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EDUARDO DELGADO / DANIEL ISGLEAS

Los ministros coincidieron con Mujica y la OPP en que el sector rural debe aportar más, pero no en el cómo. Astori y los tres ministerios involucrados trabajan en una alternativa. El vicepresidente confía en dar "un paso importante" el lunes 13.

Hay consenso en el Poder Ejecutivo en que el agro atraviesa un momento de altos ingresos y tiene una carga tributaria baja; también existe acuerdo en el objetivo económico de subir el aporte del sector, pero no en la forma y en los resultados que puede implicar.

En el gabinete productivo de ayer lunes, el presidente José Mujica planteó su idea de que los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas tengan una mayor carga tributaria. De esa forma, inició formalmente la discusión sobre este tema, que hasta el momento se había desarrollado a través de declaraciones del propio mandatario, operadores del gobierno y productores afectados.

El presidente manejó escalas de pago por año y por hectárea. Así, propone que a partir de 2.000 hectáreas, el productor pague US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y de 10.000 o más, US$ 16, todo en unidades indexadas, las cuales se reajustan diariamente. La medida afectaría a los campos a partir de índice Coneat 100 (que mide la capacidad productiva de la tierra).

Actualmente los productores pagan US$ 4 por hectárea en concepto de contribución inmobiliaria rural, lo cual se mantendrá, pero están exonerados del pago del Impuesto de Primaria y del Impuesto Patrimonio.

Mujica sostuvo que la medida afectaría a poco más de 1.000 empresas agropecurias. Su propuesta cuenta con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que intervino en su redacción.

En tanto, los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Tabaré Aguerre (Ganadería), coincidieron con Mujica en que el agro debe tener un mayor aporte, pero no está definida la forma en que esto se llevará adelante.

Paso importante. El vicepresidente Danilo Astori y estos tres ministros trabajan en un proyecto alternativo al del presidente, con un diseño distinto al que plantea la OPP, basado en la productividad y no en la cantidad de hectáreas.

"Pienso que el próximo lunes vamos a estar dando un paso importante", expresó Astori a El País. Acotó que "no hay plazo" para acordar un proyecto en común porque "queremos discutirlo bien".

El presidente dijo de volver a tratar este tema el lunes próximo, contando con el diseño presentado y uno alternativo. Este último en elaboración - se basará en la productividad de la tierra y no en la cantidad de hectáreas-, incluirá para ello los diferentes tipo de producción (ganadera, sojera y forestal) y la rentabilidad de cada una de esas tierras.

Ayer al inicio del gabinete productivo, Mujica aclaró que no era su intención tomar una resolución sobre su propuesta en la pasada jornada y expresó su disposición a escuchar otras posiciones.

El director de la OPP, Gabriel Frugoni, defendió la propuesta del presidente, manejó datos vinculados al aporte impositivo del sector rural y los comparó con los de otros sectores de la población.

Posteriormente hubo un intercambio de ideas entre los jerarcas, compartiendo el objetivo de que el sector rural debe tener un nivel de aporte mayor para su propio desarrollo, en especial en caminaría rural.

Pero frente a la propuesta de Mujica y la OPP, el equipo económico planteó estudiar un diseño con otra base técnica, vinculado no a los aspectos de la cantidad de hectáreas sino a la productividad. En ese sentido, en el gobierno se prevé una semana intensa de intercambio entre los jerarcas que elaboran la propuesta alternativa y de ellos con la OPP, añadieron las fuentes.

El cruce de ideas se desarrolló en un tono "franco y fraterno", y se destacó como positivo el consenso sobre el fin del planteo de Mujica, en que "no cambiará las reglas de juego" y que se trata de pedirle a un sector una contribución "muy razonable", señalaron las fuentes.

Pero estas fuentes también reconocieron las diferencias entre el equipo económico y la OPP sobre la forma en que se aplicará este aumento de tributos al agro y en cómo cada alternativa puede afectar al país y su imagen hacia los inversores.

"Hubo gran acuerdo en la necesidad de lograr un mayor aporte del propio sector para el desarrollo rural, en que ese aporte tiene que estar en función de la capacidad contributiva y que el destino del mismo incluye, en particular, infraestructura, pero no solo de escala o nivel nacional, sino más local, como los caminos vecinales, que también tienen mucho que ver con los niveles de productividad", dijo Astori a El País.

"Entonces, se comenzó a discutir cuál es la mejor vía para lograr eso. En eso estamos y vamos a continuar el próximo lunes", agregó.

"Los acuerdos más importantes han sido logrados, el objetivo, la finalidad, el concepto, es lo más importante. Ahora hay que encontrar la vía", concluyó Astori, quien junto a Lorenzo, Pintado y Aguerre trabajan en la propuesta alternativa.

Además de las diferencias en el gabinete, a nivel de la bancada del Frente Amplio tampoco hay consenso en torno al nuevo impuesto al agro propuesto por el presidente Mujica. Los senadores Rafael Michelini y Jorge Saravia ya adelantaron que no lo votarán tal como está planteado.

1.000 Empresas agropecuarias afectadas por el nuevo impuesto, según Mujica.

16 Máximo que tendrá que pagar un productor por hectáreas si tiene más de 10.000.

PAGA EL IMPUESTO

Un productor agropecuario, por ejemplo de la zona norte del país, que deberá pagar el impuesto a pesar de su rentabilidad es el siguiente: posee un campo de 2.000 hectáreas donde cría ganado (terneros y ovejas). La rentabilidad promedio con esos animales en ese predio de 2.000 hectáreas es de unos US$ 60 por hectárea al año, lo que arroja un total de US$ 120.000 de ingresos brutos. Para sacar sus animales del campo por carretera, ese productor deberá contratar entre 10 y 12 camiones por año.

NO PAGA EL IMPUESTO

En el otro extremo está, por ejemplo, un productor de arroz de la zona noreste del país. Tiene 1.000 hectáreas sembradas lo que espera que rinda unas 200.000 bolsas de 60 kilos por año, a US$ 14 por bolsa. Su ingreso anual será US$ 2.800.000. Teniendo en cuenta insumos como semillas, fertilizantes, etc., le costarán US$ 700 por hectárea sembrada, es decir US$ 700.000 al año; al productor le quedará una ganancia por año superior a US$ 2 millones. Y utilizará entre 40 y 50 camiones para sacar la producción.

Aun sin que la mayoría de los sectores políticos de los partidos de la oposición haya fijado su postura, blancos y colorados se perfilan a rechazar una propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de gravar la tierra tal como la trasmitió ayer el presidente José Mujica a los miembros de su gabinete.

Muchas de las posiciones que se conocen ahora se hacen en base a los anuncios públicos del presidente, y en ciertos casos se prefiere esperar a que el proyecto llegue al Parlamento antes de pronunciarse.

En el Partido Nacional no hay posiciones formales de Unidad Nacional (UNA) ni de Alianza Nacional (AN).

De las primeras consultas efectuadas a dirigentes de UNA surge que el modo "desprolijo" de hacer conocer al Parlamento las propuestas por parte del propio presidente Mujica, desestimulan un eventual apoyo. Dado que el sector que encabeza el senador Luis Alberto Lacalle entiende que las obras de mejora de infraestructura son positivas, de haberse manejado de otra forma el planteamiento, quizás "se hubiera estudiado", dijeron a El País dirigentes del sector.

En Alianza Nacional, en cambio, no hay definiciones. Ayer, luego de reunirse con el presidente Mujica, el líder aliancista Jorge Larrañaga declaró que la posición del sector se tomará más adelante. "Veremos el día que llegue la iniciativa al Parlamento", destacó Larrañaga.

En el Partido Colorado la situación parece encaminarse en el mismo sentido. El senador Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), dijo a El País que el sector "no está definido" al respecto, aunque no se comparte la política fiscal del gobierno. Esto lleva a pensar que Proba no apoyará esta idea de Mujica, si bien se apoya la mejora de la infraestructura.

En Vamos Uruguay, en tanto, no se apoya la propuesta de Mujica porque se considera que trae "incertidumbre" a los inversores. Además, se cuestiona el procedimiento empleado por el presidente para echar una idea en la opinión pública.

Asimismo, en la Mesa Política del Frente, se cuestionó ayer la forma de comunicar del presidente en el caso del impuesto a la tierra. Incluso, se dijo que no solo funciona mal la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, sino que ahora ha quedado en evidencia el mismo problema dentro del Poder Ejecutivo, dijeron a El País fuentes del órgano.