El gobierno anunció en el día de hoy la aprobación de un decreto que anula los actos administrativos referentes a la Ley de Caducidad.

Esta medida permitirá la reapertura de unos 80 casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la última dictadura ( ver nota relacionada ).

Ante esta decisión, los representantes de los principales centros militares coincidieron en entender que se trata de un recurso inconstitucional y en que el gobierno es presionado para avanzar en este tema.

El presidente del Círculo Militar, general (r) Ricardo Galarza, dijo a EL PAÍS digital que "hay expertos en derecho que han señalado la imposibilidad de consumir los efectos de la ley de Caducidad mediante la revocación de actos administrativos por parte del Ejecutivo".

Galarza expresó que en el caso de que militares sean citados a declarar bajo esta "nueva modalidad", tendrían que presentar para cada caso el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el coronel (r) Guillermo Cedréz, presidente del Centro Militar, también dijo que "varios constitucionalistas" opinaron sobre el tema y entendieron que era inconstitucional. "No se puede hacer, es cosa juzgada", opinó.

Los representantes castrenses descartaron que se trate de una presión hacia el Poder Judicial pero sí coincidieron en que el Ejecutivo es presionado en este tema.

El gobierno debe tener "algún compromiso" y sufre presiones para acabar con la ley de Caducidad, dijeron.

"Es la judicialización de un problema político, esto es de la misma manera que el asunto de Aratirí (asunto para el cual Mujica propuso un plebiscito consultivo)", afirmó Galarza y agregó que se lleva a que "lo decida otro, que lo decida el Poder Judicial (…) es trasladar el problema".

Los militares dijeron que esto no cambia el ánimo en las Fuerzas Armadas y que se trata de "más de lo mismo" en cuanto a la política que ha llevado adelante la administración de Mujica en esta materia.