El senador colorado Pedro Bordaberry solicitará la presencia en el Parlamento del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, a fin de que explique la compra de equipamiento para espionaje para la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie). Además, Bordaberry quiere dialogar sobre una posición adoptada por los jueces respecto a ese tema.

En relación con el mismo asunto, esta tarde el diputado colorado José Amy presentará un proyecto de ley estableciendo que se configura un delito y se prohíbe la importación y comercialización de equipamientos para espionaje.

La iniciativa del legislador de Vamos Uruguay establece una pena de penitenciaría y fuertes multas.

Al respecto, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, reconoció ayer a radio Montecarlo que la difusión de la compra de material de espionaje por parte de la cartera fue "un error", y señaló que su carácter reservado está amparado en el Tocaf.

En la página web de la Presidencia se publicó días atrás que el Ministerio de Defensa Nacional solicitó la compra directa de un aparato para bloquear señales de teléfonos celulares, dos relojes que graban voces, y además dan la hora, y un micrófono de pared.

Menéndez defendió esa adquisición diciendo que Defensa cumple tareas de policía y de auxiliar de la Justicia, y que se trata de material "de carácter operativo".

El subsecretario declaró que la adquisición fue de carácter reservado, amparándose en el artículo 33, numeral h del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).

Este artículo, incluido en la Sección II del Capítulo III del Texto, refiere a los contratos del Estado, y autoriza su no difusión "cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto", lo cual como es obvio en este caso no se cumplió.