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E. BARRENECHE / P. MELGAR

El Poder Judicial comenzó ayer a elaborar un registro electrónico con los antecedentes de adolescentes delincuentes. En tanto, en el Parlamento sigue trancado el proyecto que habilitaría mantener después de los 18 años los legajos de los menores.

En una reunión realizada en la víspera en la sede del Instituto Técnico Forense (ITF), los jueces de Menores Hugo Morales y Gerardo Peduzzi y autoridades de ese organismo del Poder Judicial definieron los criterios del registro de delitos de menores infractores.

El juez Morales dijo a El País que el objetivo de la reunión fue "ajustar" las diferencias entre los registros de delincuentes adultos y el de menores.

"Hay algunas diferencias. En el régimen de minoridad infractora existen medidas cautelares que no se dan tanto en el régimen de adultos. A grandes rasgos va a ser similar la información que vamos a tener con la de los juzgados de adultos", expresó el magistrado.

En el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) está prevista la creación de este registro de los delitos de los menores infractores.

"Hay un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de crear ese registro", dijo Morales.

Según el juez, la base de datos se ubicará bajo la órbita del ITF y brindará información a todos los magistrados del país.

Morales es partidario de que se recojan los antecedentes de los últimos dos años del menor infractor. Sin embargo, se manifestó abierto a que se apliquen en un plazo mayor o menor a los dos años.

El juez señaló que "llevará tiempo" poner en práctica este registro a un nivel similar al que tienen los juzgados penales para los adultos.

"La idea es que ese registro se haga. Para los jueces será importante porque contaremos con información fehaciente en todo el país", dijo.

En este momento si un menor comete un delito en Rivera y es detenido por la Policía, el juez de esa ciudad no puede evaluar la peligrosidad de ese adolescente a la hora de juzgarlo porque no cuenta con información de si cometió algún delito en otro departamento.

"Nosotros no tenemos esa información. Puede llegarnos pero después de que se ejecute la sentencia", explicó.

El magistrado dijo que en los juzgados de Menores de Montevideo se llevan en forma manual los antecedentes de delitos, y agregó su conformidad con la creación de este registro porque se trata de un "reclamo de larga data" de los jueces.

En febrero de este año, el fiscal de Menores Gustavo Zubía dijo en una comisión especial que analiza cambios al Código de la Niñez que los antecedentes de los menores se recogen "a mano" en los juzgados.

"A veces nos reímos porque sabemos de los antecedentes por la cara del muchacho", contó Zubía, quien explicó que el sistema para conocer los antecedentes del menor "es ir a buscar unos cuadernos a los otros juzgados".

DIPUTADOS. A pedido del Frente Amplio, la Cámara de Diputados no trató ayer el proyecto que habilita el mantenimiento de los antecedentes de los menores de edad.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Felipe Michelini, pidió "más tiempo" a la oposición para que el oficialismo terminara de acordar el proyecto en la interna.

Además, el diputado socialista Julio Bango, uno de los principales promotores de la iniciativa, no estaba en la sesión. Bango participó de un viaje en barco entre Montevideo y Punta del Este que organizó la Armada en ocasión de los ejercicios militares Atlantis I con la marina de Brasil.

A esto se sumó que el diputado José Bayardi, presidente de la Comisión de Constitución y uno de los legisladores frenteamplista que trabajó el tema, está de viaje en Costa Rica. Su suplente no se presentó. Por esto, en la sesión de la comisión en horas de la mañana, el oficialismo y la oposición quedaron empatados.

Blancos y colorados aprovecharon para presentar sus proyectos, votaron tres veces y se mantuvo el empate.

El asunto será votado en la sesión de la cámara del próximo miércoles.

Cada partido presentará su proyecto, lo que obligará al Frente Amplio a contar con los 50 legisladores en sala para aprobar el suyo.

Se maneja que los blancos presentarán el mismo proyecto que planteó en agosto de 2010 el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco). En ese momento propuso que los legajos de los menores de edad permanezcan indefinidamente a disposición del Poder Judicial.

Por su parte, Alianza Nacional sostiene que los antecedentes deben permanecer por cinco años y solo en casos de delitos graves. Sin embargo, ayer no presentó esta propuesta en la comisión de Constitución, por lo cual el proyecto de Lacalle Pou sería el único a presentar por el Partido Nacional.

Entre los colorados hay unanimidad en que los legajos se mantengan para siempre.

El diputado de Asamblea Uruguay Jorge Orrico sostuvo que "mantener indefinidamente los antecedentes de los menores es violatorio de las reglas de Beijing", un pacto que Uruguay suscribió a fines de la década de 1980.

Por tal motivo, el oficialismo defenderá su idea de que los legajos se mantengan por dos años, es decir hasta que el adolescente infractor cumpla 20 años edad.

El director y el coordinador de turno del Centro de Medidas Cautelares fueron acusados por los menores "Prandon" y "Ricky" de haberles pagado para facilitarles la fuga el 13 de abril pasado.

Ricky dijo a los técnicos del INAU que realizan una investigación administrativa por la fuga, que pagó US$ 400 para que el coordinador del turno le entregara una lima que le permitió cortar los barrotes de la celda del centro, según versiones manejadas por el sindicato del organismo. En tanto, Prandon dijo el viernes 27 en el Juzgado de Menores que entregó 400 euros al director del hogar para poder fugarse, señalaron a El País fuentes judiciales.

El gerente de los hogares con privación de libertad del INAU, Rolando Arbesún, dijo a El País: "estoy al tanto de eso; ese tema está en manos del juez (Jorge) Díaz". Agregó que la investigación administrativa sobre las fugas en el CMC "sigue su curso".

Nuevas fugas. En la madrugada de ayer, tres menores se escaparon del hogar abierto La Casona de la Colonia Berro. Uno de los fugados se encontraba internado por rapiña y los otros dos por robos.

Arbesún dijo que ahora que están bajando los guarismos de fugas, surgen algunos funcionarios que quieren "torpedear" y avisan a la prensa cuando hay escapes de menores. "En cualquier fuga hay responsabilidad funcional. No se puede seguir afirmando que estas se dan porque se dan", expresó.

Arbesún reiteró que "es absolutamente desleal" que 10 minutos después de la fuga de La Casona, funcionarios del centro comunicaran el hecho a los medios de prensa. Agregó que algunos funcionarios rechazan los ajustes en el sistema porque ahora "tienen que trabajar más".

Dijo que las fugas bajaron un 87% en mayo de este año en comparación con el mismo mes de 2010.

400 Es la cifra en euros que el menor apodado "Prandon" dijo que entregó a un jerarca del INAU para que le permitiera fugarse.

El próximo jueves, los funcionarios de la Colonia Berro analizarán si establecen nuevamente el sistema de cupos en ese centro de privación de libertad, dijo a El País una fuente del gremio. Los funcionarios se quejan de la superpoblación existente en la Colonia Berro. La fuente señaló que en este momento hay el doble de menores que en febrero de 2009, la última vez que establecieron un régimen de cupos. Agregó que en algunos hogares los internos duermen en el piso.