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P. MELÉNDREZ / D. ISGLEAS

El Poder Ejecutivo dará luz verde para que la Justicia retome unas 80 causas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, revocando antiguas decisiones administrativas. Expertos señalan que se iniciará un fuerte debate jurídico.

La decisión del gobierno que encabeza el presidente José Mujica fue anunciada ayer -en coincidencia con el 38° aniversario del golpe de Estado de 1973- tras la reunión del Gabinete Social que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva.

Mujica comunicó la decisión a los ministros al inicio del encuentro. Tras ello, no hubo comentarios al respecto ni del presidente ni de los secretarios de Estado, según relataron fuentes oficiales a El País.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que la decisión se tomó "por razones de legitimidad". Breccia indicó en conferencia de prensa que "el decreto solo revocará los actos del Poder Ejecutivo para excluirlos de la ley de Caducidad".

De esa forma, se dejarán sin efecto resoluciones de gobiernos anteriores que consideraron incluidas en la norma denuncias por hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985) y por lo que no prosperaron las investigaciones judiciales de esas causas.

En mayo, el Poder Ejecutivo accedió a un pedido de la viuda del militante comunista Álvaro Balbi, fallecido por torturas en 1975, y anuló un acto administrativo dictado en 1988 que declaró el caso comprendido dentro de la ley de Caducidad.

Breccia estimó que la decisión oficial de extender la posición adoptada en esa causa abarcará a "unos 80 casos", pero aclaró que la última palabra siempre la tendrán los jueces.

"El Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como determinar si corresponde o no desarchivar los expedientes", dijo Breccia.

Agregó que por esta vía el gobierno cumplirá con "un deber ético" y con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay a eliminar los obstáculos para que se puedan indagar los hechos de la dictadura.

El órgano de la OEA emitió esa resolución en febrero en el marco de una denuncia presentada por la desaparición de María Claudia García de Gelman, a cuya familia el Estado deberá resarcir económicamente.

Breccia indicó que el decreto se firmará "el jueves o viernes", para que familiares que estén en contra de la posición del Poder Ejecutivo puedan expresarlo. "Estimamos que no van a existir casos de ese tipo", dijo.

Ayer, la agrupación Hijos Uruguay, que reúne a hijos de desaparecidos, presentó una petición administrativa ante la Presidencia, solicitando, justamente, la revocación de sus anteriores resoluciones, tal como ocurrió en el caso Balbi.

Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos por militares en la dictadura prescribirán el 1° de noviembre. Desde entonces, ya no podría haber más procesamientos.

"COSA JUZGADA". La opción de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto antiguos actos administrativos que ampararon hechos de la dictadura en la ley de Caducidad fue planteada meses atrás por el abogado constitucionalista Martín Risso.

El experto hizo la propuesta durante la discusión del proyecto interpretativo de la Caducidad impulsado por el Frente Amplio, que naufragó en la Cámara de Diputados cuando Víctor Semproni se negó a votarlo.

Risso dijo ayer a El País que con esta iniciativa el Poder Ejecutivo "cumple con su parte" para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero resta lo relativo a los jueces, que "tendrán que evaluar caso a caso y podrán reabrir los expedientes donde no haya cosa juzgada", dijo.

Así, las denuncias que en 1988 tuvieron sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando constitucional la ley de Caducidad, podrán reabrirse solo para aclarar los hechos, pero no para castigar a los responsables. En cambio, sí podrán retomarse las causas que se clausuraron con una simple resolución del juez.

Risso -para quien lo correcto es que el Poder Ejecutivo emita una resolución y no un decreto para revocar sus actos administrativos, tal como lo anunció Breccia- dijo que el tema generará una "amplia discusión jurídica" por su complejidad y las interpretaciones que puede generar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, representante de la viuda de Álvaro Balbi y de Hijos Uruguay, opinó que la posición del Poder Ejecutivo "obligaría a los jueces a desarchivar los casos de oficio".

Chargoñia dijo a El País que en cumplimiento de la sentencia internacional, los jueces no deberían aplicar las normas relativas a la prescripción de los delitos ni los criterios de cosa juzgada. De esa forma, indicó, el Poder Judicial también estaría acatando el fallo.

"NO ES POSIBLE". Por su parte, el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, dijo a El País que el Poder Ejecutivo "no puede revocar actos administrativos que generaron derechos adquiridos".

Y, en tal caso, los afectados podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por lo que Correa Freitas estimó que se generará una "larga batalla jurídica".

Correa Freitas sostuvo que, con la situación tal como está planteada, es de prever que los militares retirados que se sientan "afectados" presentarán una "andanada" de recursos ante el TCA contra la decisión del Poder Ejecutivo.

En tanto, un experto en derecho administrativo opinó que habrá un fuerte debate jurídico que "no será sencillo", debido a que hay dos posiciones doctrinarias: una sostiene que el Poder Ejecutivo debe revocar sus actos ilegítimos, y otra señala que esas resoluciones, a pesar de ser ilegales, no pueden reverse si generaron derechos para los involucrados.

Los centros sociales militares recibieron con rechazo aunque sin sorpresa el anuncio del Poder Ejecutivo en cuanto a la revocación de unos 80 actos administrativos mediante los cuales gobiernos anteriores ampararon denuncias en la ley de Caducidad.

El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, dijo -en base a la opinión de varios juristas, como el experto en derecho administrativo Augusto Durán Martínez- que la medida que anunció ayer el Poder Ejecutivo "no se puede hacer porque es cosa juzgada".

El militar dijo, en declaraciones a El País digital, que la iniciativa debe ser el producto de "algún compromiso" asumido por el gobierno que preside José Mujica.

Cedrez señaló que más allá del anuncio oficial, espera que la medida no se materialice. "No estoy de acuerdo con nada que retrotraiga las cosas que ya fueron juzgadas; no estoy de acuerdo con nada que mire al pasado", insistió.

Por su parte, el presidente del Círculo Militar, general (r) Ricardo Galarza, expresó que la medida planteada por el Poder Ejecutivo demuestra "un claro afán de revanchismo que lleva a reiterar una y otra vez por distintos caminos soluciones que violan la cosa juzgada".

Galarza compartió la visión de Cedrez en cuanto a la existencia de "presiones". "Hay que responder a la tribuna", dijo el militar retirado y acotó: "es más de lo mismo, no me sorprende".

En tanto, el coronel (r) José Araújo, vocero del Foro Concordia y Libertad (agrupación que reúne a varias promociones de oficiales de las tres armas), llamó a "incrementar el grado de respuesta y resistencia" frente a la decisión presidencial de anular los actos administrativos relacionados con la ley de Caducidad.

"El gobierno está sublevado, se convirtió en sedicioso. Esto amerita que se aumente el nivel de resistencia", dijo Araújo a El País. Mañana habrá un plenario de todos los clubes militares donde se analizará el tema.

PRESCRIPCIÓN. En tanto, la fiscal Mirtha Guianze dijo ayer en radio El Espectador que "sería deseable" que el Parlamento apruebe una ley que elimine la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que operará el 1° de noviembre.

Guianze entiende que se trata de ilícitos de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben, pero la jurisprudencia ha señalado que se trata de delitos comunes.

A su vez, el gobierno pidió al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia la apertura de los archivos que contienen las fichas clínicas y judiciales de detenidos durante la dictadura.

Los partidos de la oposición reaccionaron en su mayoría con rechazo, por motivos políticos y jurídicos, al anuncio del Poder Ejecutivo de revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores que invocaron la ley de Caducidad.

El Directorio del Partido Nacional analizó el tema ayer pero no fijó posición. A título personal, su presidente Luis Alberto Heber comentó a El País que "por la vía de los hechos se anula la ley" de Caducidad. "El tema va a traer enfrentamientos. No conviene que se disfrace la opinión del pueblo" con una decisión de este tipo, sostuvo Heber.

Más en un análisis jurídico que político, el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, calificó de "inconstitucional" la decisión del gobierno. "El Poder Ejecutivo no puede hacerlo. Está incurriendo en una grave equivocación jurídica porque no puede invocar la ilegitimidad por inconstitucionalidad, porque debe ejecutar la ley; y en este caso concreto, más allá de los pronunciamientos, no dedujo la acción de inconstitucionalidad y no puede invocar en un solo decreto la inconstitucionalidad al barrer", indicó el senador.

Recordó que en 1986, el catedrático Horacio Cassinelli Muñoz, "un notorio hombre de izquierda", le respondió así al constitucionalista José Korzeniak.

sin efecto. El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, mostró una visión distinta al considerar que la revocación "es algo posible" y por eso no le parece "mal". De todos modos, dijo que como la decisión sobre los casos será del juez de cada causa, "en los hechos es imposible saber qué efecto concreto tendrá".

"Lo más probable es que el expediente, en la mayor parte de los casos, ya sea cosa juzgada" y por eso la revocación no tendrá efecto, dijo a El País.

Desde el Partido Colorado, el senador Ope Pasquet se mostró contrario a la solución planteada. "Hubo dos pronunciamientos populares que ratificaron la ley de amnistía, porque así llama a la caducidad la comisión de la OEA. Si no se pudo desconocer esos pronunciamientos populares por una ley, menos admisible es que se pretenda desconocer por un decreto", analizó Pasquet.

"Esto no se puede resolver así porque si no lo hubieran hecho de entrada evitándose todo el problema con la ley de anulación", añadió.