estamos teniendo un problema en ese campo", dijo en su momento el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz ante la comisión parlamentaria.

"Tenemos un volumen de incidentes impresionante, muchas veces trancando el desarrollo del proceso principal, porque no se puede dictar sentencia hasta que no se liquiden todos los incidentes", sostuvo el magistrado.

Según Díaz, "habría que tomar una definición política" que permita, por ejemplo, que los incidentes que se inician por reclamo de bienes se resuelvan recién al momento de dictar la sentencia.

Otras dos opciones, a juicio de Díaz, es que la decisión en torno a esos planteos no pueda ser apelada o que se pueda recurrir pero junto a la sentencia definitiva del procesado, que es cuando recién se confirma el decomiso de los bienes.

El abogado penalista Gonzalo Aires dijo a El País que el hecho de iniciar acciones o no en reclamo de sus bienes depende de cada procesado, y señaló que por lo general optan por ese camino los narcotraficantes considerados "pesados".

"A los otros, que habitualmente actúan como intermediarios, por lo general no se les logra confiscar ningún bien", señaló el abogado.

Aires explicó que para reclamar por la incautación de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias "es necesario probar que se trata de bienes que tienen un origen lícito".

"Si el procesado no tiene un medio de vida que justifique la tenencia de esos bienes, se procede al decomiso definitivo. El supuesto es que una persona enjuiciada por tráfico de drogas, todas sus pertenencias son producto de esa actividad", sostuvo el abogado.

SOLUCIONES. El diputado nacionalista Jorge Gandini, presidente de la Comisión con Fines Legislativos vinculados al Lavado de Activos, dijo a El País que entre junio y julio se impulsarán varios proyectos de ley tendientes a modificar la legislación, atendiendo los reclamos de los operadores judiciales.

Todo lo relativo a las complicaciones generadas en torno a la incautación de bienes "es una de las cosas que se van a solucionar", adelantó el legislador nacionalista. "Lo de los bienes no parece ser tan difícil de resolver", dijo Gandini.

El diputado indicó que una de las prioridades de la comisión legislativa es modificar la actualización de la ley antilavado de 2009, que respecto a su versión de original de 2004, eliminó los delitos cometidos en el exterior como precedente del blanqueo de capitales.

El fiscal Perciballe planteó a los legisladores a fines del mes pasado que sería positivo tener la posibilidad de computar como delito previo al lavado de activos ilícitos cometidos afuera del país, sobre todo, en virtud del carácter transnacional de las organizaciones delictivas.

A su vez, también se evaluará ampliar la lista de delitos precedentes e incluir, por ejemplo, el homicidio y la rapiña.

62 Fueron los autos de narcotraficantes que se subastaron en el último remate judicial, que tuvo lugar el pasado 14 de abril.

214 Es el total de vehículos que se incautaron a organizaciones de narcotraficantes entre enero y marzo del presente año.

La incautación de automóviles a organizaciones de narcotraficantes viene en incremento constante desde hace 11 años. Así, en el período 2000-2004 se ubicaron 38 vehículos; en el período 2005-2009 la cifra ascendió a 326 y desde 2010 al 31 de marzo de este año el total se ubica en 214, según cifras oficiales de la Junta Nacional de Drogas (JND) que depende jerárquicamente de la Prosecretaría de la Presidencia de la República.

Del total de 578 vehículos incautados, 62 fueron rematados, 16 están a rematar o destinar (en espera de oficio), 13 transferidos, uno vendido, 217 en espera o trámite de solicitud de remate. En el caso de 41 vehículos, un juzgado no autorizó remates anticipados, en tanto 53 fueron devueltos por orden judicial y 153 están en averiguación de datos.

El Poder Judicial, la Policía y la JND acordaron un mecanismo para acelerar el remate de los vehículos incautados a organizaciones de traficantes, que normalmente son coches de alta gama. Actualmente hay más de 200 automóviles depositados en la sede de la Brigada Antidrogas que esperan solicitud o autorización para poder ser rematados.