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PABLO MELGAR

Las cuatro bancadas acordaron ayer que el Sistema de Rehabilitación Penal Adolescente (Sirpa), a cargo de la reclusión de menores, será un organismo autónomo antes que culmine la gestión del gobierno. Mientras tanto estará a cargo del INAU.

Los tres partidos de la oposición condicionaron su voto para la creación del Sirpa, que ocupará el lugar del actual Semeji, a que el Frente Amplio habilite su separación del INAU. El oficialismo se comprometió a que antes de culminar el período el funcionamiento del Sirpa será independiente.

El proyecto, que ordena al INAU hacerse cargo del Sirpa hasta que se formalice su separación institucional, será aprobado en esta jornada.

Ayer la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes no alcanzó consenso para lo proyectos relacionados al mantenimiento de los antecedentes de los menores de edad y a la penalización de la tentativa de hurto.

Las tres iniciativas habían sido acordadas por todos los partidos en la comisión bicameral encargada de elaborar normas para la minoridad infractora. En marzo se anunció que antes del 31 de mayo estarían aprobadas las leyes que surgieron de ese acuerdo.

La comisión resolvió someter a votación ambas iniciativas en la sesión ordinaria de mañana. Horas antes de la convocatoria los diputados volverán a reunirse para ver si alcanzan acuerdos. Blancos, colorados e independientes insistirán en su idea de aplicar privación de libertad a quienes reincidan en el delito de tentativa de hurto.

También buscarán ampliar el tiempo por el que se conservan los antecedentes al cumplir los 18 años. Los blancos plantearán que se mantengan por cinco años o indefinidamente, como proponen los colorados.

En caso que las diferencias se mantengan, el Frente Amplio hará uso de su mayoría y aprobará una norma que establezca el mantenimiento de los antecedentes hasta los 20 años, según confirmó a El País el diputado socialista Julio Bango.

El mismo legislador mencionó que espera que el Senado apruebe las tres iniciativas los primeros días del mes de junio.

"Estas cosas que el Frente no acepta son graves errores que van a llevar a que se tenga que volver sobre ellos en el futuro", se lamentó el diputado nacionalista Gustavo Borsari.

En cuánto a la tentativa de hurto la diferencia entre los partidos opositores y el oficialismo radica en que el Frente Amplio pretende que se impongan "medidas socio educativas" a los adolescentes que intentaron cometer un hurto, lo que implica no aplicar privación de libertad para ese delito, cuando es cometido por menores.

Los partidos de la oposición entienden que esa medida es aceptable únicamente para quienes no tienen antecedentes, al tiempo que consideran que los reincidentes deberían ser internados.

"La mayor parte de los menores que detiene la Policía por tentativa de hurto son gente que ya ha cometido ese delito. Se debería darle al juez la herramienta para imponer otras medidas", aseveró Borsari.

El legislador nacionalista está convencido que si el Sirpa cuenta con el equipamiento necesario será de utilidad para reducir el delito.

"Si es como debe ser, blindado en el buen sentido de la palabra, con importantes medidas de seguridad, doble vallado, guardias de la Policía en el perímetro, sin dudas que disminuiría la carga delictiva. Todo va en cómo se lleve a la práctica", mencionó Borsari.

Los colorados centrarán su discurso en que las leyes que se van a aprobar son consecuencia de la campaña de recolección de firmas que vienen desarrollando.

"El fruto de la recolección de firmas es que el Frente Amplio resuelva votar estas leyes, cuando hasta hace se poco se negaba". De esa forma respondió en la comisión el diputado colorado (Vamos Uruguay) Fitzerald Cantero a su colega oficialista Aníbal Pereira (MPP), que minutos antes acusó a los colorados de buscar justificaciones para seguir con la campaña de firmas.

La ex ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi cuestionó la formación de los funcionarios que trabajan en el INAU. "No están capacitados para la tarea, pero no es su culpa; ellos entraron cuando (el INAU) era uno de los lugares en donde entraba gente. Este es un trabajo para el que uno debe estar capacitado y en el que hay que rotar por más vocación que se tenga", opinó. La ex jerarca dijo a El País que está de acuerdo con la creación de un Sistema de Responsabilidad Adolescente, tal como se establece en el Código de la Niñez, pero advirtió sobre la necesidad de reubicar a los menores internados en los centros. "Tiene que hacerse un trabajo como el que se hizo en el Centro Nacional de Rehabilitación y los menores no pueden estar agrupados por los delitos que cometieron, sino que por su perfil psicológico", agregó Arismendi.

Antecedentes.

El mantenimiento de los registros de los delitos cometidos por menores de edad divide a las bancadas parlamentarias.

Los legisladores del Partido Colorado consideran que los antecedentes penales deben constar para toda la vida. En la actualidad, por mandato legal, se destruyen al cumplirse la mayoría de edad. Dos diputados colorados propondrán hoy a su bancada que el mantenimiento sin plazo de los antecedentes se limite a homicidio, homicidio especialmente agravado, violación, lesiones graves y gravísimas, rapiña, copamiento, extorsión y secuestro.

El Partido Nacional anunció que presentará su propio proyecto al tiempo que está analizando la posibilidad de proponer el mantenimiento de los antecedentes o limitarlo en el tiempo por cinco años una vez que se cumpla los 18.

El Frente Amplio en cambio, es partidario de conservar los registros hasta los 20 años.

Tentativa de Hurto. Al igual que con los antecedentes de los menores, hay acuerdo entre los partidos para penalizar la tentativa de hurto, que hasta ahora no se consideraba infracción por el Código de la Niñez y la Adolescencia. La diferencia radica en que el oficialismo pretende que se impongan "medidas socioeducativas", lo que implica no aplicar privación de libertad para ese delito, cuando es cometido por menores.

Los partidos de la oposición entienden que esa medida es aceptable para quienes no tienen antecedentes, al tiempo que consideran que los reincidentes deberían ser internados en un centro especial.

Plazos a jueces.

Las bancadas acordaron extender a 90 días el plazo con el que cuentan los jueces de adolescentes para dar a conocer su fallo en delitos gravísimos. En la actualidad los magistrados tienen 60 días para determinar el archivo o el inicio del proceso infraccional, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. La iniciativa no se podrá a votación en la sesión de hoy por motivos "burocráticos", según legisladores de distintos partidos. La idea es que la norma se vote en el plenario de diputados en la sesión ordinaria de mañana miércoles.