La Junta Anticorrupción considerará, en un proyecto de ley a estudio del Senado que fija normas para aumentar la transparencia de la gestión estatal, la inclusión de normas que extiendan el control estatal sobre el uso de los recursos públicos que manejan diversas empresas que funcionan en el ámbito del derecho privado.

Se trata de cientos de millones de dólares que manejan esas empresas cuyos ordenadores de gastos no están incluidos en la nómina de personas que deben efectuar anualmente una declaración de bienes e ingresos, tal como marca la ley anticorrupción.

El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) propuso ayer a los miembros de la Junta, que preside José Pedro Montero e integran Luis Yarzábal y Carlos Soares de Lima, quienes comparecieron ante la comisión de Constitución de Diputados, que hay decenas de funcionarios que no son estatales pero que manejan recursos públicos por su condición de gerentes o directores de las sociedades anónimas propiedad del Estado uruguayo.

"Un gerente de compras o un ordenador de gastos de Ancap está obligado a presentar una declaración jurada sobre sus bienes e ingresos todos los años, pero uno de ALUR, por ejemplo, no está obligado a hacerlo", indicó el legislador en la reunión, lo cual consideró que constituye "un error a corregir". ALUR es 90% perteneciente a Ancap y 10% a la venezolana Pdvsa y maneja fondos públicos en igual porcentaje.

En la comisión, el diputado Gandini mencionó otro ejemplo como es que "la Corporación Vial del Uruguay que maneja el dinero de todos los peajes y las carreteras que están bajo el régimen de concesión y peajes, es una sociedad anónima que funciona en el ámbito del derecho privado. ¿Cómo controlo yo a quien arregla las carreteras? No hace declaración jurada y así no hay transparencia. Está lejos del contralor del Tribunal de Cuentas o de la Auditoría Interna de la Nación".

La Junta analizará incluir más controles en la nueva ley.