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EDUARDO BARRENECHE

Mientras el jefe de Río Negro acusó a jueces de "soberbios" y de creer que "están dos escalones por arriba", el ministro de la Suprema Corte Jorge Ruibal Pino le replicó que los magistrados sufren "métodos de ablande caseros" de parte de policías.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el subsecretario Jorge Vázquez presidieron ayer el acto de apertura de un encuentro nacional denominado "Gestión en Marcha". En la reunión, que se subdividió en talleres, hubo un intercambio sobre el relacionamiento de la Policía y el Poder Judicial en el marco de uno de los programas que lleva adelante el Ministerio del Interior sobre la integración del sistema prevento-represivo, que incluye a la Policía, los jueces, los fiscales y todos los actores del Poder Judicial.

Entre los panelistas, se encontraba el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, y el ministro Ruibal Pino, entre otros representantes de la Poder Judicial, así como jefes y subjefes de Policía y directores y subdirectores nacionales.

Tras una exposición de la ministra de Apelaciones y directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), Selva Klett, sobre las pautas ideales del relacionamiento Justicia-Policía, el jefe policial de Fray Bentos (Río Negro), Washington Curbelo, señaló que en ocasiones existe una "falsa oposición" entre la fuerza policial y la Justicia que se reproduce en los medios de comunicación en muchas oportunidades.

"Embarcados en una investigación, muchas veces los policías decimos: `estos jueces no procesan a nadie; le llevé todas las pruebas y los delincuentes salieron antes del Juzgado que los policías`. En cambio, los jueces señalan: `me traen un montón de cosas y de personas pero no hay ninguna prueba concreta", explicó.

Según Curbelo, ambas partes deben trabajar en la forma de producir esa prueba, la cual permita la reconstrucción del hecho delictivo.

Indicó que, cuando hay policías involucrados en supuestos ilícitos, "muchas veces los policías tenemos la sensación de que se invierte la carga de la prueba. El policía tiene que probar que es inocente cuando es el sistema que tiene que probar que actuó mal".

Curbelo reconoció que, por otra parte, hay policías que cometen el "error" de creer que la confesión en sede policial es prueba suficiente para que la Justicia procese a una persona.

"En tanto, algunos jueces creen estar dos escalones por arriba y miran con soberbia y desprecio el trabajo policial. Cuando sin el trabajo policial, la Justicia Penal hoy sería inoperante. Y el trabajo policial de nada serviría si no tiene una correspondencia con la gestión judicial", dijo.

Por su parte el ministro de la Suprema Corte, Jorge Ruibal Pino, replicó que desde la Corporación se "trata de desalentar" que los jueces crean que están dos escalones por encima de los policías.

"También conocemos, como lo debe conocer el inspector Curbelo, que la Policía tiene métodos de ablande caseros para tratar de solucionar esos casos. Los hemos sufrido algunos jueces aunque no seamos soberbios", advirtió Ruibal Pino.

Según el jerarca judicial, el policía "defraudado" por la liberación de un delincuente pese a la presentación de pruebas en su contra, "tiene derecho a preguntarle al juez qué hizo mal y qué es lo que tiene que hacer en un caso similar en el futuro. No tendrá derecho a pedir explicaciones sobre por qué el sospechoso no fue procesado".

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, dijo que "asumimos que los jueces son seres humanos y que hay algunos que son soberbios. Son los menos. Tenemos que trabajar en la interna judicial para mejorar el relacionamiento con la Policía".

En tanto, la ministra del Tribunal de Apelaciones Selva Klett dijo que la relación magistrado-policía es más "intensa y personal" en el interior del país, mientras que "es distinta" e impersonal en Montevideo y departamentos del área metropolitana.

A los jerarcas policiales, Klett les relató que la participación de ministros del Suprema Corte en la reunión se debía a que al Poder Judicial también "le interesa oír las concretas opiniones que ustedes tienen sobre los problemas" de relacionamiento entre ambas partes. Sin embargo, recordó a los jefes y subjefes policiales que la Constitución "no quiere a un delincuente a cualquier precio, sino al delincuente" que cometió un delito.

El director nacional de la Policía, Julio Guarteche, dijo que la estrategia de la Policía tiene cuatro puntos: el tercero de ellos es la integración del sistema prevento-represivo. "La actividad de hoy (ayer) se enmarca dentro de eso. Tenemos que mejorar las relaciones con las instituciones que tienen que ver con nuestro trabajo. Si no hacemos eso, no vamos hacer lo que la sociedad nos pide. Con el Poder Judicial estamos trabajando codo a codo", agregó.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó ayer que planteó en un ámbito del Mercosur la extradición de 27 presos procesados y no condenados en Uruguay a otros países del bloque donde son requeridos. "Son buscados en esos países por crímenes muchos más graves que los que cometieron en el nuestro. Además, tienen más facilidad de escaparse de nuestras cárceles que las existentes en el exterior", explicó Bonomi en un encuentro realizado en el Parque Policial de Solymar.

"Pensé que la extradición de esos presos era difícil. Pero me encontré con representantes del Ministerio de Educación de Uruguay que me dijeron que eso era posible por acuerdos" firmados por Uruguay, dijo el ministro del Interior.

Bonomi relató que cometió el error de presentar esa propuesta en ámbitos que nuclean a ministerios del Interior de la región cuando ese tipo de acuerdos se discuten en reuniones de ministerios de Justicia. "Como en Uruguay el Ministerio de Justicia es el Ministerio de Educación, debo plantearlo a través de esa cartera", señaló Bonomi. Aclaró que extraditar presos condenados "es más fácil" porque Uruguay tiene convenios con la mayoría de países de la región.

Según el Ministerio del Interior, esos reclusos realizan en las cárceles una transferencia de conocimientos a delincuentes uruguayos. Las cárceles uruguayas alojan a integrantes del crimen organizado de Colombia, Serbia, Brasil y México.